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Para quienes siguen con detenimiento el proceso de Diálos de Paz de la Habana, presentamos a continuación, un breve resumen de lo realizado durante este año transcurrido a partir del 7 de junio de 2014 en lo que concierne, sobre todo, a nuestras exigencias de resarcir sin más demoras a las víctimas del conflicto.

Derechos integrales de las víctimas para la paz y la reconciliación nacional
 
1. El perdón colectivo político y social como condición ineludible de la memoria, la verdad y la emancipación de los pueblos. Nos identificamos con el perdón concebido como un proceso, una decisión y una acción con profundas dimensiones sociales, políticas y éticas, que deben ser construidos colectivamente. En las condiciones de nuestro país, un perdón privado resulta insuficiente por cuanto los hechos, las experiencias y las situaciones que exigen ser perdonadas tienen un profundo significado social, político y ético para la historia colectiva. Así mismo, porque los instrumentos habituales de hacer justicia como la simple aplicación de normas positivas, se ven desbordados por la magnitud de los impactos del conflicto y las limitaciones del derecho (…) No hay verdadero perdón sin la abolición real de las injusticias pasadas y presentes, cometidas. El perdón no es olvido, no es justificación, tampoco sanción; el perdón es una forma de rememoración y reconocimiento político y social.
 
2. Las dimensiones políticas y éticas del perdón como escenarios privilegiados de la justicia, la democracia y la paz. Las dimensiones políticas del perdón con las que nos sentimos comprometidos inciden en aspectos centrales de la vida social. El perdón político invoca una justicia más allá del derecho que tenga efectos profundos para la reconciliación y la paz; reconoce que la “impunidad” es mucho más que la ausencia de condena judicial, pues la mayor impunidad es la prolongación de dinámicas económicas, sociales, políticas y culturales que promueven la violencia, la discriminación y la injusticia; apunta a una democracia social no confinada a la mera representación y a los desequilibrios del poder; invita a una reflexión y debate públicos sobre las causas de los conflictos, de la violencia y de la barbarie. Deseamos contribuir a promover una dimensión ética del perdón para transformar de forma radical la vida moral de los seres humanos.
 
3. Solicitud de perdón político y social por los impactos no deseados de nuestro accionar político y militar en ejercicio del derecho a la rebelión. Los resultados producidos por los informes de la “Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas” respecto de la responsabilidad imputable al orden social vigente, de la responsabilidad suprema del Estado, de las responsabilidades múltiples, históricas y diferenciadas y de los impactos del conflicto sobre la población, muestran la complejidad de la situación, la necesidad de políticas de largo plazo y la importancia de las acciones del perdón colectivo. El punto de partida para la definición del perdón político en el contexto del conflicto social y armado de larga duración, se encuentra en el reconocimiento del carácter político de la insurgencia armada; en la valoración del accionar guerrillero en diferentes circunstancias y momentos en el marco del ejercicio del derecho a la rebelión; en la consideración de que los impactos de dicho accionar sobre la población, incluso cuando éste pudo haber afectado sus derechos, no fueron intencionales, ni deseados y mucho menos el producto de una política sistemática. Ello implica un respeto irrestricto del delito político y la convicción ética y política de que el perdón no es por la rebelión y la subversión armada.
 
4. Exhortación de solicitud de perdón político y social al Estado como supremo responsable, a los demás responsables colectivos y al gobierno de los Estados Unidos, por sus políticas y prácticas generadoras de violencia y de victimización sobre la población.Exhortamos al Estado como supremo responsable, a los poderes públicos, a las fuerzas militares y de policía y los servicios de inteligencia y a los demás responsables colectivos, tales como partidos políticos, gremios y grupos económicos, medios de comunicación, y al gobierno de los Estados Unidos, entre otros, a solicitar perdón político y social por sus políticas y prácticas generadoras de violencia, de victimización sobre la población y de vulneración de sus derechos a lo largo del conflicto.
 
5. Acuerdo político nacional para diseñar e implementar políticas locales, territoriales y nacionales para el perdón político y social. Planteamos la necesidad de diseñar e implementar políticas a nivel local, territorial y nacional, de carácter permanente, para el perdón político y social, la verdad y la memoria. Tales políticas deben contribuir a permitir vivir juntos en democracia con justicia social y a generar condiciones para la reconciliación nacional. El Estado y el derecho podrán sancionar o encarcelar, pero nunca podrán perdonar. El perdón se ubica en una situación de radical exterioridad con respecto al derecho. La última palabra y acción del perdón está exclusivamente en las víctimas del conflicto y la sociedad en su conjunto.
 
6. Implementar iniciativas para la creación de espacios públicos y colectivos para el perdón político y social, a nivel local, territorial y nacional. Entre ellas: instaurar un día conmemorativo para las acciones y ceremonias del Perdón y la Reconciliación; organizar espacios y exposiciones permanentes, muestras itinerantes, museos y centros de la memoria del conflicto social y armado; configurar una Comisión Especial, acordada por las partes, para investigar, analizar y dar recomendaciones sobre la excarcelación de los presos políticos y de conciencia de las cárceles, para garantizar su dignidad humana y acompañar a sus familiares en todos sus procesos, etc.
 
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
 
En la definición general de esta octava propuesta indicamos como principio básico de sustentación, que “los criterios, instancias, mecanismos e instrumentos de justicia a aplicar a fin de garantizar los derechos de las víctimas del conflicto serán definidos de manera concertada por las partes”, agregando que “sin perjuicio de la responsabilidad principal imputable al Estado, así como de la responsabilidad de otros actores políticos, económicos y sociales, para los efectos de la construcción de un eventual Acuerdo final para la terminación del conflicto, la definición de los criterios, mecanismos e instrumentos de justicia deberá sustentarse en la compleja formulación del balance entre la búsqueda de la paz estable y duradera a la que aspira la sociedad colombiana en su conjunto...”. Y como idea  fundamental, expresamos que en el marco de “nuestra condición de organización político-militar”, debe abrirse paso al presupuesto principal del “reconocimiento amplio del delito político y del derecho a la rebelión, incluidas las conexidades, con todo lo que ello implica”.
Primera propuesta sobre Esclarecimiento de la verdad histórica y de los hechos ocurridos durante
el conflicto y sus impactos sobre la población.
En desarrollo de las propuestas mínimas sobre Derechos integrales de las víctimas para la paz y la reconciliación nacional, las FARC-EP presentamos las 9 derivaciones correspondientes al desarrollo de la propuesta número 1 de “Esclarecimiento de la verdad histórica y de los hechos ocurridos durante el conflicto y de sus impactos sobre la población”. Recordando que hasta el momento hemos presentado los desarrollos de las propuestas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de las 10 mínimas referidas a los derechos integrales de las víctimas, aparte de la iniciativa ya materializada en Conclusiones, sobre la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas.
9.1. Acciones inmediatas y preventivas de no repetición:
a) Concretar un cese bilateral de fuegos y de hostilidades;
b) Suspender proyectos de inversión minero-energética y de infraestructura (en curso o previstos) que estén generando en forma comprobada o puedan generar desplazamiento, despojo u otras vulneraciones graves sobre los derechos humanos; y
c) Detener el trámite y archivar iniciativas legislativas que por sus contenidos vayan en contraposición a los acuerdos parciales alcanzados en la Mesa de diálogos o comprometan posibles vulneraciones de los derechos humanos, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de la población.
 
9.2. Reformas estructurales para la no repetición y la reconciliación nacional, que indican la superación de las condiciones estructurales de la violencia del sistema y de los procesos de victimización que de ella se derivan. Se precisa poner en marcha un proceso constituyente abierto, con la más amplia participación política y social, que deberá conducir a la convocatoria y realización de una Asamblea Nacional Constituyente.
 
9.3. Proscripción del anticomunismo y de la doctrina de la “seguridad nacional”, lo cual implica la proscripción de medidas contrainsurgentes y de la “seguridad nacional”, promoviendo una  nueva cultura política que garantice el reconocimiento y la regulación democrática del conflicto social y la garantía y protección de los derechos humanos poniendo freno a la intervención foránea.
 
9.4. Desmilitarización de la sociedad y reforma de las Fuerzas Militares y de Policía, incluyendo los servicios de inteligencia del Estado. Esto implica:
a) Reconversión de las Fuerzas Militares de fuerzas contrainsurgentes hacia fuerzas de protección de la soberanía nacional y de las fronteras patrias;
b) Reducción del tamaño de las Fuerzas Militares;
c) Disminución del gasto y defensa hasta un dos por ciento (2%) del PIB y reasignación del ahorro a gasto social y para la materialización de los derechos de las víctimas del conflicto;
d) Rediseño de instituciones educativas militares del nivel básico, medio y superior hacia instituciones enteramente civiles;
e) Reconversión de medios de comunicación de carácter militar hacia entidades civiles;
f) Redefinición de las actividades cívico-militares, hacia actividades netamente civiles;
g) Realización de programas de readaptación laboral y de empleo para funcionarios del sector “Seguridad y Defensa”,
h) Subordinación de la Policía al poder civil:
i) Rediseño de los servicios de inteligencia hacia la protección de la soberanía nacional y
j)  Apertura pública de los archivos de las Fuerzas Militares y de Policía y de los servicios de inteligencia.
 
9.5. Depuración del Estado y de las Fuerzas Militares y de  Policía, incluyendo los organismos de inteligencia que hayan estado comprometidos con procesos de victimización, atendiendo las conclusiones y recomendaciones de la “Comisión de esclarecimiento y no repetición”, concebida como una contribución al establecimiento de la verdad histórica y al reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto.
 
9.6. Desmonte y erradicación del paramilitarismo, para lo cual se conformará una “Comisión de esclarecimiento del paramilitarismo”, atendiendo los establecido en el punto 3 del Acuerdo General. Con base en ello, el Gobierno y las FARC-EP - en la “Comisión de erradicación del paramilitarismo”- creada para tal efecto, diseñarán de manera conjunta una agenda y cronograma de seguimiento que permita implementar las medidas y acciones a las que hubiere lugar.9.7. Garantías para el ejercicio de la política y del derecho a la movilización y la protesta social. Se deberán proveer garantías para su plena expresión, no estigmatización, no persecución y su tratamiento no represivo. Asimismo, implica el reconocimiento y las plenas garantías para la oposición política y social y el derecho a ser gobierno. Se restablecerá en forma plena y amplia el delito político y el reconocimiento del derecho a la rebelión, lo cual gozará de la correspondiente protección constitucional.
 
9.8. Conformación de la “Comisión constitucional permanente de garantía, protección y  promoción de los derechos humanos y de prevención de sus graves violaciones”. Esta Comisión se integrará con representantes de las organizaciones de mujeres, campesinos, indígenas y afrodescendientes, de los trabajadores, de derechos humanos y de las víctimas del conflicto, así como de los movimientos políticos y sociales, como instancia de participación, control y veeduría social.
 
9.9. Compromisos de las FARC-EP.
Las FARC-EP se comprometerán en lo que les corresponda a contribuir a la no repetición. Dentro de sus principales aportes se encuentran:
a) Su contribución a la finalización de la confrontación armada;
b) Su decisión de transformarse en un movimiento político que impulse las transformaciones estructurales.
c) La activa participación en la construcción de la memoria y de la verdad histórica, y de acciones reparadoras
d) Sus experiencias de democracia directa y comunitaria, de economías y valores solidarios y de cooperación social.
 
9.10. Provisión de seguridad individual y colectiva.
Se proveerán las condiciones necesarias de seguridad personal y colectiva a dirigentes políticos y sociales, obreros, campesinos, indígenas y afrodescendientes, a defensores de derechos humanos, a sus múltiples instituciones y procesos organizativos, sean éstos partidos, movimientos, sindicatos, colectivos, asociaciones u expresen otras formas de organización social. Se creará una Comisión Permanente para tal efecto, que contará con representantes de los afectados e interesados.
 
9.11. Reconstrucción y protección de la memoria y de la verdad histórica.
Los informes de la “Comisión histórica del conflicto y sus víctimas” y de la “Comisión de esclarecimiento y no repetición” representan aportes de mayor significado en desarrollo de ese propósito. Por tal razón gozarán de la más amplia difusión tanto en sus formatos originales impresos y digitales como en versiones pedagógicas y didácticas.
 
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
 

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