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También sobre los temores manifestados por el camarada Manuel Marulanda Vélez  en la década de los 80 frente a la proliferación de los mismos y de lo “contrarrevolucionario” que era el  incentivar su cultivo. Sobre el qué hacer frente a la disyuntiva de, evitar su proliferación en las áreas de los frentes ante la necesidad manifiesta en los campesinos de sembrar coca por la inoperancia del Estado para solucionar, la otra necesidad ingente de los pobres del campo, la de la tenencia de la tierra productiva y el consecuente mercadeo de los productos derivados del agro.

Los cultivos de uso ilícito, como fenómeno “alternativo agrario” desarrollado en Colombia para un determinado ciclo de crisis del capitalismo, fue muy propicio de nuestra sociedad rural, donde la conflictividad por la propiedad de la tierra y el poder del latifundio, incitan a los desposeídos de la riqueza agropecuaria a aprovechar la demanda internacional de narcóticos, determinado por la necesidad de sobrevivencia y no como un hábito delincuencial.

En  los eventos políticos  de balance y planeación  de las FARC EP, los Plenos del Estado Mayor Central, ocurridos en la década de los años 80, así como en la 7ª Conferencia Nacional guerrillera en el año 1982, ya se vislumbraba la necesidad  de elaborar una política para las relaciones a desarrollar entre los campesinos productores de hoja de coca con los guerrilleros en las áreas compartidas, pero también, de relaciones económicas con el primer eslabón de la cadena comercial, con el engarce entre los campesinos productores y los traficantes: los comerciantes locales.  Esto sin salirnos de una conclusión de la Séptima Conferencia,  “…el trabajo financiero debe hacerse hacia el gran capital financiero, monopolista y latifundista enemigo del pueblo y la revolución”.

Por lo anterior, si alguien en Colombia deposita todo el fragor de su odio contra las FARC EP,  es el gran capital financiero narcotraficante, contra quienes cayó en su momento el peso de nuestro trabajo financiero. El primer impuesto de la industria del narcotráfico, allá en los campos colombianos, nos lo han pagado a nosotros, de ahí hacia arriba a las instancias de la seguridad del Estado, a los países de tránsito y a las autoridades del país de destino de la droga.

He aquí nuestro pecado, por lo cual nos señalan como narcotraficantes… ciertas formas de finanzas sumamente impopulares que es menester evitar en lo posible…, había señalado el Pleno del 89. O decir que “…bajo los criterios establecidos, unificaremos el cobro del impuesto a la maracachafa”, en el Pleno del 2000. Además de compartir la casa con los campesinos, víctimas de una situación social injusta,  que desbrozando la selva suplen de oferta la creciente demanda de narcóticos y alucinógenos en los países industrializados. 

De ahí que, el impuesto al comercio y al tránsito de la coca en las áreas de  influencia se dio en un momento determinado en la vida económica de nuestra organización guerrillera. Ahora, por lo impopular como método de consecución de finanzas, está llamado a desaparecer, además por anti revolucionario y anti político, así como desapareció definitivamente en nuestras filas, por consenso nacional guerrillero y decisión soberana,  la retención de personas con fines económicos.

No es, ni debe considerarse un mea culpa público decir haber cohonestado con el primer peldaño de la escalera delincuencial narcotraficante, ni haber convivido con campesinos, con los cuales  seguiremos compartiendo la vastedad de las selvas y veredas de Colombia hasta que el sol que dio origen al conflicto social se apague.

La solución al problema de las drogas ilícitas, al final deberá buscarse con la participación armónica de los campesinos que optan por los cultivos de uso ilícito. Ellos reclamarán lo que han reclamado siempre, desde las movilizaciones campesinas de los años 80 y 90 hasta las Cumbres y Paros agrarios que actualmente se adelantan: ¡tierra! tierra apta para cultivar lo alternativo a los cultivos de uso ilícito y para desplegar toda la vocación agrícola con la que fuimos premiados por la naturaleza; tierra acompañada de tecnificación para el campo,  de mercadeo y distribución de los productos. Así de sencillo.

Para entonces, la sombra nefasta de productor de narcóticos que ha cubierto al campo colombiano, y el estigma de delincuentes agrarios  cargado por los campesinos los últimos 30 o 40 años, y las consecuencias letales para las sociedades consumidoras “del otro lado del mundo”, ahí sí empezarán a desaparecer poco a poco, de la misma manera como fueron apareciendo, hasta cuando ya no quede sino sus vestigios en la historia. 

Por último, recordando la vida del Camarada Manuel,  toda al servicio de los hombres y mujeres del campo, de todos sus hermanos de clase, de la obra guerrillera con la que enfrentó a los dueños del poder económico y político en Colombia, podemos decir que las verdades sabidas sobre el movimiento guerrillero por medio de otras bocas no tienen el mismo valor que cuando salen de nuestra alma. Las primeras son dichas con una gran connotación de clase, de terciar a favor de “ellos” en el conflicto y como“herramienta” de guerra. Las segundas, desde nuestra militancia comunista y compromiso con las pobrerías,  sin ningún temor, de cara al pueblo  y con  ánimo de reconciliación, las palabras con que se dice la verdad tienen un sabor más apacible, creíble y  autocrítico.

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