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 {jkefel kefelui=[sliders] title=[1. Política anti-drogas integral, soberana, democrática y participativa, orientada a los pobres del campo y a los consumidores.

En atención al fracaso de la llamada guerra contra las drogas impuesta por el imperialismo de los Estados Unidos, se diseñará e implementará una política anti-drogas de carácter integral, que considere todas las fases del proceso de producción (producción, circulación, distribución y consumo) de drogas ilícitas. Dicha política deberá atender los principios de soberanía y autodeterminación y de rechazo a toda forma de intervención imperialista extranjera; pondrá encima la defensa de los intereses nacionales; deberá ser construida en forma democrática y participativa, es decir, se fundamentará en la más amplia participación del conjunto de fuerzas políticas y sociales de la Nación y se acompañará de los aportes brindados por la comunidad académica y científica. De manera especial, se enfocará en la defensa de los eslabones más débiles de la cadena, los pobres del campo y los consumidores de drogas ilícitas, hasta ahora perseguidos, estigmatizados y criminalizados.]}

1.1. Política antidrogas de carácter integral y diferenciado
l diseño y la implementación de la política antidrogas será de carácter integral y diferenciado. Ello implica la superación de enfoques reduccionistas que tienden a privilegiar políticas centradas en la interdicción y la criminalización de los eslabones más débiles del proceso de producción, es decir, los campesinos productores de hoja de coca, amapola y marihuana, y los consumidores de drogas ilícitas. La situación de los campesinos productores será tratada como problemática social; la de los consumidores como problema de salud pública. Considerando que los análisis de impacto económico demuestran que las rentabilidades extraordinarias se encuentran en las fases de la circulación, la distribución y en la incorporación de las ganancias generadas en los circuitos legales de la economía a través del lavado de activos, la política antidrogas privilegiará acciones y medidas orientadas a su persecución y desarticulación. La política criminal del Estado se encauzará en esa exclusiva dirección.

1.2. Política antidrogas soberana
En atención al fracaso de la política antidrogas impuesta por el imperialismo de los Estados Unidos, a sus negativos efectos sociales y ambientales, a su incidencia sobre la prolongación del conflicto social y armado, entre otros, se diseñará e implementará una políticas antidrogas que contemple los principios de soberanía y autodeterminación. Ello compromete diseños en consonancia con la especificidad y la naturaleza socioeconómica del problema tal y como se presenta en el territorio nacional, incluido el reconocimiento de la capacidad de administración de justicia en la jurisdicción nacional.

1.3. Política antidrogas democrática y participativa
En la medida en que la política antidrogas impacta sobre el conjunto de la sociedad, su diseño e implementación debe ser democrático y participativo, e involucrar a representantes del conjunto de fuerzas políticas y sociales de la Nación que se ocupen de la problemática. De manera especial, debe incluir a representantes de productores de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, a los consumidores organizados, así como a instituciones y organizaciones no gubernamentales especializadas. Se conformará un “Comisión para el diseño y el seguimiento de una política nacional antidrogas democrática y participativa”.

1.4. Aportes de la comunidad académica, científica e internacional
El diseño de una política nacional antidrogas democrática y participativa deberá apoyarse en los aportes de las comunidad académica y científica nacional e internacional. Para tal efecto, se conformará una “Misión de expertos” encargada de producir lineamientos, propuestas y recomendaciones, a ser tenidos en cuenta por la “Comisión para el diseño y el seguimiento de una política nacional antidrogas democrática y participativa”. De manera especial, se invitará a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)para que presente sus aportes y experiencias y asesore en el diseño de políticas contra el tráfico de drogas ilícitas y, en particular, contra el lavado de activos.

1.5. Protecciones especiales a los productores de hoja de coca y consumidores de drogas ilícitas
Teniendo en cuenta que los productores de hoja de coca y los consumidores de drogas ilícitas, antes que beneficiarios, son víctimas de la empresa capitalista transnacional del narcotráfico, la política antidrogas contemplará un capítulo de protecciones especiales. Las protecciones especiales se refieren al conjunto de condiciones políticas, económicas, sociales, y jurídicas,así como a los diseños institucionales, que deben ser provistos por el Estado a fin de garantizar que productores y consumidores no sean estigmatizados, perseguidos y criminalizados, sino más bien se constituyan en sujetos de política pública para la superación de su situación de pobreza y miseria, o de tratamiento terapéutico de la adicción, según el caso.


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{jkefel title=[2. Condiciones estructurales para la superación de los usos ilícitos de los cultivos de coca, marihuana y amapola

En consideración a que las causas fundamentales de la aparición y la expansión de los usos ilícitos de los cultivos de coca, amapola y marihuana son de carácter socioeconómico y se encuentran en la pobreza y miseria de los desposeídos, expropiados y desplazados del campo, de las comunidades campesinas, indígenas y afro-descendientes, la condición estructural necesaria para su superación radica en la realización de una reforma rural y agraria integral, socio-ambiental, democrática y participativa, que supere el latifundio improductivo y los usos extractivos minero-energéticos que favorecen la gran minería transnacional y la producción de agro-combustibles, y redistribuya y posibilite el acceso a la propiedad sobre la tierra de los campesinos, en condiciones de sostenibilidad económica y socio-ambiental para su buen vivir, y para contribuir a garantizar la soberanía alimentaria.  De manera especial, se requiere el respeto y el reconocimiento de los territorios de las comunidades campesinas, indígenas y afro-descendientes y de su derecho al pleno disfrute de éstos. Las Zonas de Reserva Campesina constituyen un pilar de la sustitución de los usos ilícitos de los cultivos, razón por la cual deben tener una protección constitucional y legal. Los derechos humanos prevalecerán sobre la política anti-drogas. En todo caso, ésta tendrá una perspectiva de género y enfoques diferenciales.]}

2.1. Diseño e implementación del “Programa Nacional de sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de coca, amapola y marihuana”
En consideración a que las causas fundamentales de la aparición y la expansión de los usos ilícitos de los cultivos de coca, amapola y marihuana son de carácter socioeconómico y se encuentran en la pobreza y miseria de los desposeídos, expropiados y desplazados del campo, de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, la política de superación de los usos ilícitos de estos cultivos se comprenderá como un capítulo especial del proceso de reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y participativa.

2.2. Reconocimiento y respeto de los territorios de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes
Teniendo en cuenta que parte importante de los cultivos de coca, amapola y marihuana se encuentran en territorios campesinos, indígenas y afrodescendientes, las políticas tendientes a la sustitución de los usos ilícitos de dichos cultivos, se fundamentarán en la protección constitucional y legal de esos territorios, incluidos el reconocimiento y el respeto por la autonomía de las comunidades en su gobierno y gestión, así como el derecho a la consulta previa. La protección constitucional y legal de los territorios conlleva su sustracción de proyectos de exploración y extracción minero-energética transnacional y a gran escala, la implementación de planes de desarrollo alternativo, el cuidado y la recuperación socioambiental, la protección de bienes comunes como el agua, la biodiversidad y las semillas nativas, y la generación de condiciones para la soberanía y la seguridad alimentarias. Especial atención merecerán los territorios campesinos, en la forma de Zonas de Reserva Campesina.

2.3. Prevalencia de los derechos humanos en las políticas de sustitución de los usos ilícitos de los cultivos
En la política de sustitución de los usos ilícitos de los cultivos, prevalecerá un enfoque de derechos humanos integrales, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales sobre políticas de interdicción o prohibición, de persecución, estigmatización y criminalización. El enfoque de derechos humanos será diferenciado y con perspectiva de género. Especial atención tendrán las mujeres y los jóvenes cultivadores de coca, amapola y marihuana.

2.4. Buen vivir para las comunidades campesinas y los núcleos familiares que las conforman
El propósito principal de las políticas sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de coca, amapola y marihuana consiste en contribuir a garantizar el buen vivir de las comunidades campesinas y de los núcleos familiares que las conforman, que por razones socioeconómicas se han visto obligados a convertirse en eslabones, los más débiles, de una empresa capitalista transnacional de carácter criminal. Asimismo, se trata de proveer las condiciones estructurales para trabajo e ingreso dignos, acompañadas de las dotaciones de infraestructura física, en vías y comunicaciones, sociales, culturales, ambientales, políticas e institucionales, requeridas para el disfrute pleno de los derechos humanos integrales.

2.5. Mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores de los cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana
Los trabajadores y asalariados del campo, incorporados en la producción de cultivos de coca, amapola y marihuana, tales como recolectores, amedieros y demás obreros, que conforman una masa laboral móvil e inestable  merecerán especial atención a fin de superar sus condiciones precarias de existencia, trabajo e ingreso. Para tal efecto, se considerarán medidas especiales tendientes a garantizar el acceso a la tierra, su incorporación estable en las comunidades campesinas, trabajo e ingresos dignos y, en general, garantías para el pleno disfrute de los derechos humanos integrales.


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jkefel title=[3. Reconocimiento y estímulo a los usos nutricionales, medicinales, terapéuticos, artesanales, industriales y culturales de los cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola

Teniendo en cuenta que la hoja de coca posee usos alimenticios, medicinales, terapéuticos, artesanales industriales y culturales, y que la marihuana y la amapola poseen algunos de ellos, todos demostrados científicamente, se adoptará una política de reconocimiento y estímulo a esos cultivos por parte del Estado cuando sean destinados para dichos fines. Ello implica estrictas regulaciones y controles estatales sobre la producción y el mercado, incluida la definición de zonas de producción, la fijación de precios de sustentación y condiciones socio-ambientales. De manera especial, se protegerán y aprehenderán las prácticas ancestrales de las comunidades y pueblos indígenas. Los recursos necesarios serán dispuestos por el Estado.]}

3.1. Reconocimiento y difusión de las cualidades alimenticias, nutricionales, medicinales y terapéuticas de la hoja de coca, la amapola y la marihuana
Teniendo en cuenta estudios académicos e investigaciones científicas, así como conocimientos y prácticas ancestrales de los pueblos originarios, que han demostrado cualidades alimenticias, nutricionales, medicinales y terapéuticas de la hoja de coca se reconocerán tales cualidades. En el caso de la amapola y la marihuana se procederá de manera similar. Las mencionadas cualidades de las plantas serán difundidas ampliamente para conocimiento del conjunto de la población, considerando las posibilidades de inclusión dentro de la dieta alimentaria básica de la población y los usos terapéuticos y medicinales, en cada caso.   

3.2. Reconocimiento y estímulo a los usos lícitos de la coca, la amapola y la marihuana
En atención a las mencionadas cualidades de las plantas de coca, amapola y marihuana se reconocerán y estimularán sus usos lícitos, a través de una política dirigida y regulada por el Estado y con participación directa de las comunidades productoras, campesinas, indígenas y afrodescendientes.

3.3. Identificación y estímulo a la producción y el procesamiento artesanal e industrial  de la coca, la amapola y la marihuana
Con fundamento en estudios previos y a partir de experiencias nacionales e internacionales ya existentes, se identificarán las posibilidades de procesamientos artesanales e industriales de la coca, la amapola y la marihuana, a fin de estimular la producción y procesamientos artesanales e industriales orientados a cubrir el mercado interno y la demanda internacional. Los cultivos de coca, amapola y marihuana para usos lícitos pueden convertirse en un renglón de la actividad agrícola del país, generador de empleo e ingresos. En igual sentido, su procesamiento artesanal e industrial. La producción y el procesamiento harán parte de “Planes de desarrollo alternativo”, a ser diseñados por las propias comunidades productoras, con el apoyo de técnicos y expertos, los cuales se conciben como un componente esencial del “Programa Nacional de sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de los cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana”.

3.4. Regulación estatal de la producción y el mercado de coca, amapola y marihuana
La producción artesanal e industrial y el mercado de hoja de coca, amapola y marihuana y de sus procesados serán dirigidos y regulados por el Estado. Los territorios y zonas de producción serán definidos previos estudios y estimaciones de la demanda interna e internacional y en concertación con las comunidades productoras, campesinas, indígenas y afrodescendientes, según el caso, siempre considerando la requerida sostenibilidad socioambiental. Se conformará un sistema de compras estales, basado en precios de sustentación, con independencia de las fluctuaciones del mercado, a fin de garantizar la sostenibilidad de la producción. El procesamiento artesanal e industrial será dirigido y regulado por el Estado, incluida la intervención de las autoridades correspondientes. De igual forma se procederá con el mercado tanto de la materia prima, como de los procesados. Para tal efecto, se creará la institución reguladora a que hubiere lugar.

3.5. Protección y aprehensión especial de prácticas ancestrales de pueblos y comunidades indígenas
De manera especial, se protegerán y aprehenderán las prácticas ancestrales de las comunidades y pueblos indígenas. Ello implica el reconocimiento del valor cultural dela coca. Para tal efecto, se dispondrán los recursos necesarios por parte del Estado, incluida la creación de un Centro de investigaciones de la coca. Los procesamientos artesanales que actualmente realizan comunidades indígenas gozarán del apoyo y estímulo estatal.


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{jkefel title=[4. Sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de coca, marihuana y amapola y programas de desarrollo alternativo

En casos a definir y concertar con las respectivas comunidades campesinas, indígenas y afro-descendientes, se emprenderá la sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de coca, marihuana y amapola a través del diseño e implementación de programas de desarrollo alternativo. Dichos programas deberán contar con el apoyo y la financiación estatal, para lo cual se conformará un fondo especial; atenderán la requerida sostenibilidad socio-ambiental; y garantizarán la correspondiente rentabilidad económica y financiera. Asimismo, estarán sometidos a una permanente revisión y evaluación de los compromisos contraídos por el Estado a través de una Comisión de seguimiento y monitoreo, que contará con la participación activa y decisoria de las comunidades involucradas. Las FARC-EP reafirman el compromiso de apoyo a dichos programas, expresado en su momento en San Vicente del Caguán, por nuestro Comandante Manuel Marulanda Vélez. ]}

4.1. Programa Nacional de sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana
El “Programa Nacional de sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana” presentado por las FARC-EP en la Mesa de diálogos define los propósitos y objetivos, las condiciones requeridas, los contenidos básicos, la financiación, el seguimiento y el control de la política con la que se debe comprometer el Estado colombiano para enfrentar la problemática socioeconómica y ambiental propia de los usos ilícitos de los cultivos, desde una perspectiva soberana, con miras a superar la pobreza y miseria y a generar condiciones materiales e inmateriales para el buen vivir de las comunidades campesinas y de los núcleos familiares que las conforman, y que en la actualidad derivan su subsistencia precaria de cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana. El eje del Programa lo constituyen los Planes de desarrollo alternativo.

4.2. Gradualidad, voluntariedad, concertación y participación directa de las comunidades productoras
El Programa Nacional de sustitución de los usos ilícitos de los cultivos se fundamentará en los principios de la gradualidad, la voluntariedad, la concertación y la participación directa de las comunidades productoras y de los núcleos familiares que las conforman. Ello supone el emprendimiento de procesos de negociación con las respectivas comunidades, con el fin de definir las modalidades y los tiempos de la sustitución, así como alternativas sostenibles desde el punto de vista económico y socioambiental. Las instancias de participación directa serán las Asambleas y los Consejos Comunitarios, a los que se les respetará su autonomía; se conformarán Consejos locales, municipales y territoriales, así como un Consejo Nacional del Programa. Sus funciones principales consisten en diseñar, ejecutar, asignar los recursos, así como hacer seguimiento y evaluar el Programa en la respectiva jurisdicción. Dada la naturaleza del Programa, se proscribirá toda forma de erradicación forzada.

4.3. Compensaciones e incentivos para las comunidades productoras y los trabajadores de los cultivos
Con miras a contribuir a generar condiciones para la superación de las causas socioeconómicas de los usos ilícitos de los cultivos, se pondrán en marcha una política de compensaciones e incentivos para las comunidades productoras y los trabajadores de los cultivos. Dicha política será concebida en consonancia con el carácter gradual del Programa y con los apoyos requeridos una vez éste se encuentre en plena ejecución. Su propósito principal consiste en proveer una renta básica mensual para los núcleos familiares de productores y los trabajadores de los cultivos, recolectores, amedieros y demás obreros agrícolas, que garantice una existencia digna y el disfrute de derechos fundamentales, mientras se adelantan los procesos de sustitución gradual y hasta que se garantice la sostenibilidad económica y socioambiental de los Planes de desarrollo alternativo. Las comunidades campesinas recibirán compensaciones económicas periódicas para sostenimiento y el fortalecimiento de la organización y las actividades comunitarias. Se conformará un Fondo especial de compensaciones e incentivos. Lo anterior, sin perjuicio de los compromisos del Estado en lo relacionado con dotaciones de infraestructura física, social, cultural y ambiental. 

4.4. Planes de desarrollo alternativo
Previa la elaboración de diagnósticos socioeconómicos y ambientales, por las propias comunidades de productores y con el correspondiente acompañamiento técnico y de expertos, se formularán Planes de desarrollo alternativo. Los Planes constituyen la base del Programa Nacional de sustitución de usos ilícitos de los cultivos; tendrán un horizonte de cinco años; serán desagregados en presupuestos plurianuales de inversión, que permitirán hacer seguimiento a las metas y compromisos pactados con el Estado. Los “Planes de desarrollo alternativo” deberán contribuir a garantizar las condiciones de sostenibilidad económica, social y ambiental de los respectivos territorios y zonas; definir las actividades productivas y de generación de servicios que sustituirán los usos ilícitos de los cultivos; promover la producción de alimentos, incluidos procesamientos artesanales o industriales, según el caso, para cubrir en primera instancia la demanda de las propias comunidades, pero también nichos del mercado interno, o incluso para abastecimientos del mercado internacional, especialmente de los países vecinos; deben contemplar formas de articulación o encadenamientos hacia redes interterritoriales de economía popular. Las diferentes actividades económicas de los “Planes de desarrollo alternativo” deberán garantizar ingreso y trabajo digno para las comunidades campesinas y los núcleos familiares que las conforman. Los “Planes de desarrollo alternativo” contendrán además programas y proyectos para la dotación de infraestructura física, especialmente de comunicación y transporte; de infraestructura social, especialmente de vivienda, salud, educación, cultura y recreación. De igual manera, programas y proyectos para garantizar las sostenibilidad socioambiental, incluyendo lo necesario para la recuperación ambiental de los territorios y zonas cuando ello fuere necesario. Especial atención merecerá la protección de bienes comunes como el agua, la biodiversidad y las semillas nativas. 

4.5. Financiación estatal de los planes de desarrollo alternativo
La financiación del Programa y de los Planes de desarrollo alternativo que lo conforman correrá en su totalidad por cuenta del Estado. Para tal efecto se conformará un Fondo Nacional. Las fuentes de financiación del Fondo serán las siguientes:
       a) Asignaciones establecidas en el Plan de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo
       b) Asignaciones específicas del presupuesto general de la Nación
       c) Recursos provenientes del Sistema General de Regalías.
       d) Recursos provenientes de la reducción del gasto en seguridad y defensa, en proporción igual a los ahorros fiscales generados por la desmilitarización de los territorios y zonas objeto del programa.
     e) Recursos provenientes de la suspensión inmediata de los programas de aspersión aérea con agentes químicos, especialmente con glifosato, y de la erradicación forzada.
     f) Aportes de la comunidad internacional, especialmente de los países consumidores del capitalismo central y de sus Estados; igualmente de empresas transnacionales y de organismos no gubernamentales.
     g) Sin perjuicio de los aportes del presupuesto general de la Nación, en el nivel territorial y local, el Programa contará con fondos provenientes de los presupuestos departamentales y municipales, de los departamentos y municipios comprometidos en su implementación. Los aportes de las comunidades campesinas y los núcleos familiares que las conforman serán con trabajo, a ser remunerado por el Estado.
El Fondo Nacional se desagregará en Fondos territoriales y locales, que asignarán los recursos para la respectiva jurisdicción. Los recursos asignados serán administrados en forma directa y autónoma por las Asambleas y los Consejos comunitarios.

4.6. Veeduría y seguimiento internacional
Sin perjuicio de las funciones de seguimiento y control del Programa, así como de los Planes de desarrollo alternativo, que le corresponden a las Asambleas y Consejos comunitarios, a los Consejos Locales, a los Consejos Territoriales y al Consejo Nacional del Programa, se conformará de manera concertada una “Veeduría internacional de seguimiento y control del Programa” en todos sus niveles. La veeduría estará conformada por representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), de la Unasur, y de la comunidad académica. La Veeduría presentará informes semestrales de cumplimiento de metas y compromisos del Programa y podrá hacer recomendaciones para su mejor cumplimiento.


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{jkefel title=[5. Suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y reparación integral de sus víctimas

Como un gesto para la construcción de una paz estable y duradera, y en atención a los daños que se generan sobre la vida, la salud, el medio ambiente, la economía, el trabajo y la soberanía alimentaria, incluidos los niños y las mujeres embarazadas, al desplazamiento forzado y la destrucción de comunidades que provocan, se procederá a la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato. De igual forma se iniciará un programa de reparación integral (individual y colectiva) de las víctimas de dichas fumigaciones a lo largo de las últimas décadas, las cuales deberán ser identificadas mediante censo especial. Para tal efecto, se tomarán como referente inicial las condiciones de reparación pactadas por el Estado colombiano con la hermana República de Ecuador por las aspersiones realizadas que afectaron parte del territorio y de los habitantes de ese país. La reparación integral compromete a los agentes causantes de los daños: el Estado colombiano, el Estado de los Estados Unidos que ha cofinanciado dicha política, y las empresas transnacionales productoras del agente químico glifosato.]}

5.1. Suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con agentes químicos y de los programas de erradicación forzada
Se procederá a la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con agentes químicos como el glifosato sobre los cultivos de coca, marihuana y amapola, teniendo en cuenta el fracaso de esa política auspiciada por el imperialismo estadounidense en su mal llamada guerra contra las drogas, y considerando los demostrados efectos nocivos y daños que producen tales aspersiones sobre la vida, la salud, el medio ambiente, el trabajo y la soberanía alimentaria, incluidos los niños y las mujeres embarazadas, así como sus impactos destructivos sobre comunidades y economías campesinas, propiciando además el desplazamiento forzado. De igual forma, se suspenderán de inmediato los programas de erradicación forzada de cultivos de coca, marihuana y amapola.

5.2. Censo de víctimas de las aspersiones aéreas con agentes químicos
Se elaborará un censo de las víctimas individuales y colectivas de las aspersiones aéreas con agentes químicos. Dicho censo se realizará con la participación de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que se han visto afectadas durante las últimas dos décadas, y apoyándose en los recursos provistos por las técnicas de referenciación geográfica. 

5.3. Reparación integral de las víctimas de las aspersiones aéreas con agentes químicos
El censo de víctimas de las aspersiones aéreas con agentes químicos constituirá la base para el inicio de un Programa de reparación integral de los individuos y las comunidades afectadas. Las víctimas de las aspersiones aéreas se comprenderán como parte de las víctimas del conflicto. El referente inicial de reparación integral se formulará a partir de las condiciones de reparación pactadas por el Estado colombiano con la hermana República del Ecuador en reconocimiento de los daños causados por las aspersiones realizadas sobre parte del territorio y de los habitantes de ese país.    

5.4. Fondo para la reparación de las víctimas de las aspersiones aéreas con agentes químicos
Se creará un Fondo para la reparación de las víctimas de las aspersiones aéreas con agentes químicos. Además de los recursos a proveer por el Estado colombiano, resultantes del ahorro fiscal que produce la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas, el Fondo se constituirá con los recursos provenientes de la financiación que ha venido realizando Estados Unidos a su fracasada guerra contra las drogas en nuestro país. De igual manera, se comprometerán las transnacionales productoras de los agentes químicos, y las empresas contratistas mercenarias que han realizado las labores de aspersión aérea.


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{jkefel title=[6. Desmilitarización de la política anti-drogas, no intervencionismo imperialista y descriminalización de los pobres del campo.

Se procederá a la desmilitarización de la política antidrogas y al rechazo del intervencionismo imperialista estadounidense en ella, lo cual supone sustraerla de la política contrainsurgente basada en la doctrina de la “seguridad nacional”. Ello implica desligarla de los intereses geopolíticos de Estados Unidos en Nuestra América, así como la sustitución de los llamados Planes de Consolidación, que someten a la ocupación militar a los territorios campesinos, indígenas y afro-descendientes, por Planes Territoriales de construcción de paz. De igual manera, conlleva la no persecución, la no estigmatización y la descriminalización de los pobres del campo, de sus organizaciones y de sus líderes; es decir, una revisión y redefinición a fondo de la actual política criminal del Estado. ]} 

6.1. Desmilitarización de los territorios y de la política antidrogas
La desmilitarización constituye uno de los pilares de una nueva política antidrogas. Ello implica desligarla de las políticas y estrategias contrainsurgentes; el cese inmediato de las pretensiones de dominio y control sobre territorios campesinos, indígenas y afrodescendientes, y de disciplinamiento social basadas en la ocupación militar y la represión sobre la población. Conlleva por tanto poner fin a la “Política nacional de consolidación territorial” y a los “Planes de consolidación territorial”, así como el cierre definitivo de la Unidad Administrativa Especial de la Consolidación Territorial. Y en lugar de ello, formular y ejecutar “Planes Territoriales de construcción de paz”, cuyo eje serán los “Planes de desarrollo alternativo” formulados por las comunidades campesinas y afrodescendientes, o los “Planes de vida” concebidos por las comunidades y pueblos indígenas. La desmilitarización debe extenderse igualmente a los centros urbanos y conlleva por tanto el cese de estrategias de control y represión sobre zonas pobres y deprimidas de las ciudades con el argumento de la “guerra contra las drogas”

6.2. No intervencionismo, autonomía y autodeterminación de la política antidrogas
Debe cesar de inmediato la injerencia y participación directa de los Estados Unidos, así como de sus empresas y agencias mercenarias en la política antidrogas. Se debe poner fin al negocio transnacional de la llamada guerra contra las drogas. La nueva política antidrogas que demanda el país ha de fundamentarse en los principios de la soberanía, la autonomía y la autodeterminación de la Nación, desligarse por tanto de los dictámenes de los Departamentos de Estado y de Defensa, del Comando Sur, de la CIA y de otras centrales de inteligencia británica e israelí, sustraerse de los enfoques geopolíticos imperialistas de la “dominación de espectro completo” sobre Nuestra América y, de manera específica, de la doctrina de la seguridad nacional y de la guerra contrainsurgente.

6.3. Política antidrogas participativa y con enfoque de derechos humanos integrales
La “Comisión para el diseño y el seguimiento de una política nacional antidrogas democrática y participativa”, instancia de la formulación de la política antidrogas, enmarcará y adelantará sus labores atendiendo de manera estricta el enfoque de derechos humanos. Tal enfoque conlleva el reconocimiento de la naturaleza socioeconómica y cultural de la problemática de las drogas, y constituirá el referente de toda acción para enfrentarla. Se proscribirán, por tanto, los enfoques prohibicionistas y de interdicción y toda acción o práctica que vulnere derechos civiles, políticos, económicos, sociales y ambientales de la población en nombre de la “guerra contra de las drogas”, lo cual implica además una redefinición de la actual política criminal. Campesinos productores y trabajadores de cultivos, así como consumidores de drogas sicoactivas, sometidos hasta ahora a la violación permanente de sus derechos, merecerán tratamiento especial en atención al carácter socioeconómico y de salud pública del problema.

6.4. Descriminalización de los productores y los trabajadores de los cultivos y de los consumidores de drogas sicoactivas
La redefinición de la política antidrogas exige una nueva política criminal del Estado que concentre sus esfuerzos en la persecución y el encarcelamiento de los principales beneficiarios del mercado de drogas ilícitas, así como en el desmantelamiento de las redes transnacionales de tráfico y de lavado de activos. La persecución, la estigmatización y la criminalización de los pobres del campo, de las comunidades campesinas, de las familias que las conforman y de los trabajadores de los cultivos, incluidos sus organizaciones y líderes, debe cesar de inmediato. En igual sentido, se procederá con los consumidores de drogas sicoactivas. Como parte de las labores de la “Comisión para el diseño de una política nacional antidrogas democrática y participativa”, se conformará un Grupo de Trabajo con académicos y expertos que formule los lineamientos generales para una nueva política criminal del Estado en esta materia. Las acciones de cooperación internacional contra el crimen organizado transnacional en ningún momento se llevará a cabo con menoscabo a la soberanía y la autodeterminación.


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{jkefel title=[7. Tratamiento del consumo de drogas sicoactivas como problema de salud pública y descriminalización de los consumidores.

El consumo de drogas sicoactivas será tratado como un problema de salud pública en atención a que es un fenómeno de carácter multicausal, generado por las condiciones económicas, políticas, sociales, culturales propias de la sociedad capitalista, y relacionado con la pobreza, el desempleo, la falta de acceso al sistema educativo, la exclusión social, y la carencia de perspectivas de vida inherentes a dicha sociedad. La responsabilidad principal para enfrentarlo recae sobre el Estado, que debe comprometerse con políticas de prevención del consumo, de tratamiento terapéutico a los consumidores, y de solución de las causas estructurales que lo originan. Las políticas a diseñar en este campo deben ser construidas en forma democrática y participativa, involucrando a instituciones especializadas y a los consumidores directamente afectados; así mismo requieren el alistamiento del sistema de seguridad social y la disposición correspondiente de recursos. De manera especial, es necesaria la superación de las políticas prohibicionistas y la consideración de la regulación estatal del consumo, incluida la legalización. Deben proscribirse las prácticas de estigmatización, persecución y criminalización de los consumidores, para lo cual se hace indispensable una revisión y redefinición de la política criminal del Estado. ]}

7.1. Reconocimiento del consumo de drogas sicoactivas como problema de salud pública.
El consumo de drogas sicoactivas será reconocido como un problema de salud pública, explicado en lo esencial por causas estructurales propias de la lógica económica, política, social y cultural del capitalismo, por la pobreza, el desempleo, la discriminación y la exclusión social, así como por la ausencia de perspectivas de vida, especialmente para la población joven. 

7.2. Diseño e implementación democrática y participativa de las políticas contra el consumo de drogas sicoactivas.
Se integrará el “Consejo Nacional de Políticas contra el consumo de drogas sicoactivas” con representantes de las instituciones del Estado, las instituciones científicas y los centros especializados, las comunidades terapéuticas y los consumidores organizados. Su función principal consiste en el diseño democrático y participativo de la política pública en esta materia…  La política pública privilegiará la prevención, el tratamiento terapéutico, la rehabilitación y la reducción del daño, así como la regulación del consumo; considerará especificidades y necesidades de focalización según grupos de edad, género, condición socioeconómica y ubicación geográfica.  

7.3.  Centralidad de la responsabilidad del Estado frente al consumo de drogas sicoactivas.
Se reconocerá la centralidad de la responsabilidad del Estado para enfrentar la problemática. Ello conlleva su compromiso de disponer recursos de inversión social y emprender acciones conducentes a superar las causas estructurales del consumo. También implica el alistamiento del sistema de seguridad social para atender los requerimientos que resultan del reconocimiento del problema del consumo como un asunto de salud pública. Asimismo comprende medidas y acciones de política criminal contra las grandes redes de comercialización de sustancias sicoactivas y sus principales beneficiarios, así como tratamientos diferenciados, incluidas acciones de rehabilitación y de ofrecimiento de alternativas económicas, para quienes se encuentran involucrados en el llamado microtráfico. 

7.4. Prevención del consumo de drogas sicoactivas.
La política de prevención del consumo de drogas sicoactivas se concentrará en los niños, niñas y jóvenes, sin desatender otros grupos poblacionales. Se formularán e implementarán programas especiales de prevención en las instituciones educativas en sus diferentes niveles, involucrando al conjunto de las comunidades educativas… La prevención se fundamentará en campañas educativas y de información… En este aspecto, la provisión gratuita y la garantía de ofertas estatales permanentes de alternativas culturales, deportivas y de recreación ocupan un lugar primordial; también la disposición de opciones y alternativas laborales.    

7.5. Tratamiento terapéutico, rehabilitador y de reducción del daño del consumo de drogas sicoactivas.
Se reconocerá al consumidor de drogas sicoactivas como un sujeto de derechos, con quien el Estado tiene una responsabilidad dada su adicción. Se garantizará el acceso gratuito al tratamiento terapéutico, rehabilitador y de reducción del daño a los consumidores… Se crearán centros de atención ambulatoria gratuita para drogadictos. Para consumidores crónicos y quienes mantengan la decisión de consumir, se diseñarán programas enfocados a la reducción del riesgo y del daño, incluida la desintoxicación y la recuperación de la autoestima.

7.6. Financiación estatal de las políticas contra el consumo de drogas sicoactivas.
La política pública de investigación, prevención, tratamiento terapéutico, rehabilitación, y de reducción del daño, así como la regulación del consumo de drogas sicoactivas será financiada por el Estado… La financiación deberá garantizar la sostenibilidad de la política pública en el mediano y largo plazo. Para tal efecto, se conformará un Fondo especial, con recursos provenientes del presupuesto nacional y de las incautaciones de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

7.7. Reforma estructural al régimen de seguridad social en salud.
Se impulsará una reforma estructural y profunda al régimen de seguridad social, con los correspondientes rediseños institucionales, que materialice en forma efectiva el derecho a la salud y al bienestar de la población, con fundamento en los principios de la universalidad, la gratuidad, la equidad y la desmercantilización. Una condición necesaria de tal reforma resulta del desmonte inmediato de la intermediación financiera y la privatización, así como del fortalecimiento del sistema público estatal de salud y, en especial, de la red pública hospitalaria y de atención ambulatoria.

7.8. Regulación estatal y despenalización del consumo de drogas sicoactivas.
La política pública se fundamentará en la superación del prohibicionismo y la despenalización del consumo. Ello implica privilegiar medidas y acciones tendientes a la regulación gradual y diferenciada del consumo, incluida su legalización, atendiendo sus impactos y usos. Para tal efecto, se emprenderán los estudios especializados correspondientes, considerando el tipo de droga y experiencias internacionales, así como los derechos de los consumidores. Éstos serán tratados como víctimas de la empresa criminal transnacional del narcotráfico; se proscribirá su estigmatización y persecución, y se garantizará la descriminalización del consumo, lo cual conlleva la realización de las reformas del caso en materia penal.


{/jkefel}
{jkefel title=[8. Política anti-drogas centrada en el desmonte de las estructuras narco-paramilitares, criminales y mafiosas entronizadas en el Estado.

La política anti-drogas debe centrarse en el desmonte de las estructuras narco-paramilitares, criminales y mafiosas entronizadas en el Estado. Ello supone la identificación de sus dispositivos y relaciones de poder territorial y la depuración de todos los poderes del Estado, incluidas las fuerzas militares y de policía, considerando los demostrados niveles de corrupción e infiltración del narcotráfico, muchos de conocimiento público. Igualmente conlleva el reconocimiento de que los capitales y los poderes mafiosos del narcotráfico han permeado el sistema político y de partidos, las campañas presidenciales, las elecciones parlamentarias, hasta conformar una “narco-democracia”; han servido de soporte de estrategias contrainsurgentes terroristas de Estado, de carácter paramilitar; y conformado un gran poder de control territorial, a través del cual se han alistado territorios para promover nuevos y lucrativos negocios con la tierra y los recursos naturales, y se ha accedido a los recursos públicos. ]}

8.1. Comisión especializada para la identificación del poder narcoparamilitar.
La política antidrogas tendrá uno de sus ejes en la identificación de las estructuras de poder narcoparamilitar, criminal y mafioso entronizadas en el Estado, en consideración a que dichas estructuras constituyen un factor esencial  para la persistencia y reproducción de la industria criminal del narcotráfico. Para tal efecto, se conformará una Comisión especializada, de carácter interdisciplinario, con participación de representantes del Gobierno, de las FARC-EP, de la academia, de los partidos políticos y movimientos políticos y sociales, y de las Fuerzas Militares y de Policía, que deberá producir en un término no superior a seis (6) meses un “Informe sobre el influjo del narcoparamilitarismo en el Estado y la sociedad colombiana”. Dicho Informe contendrá, además del diagnóstico, la definición de lineamientos de política para la superación estructural del fenómeno narcoparamilitar en sus diferentes formas y modalidades, incluida la actual denominación eufemística de “bandas criminales” (BACRIM). 

8.2. Depuración de las ramas del Estado y desmonte del influjo narcoparamilitar.
Los resultados del “Informe sobre el influjo del narcoparamilitarismo (…)” servirán de fundamento para la puesta en marcha de una política de depuración del Estado en sus ramas ejecutiva, legislativa y judicial, en sus diferentes niveles nacional, departamental y municipal, así como para el desmonte real y efectivo del poder narcoparamilitar en estos ámbitos. Además de la recuperación de la legitimidad del Estado, la superación de las estructuras narcoparamilitares entronizadas en las mencionadas ramas conlleva la pérdida de su influencia y control sobre los diseños y la implementación de la política pública en los más variados campos de la vida económica, social y cultural del país, así como sobre la política criminal y la administración de justicia. Y de manera especial, sobre configuraciones específicas de la política de seguridad y defensa.

8.3. Depuración de los órganos de control y de la organización electoral del Estado y desmonte del influjo narcoparamilitar.
El “Informe sobre el influjo del narcoparamilitarismo (…)” deberá conducir igualmente a la depuración de los órganos de control del Estado, en especial de la Procuraduría General de la Nación, así como de la organización electoral, incluidos el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional. La acción efectiva del Ministerio Público, ya depurado, sobre funcionarios públicos de todos los niveles comprometidos con el fenómeno narcoparamilitar representaría una contribución en dirección a la verdadera organización democrática de la sociedad. La depuración de la organización electoral constituye una condición necesaria para avanzar hacia la eliminación del poder político narcoparamilitar, basado en buena medida en la captura del sistema político y de representación.
Por otra parte, el desmonte efectivo del narcoparamilitarismo comprende igualmente la depuración del Notariado y Registro, considerando que la función pública notarial, desempeñada por particulares, se ha constituido en factor importante de la institucionalización de la economía narcoparamilitar, especialmente del despojo de tierra. 

8.4. Depuración de las fuerzas militares y de policía y de los servicios de inteligencia y desmonte del influjo narcoparamilitar.
En atención a múltiples investigaciones y estudios, todos de conocimiento público, que demuestran la articulación y coordinación histórica del narcoparamilitarismo con las fuerzas militares y de policía, y los servicios de inteligencia del Estado, así como a los resultados que arroje el “Informe sobre el influjo del narcoparamilitarismo (…)” se procederá a la depuración de estas fuerzas y servicios. La persistencia de los mencionados nexos estructurales se constituye en barrera insuperable del poder narcoparamilitar en la medida en que propicia un control político, económico y social sobre el territorio basado en el ejercicio de la violencia, el cual es fundamento de la reproducción de la industria criminal del narcotráfico, y del alistamiento de territorios para promover nuevos y lucrativos negocios con la tierra y los recursos naturales, y acceder a los recursos públicos.  

8.5. Identificación y desmonte del poder territorial narcoparamilitar.
Los esfuerzos orientados al desmonte del poder narcoparamilitar entronizado en las estructuras del Estado, de sus ramas y órganos resultarán infructuosos si no se acompañan de medidas y acciones tendientes a la eliminación de su poder territorial. Identificar las estructuras criminales y mafiosas locales, sus modalidades específicas, así como las élites comprometidas y partícipes directas del poder territorial narcoparamilitar representan una condición necesaria pero no suficiente para avanzar hacia la erradicación de tal poder. Para lograrlo se requiere de la voluntad política manifiesta del Estado, así como de medidas y acciones contundentes que, además de su real y efectiva persecución, se acompañen de los diseños correspondientes de política criminal. 

8.6. Medidas y acciones especiales contra la corrupción propiciada por el narcoparamilitarismo.
Las redes criminales y mafiosas, que han conformado empresas de la corrupción infiltradas en el conjunto de la institucionalidad del Estado, tienen como soporte, en gran medida, capitales del narcotráfico utilizados en la financiación de partidos políticos y de campañas electorales, desde los cuales se incide no sólo sobre el poder legislativo en sus diferentes niveles, sino que se accede a posiciones de gobierno. Desde esas posiciones se captura una parte importante de la contratación pública y, por esa vía, de los recursos del presupuesto. Asimismo se legaliza y garantiza la promoción de nuevos negocios surgidos del control territorial. Erradicar el poder narcoparamilitar conlleva, por tanto, la implementación de medidas y acciones específicas para combatir la corrupción originada en los capitales del narcotráfico, incluido el seguimiento a dichos capitales en todo el circuito económico, lo cual constituirá un capítulo especial de la política criminal del Estado.


{/jkefel}
{jkefel title=[9. Política anti-drogas centrada en la persecución a los capitales involucrados en el proceso económico del narcotráfico

La política anti-drogas debe concentrarse en la persecución a los capitales involucrados en el proceso económico del narcotráfico, así como en el conjunto de sus principales beneficiarios. Además de los propios narcotraficantes, se trata de los proveedores transnacionales de los insumos químicos para la producción de drogas ilícitas, de las empresas transnacionales productoras de material bélico que han armado los grupos narco-paramilitares, de empresarios capitalistas legales de la producción, la construcción y los servicios, que en la afanosa búsqueda de mayores rentabilidades han establecido “alianzas empresariales”, de expertos lavadores de dinero en instituciones financieras y en los mercados de capitales. La misma política económica neoliberal del Estado se ha beneficiado, pues el blanqueo de dinero contribuye a la estabilidad macroeconómica. En razón de lo anterior, se hace necesario la conformación de una Comisión de la verdad que establezca quiénes se enriquecieron, facilitaron y promovieron el negocio del narcotráfico en todos los niveles. De igual manera, resulta imprescindible, una revisión de las políticas neoliberales de desregulación financiera, incluido el restablecimiento del monopolio estatal sobre la compra y venta de divisas y de los controles estatales a los flujos de capital.]}

9.1. Conformación de una Comisión especializada de la verdad sobre la empresa capitalista transnacional del narcotráfico.Con el propósito de avanzar hacia una caracterización compleja del negocio de las drogas ilícitas en Colombia y de contribuir a formular los lineamientos de una nueva política antidrogas centrada en el interés nacional y en la persecución a los capitales involucrados en el proceso económico del narcotráfico, las FARC-EP y el Gobierno nacional conformarán una “Comisión independiente especializada de la verdad sobre la empresa capitalista transnacional del narcotráfico”, integrada por académicos e investigadores expertos nacionales e internacionales, que incluya a representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC y de Unasur. Dicha Comisión deberá entregar en un término no superior a seis (6) meses un Informe acerca del estado actual del negocio del narcotráfico, que incluya su conformación estructural, su articulación con el proceso económico en su conjunto, en especial con la actividad financiera, que permita identificar modalidades y rutas de blanqueo de dinero, así como a sus principales beneficiarios pasados y actuales, nacionales y extranjeros. E igualmente su nivel de penetración en el Estado y sus instituciones, así como sus impactos macroeconómicos y sobre las finanzas públicas.

9.2. Identificación, persecución y expropiación de los capitales del narcotráfico. Con base en los resultados del Informe de la Comisión independiente, de sus recomendaciones para una nueva política económica y criminal, se procederá a una redefinición profunda de la política antidrogas. Dicha política privilegiará la identificación y el seguimiento a los capitales comprometidos en el circuito económico del narcotráfico. En particular, se concentrará en la persecución y desarticulación de las redes de producción y comercialización capitalista transnacional de drogas ilícitas, así como en la identificación y el seguimiento a las rentas generadas por dichas redes e incorporadas en los circuitos económicos legales a través del lavado de dinero. Asimismo, en el desmonte de “alianzas empresariales” con sectores de la producción, la construcción y los servicios, incluido el negocio financiero y bursátil. Se proveerán los diseños institucionales y las medidas y acciones de política económica y criminal a que hubiere lugar. La persecución a los capitales comprometidos en el negocio del narcotráfico deberá conducir a la expropiación de dichos capitales. Con los recursos así obtenidos, se conformará un Fondo especial para contribuir a la financiación de los “Planes de desarrollo alternativo” de las comunidades campesinas con las que se concierte la sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de coca, marihuana y amapola, y para la atención al consumo de drogas como problema de salud pública, con un enfoque de derechos humanos.

9.3. Controles estatales a las empresas productoras o importadores de insumos requeridos para la producción de drogas ilícitas. La  nueva política antidrogas se fundamentará en estrictos controles estatales sobre los renglones de la actividad económica productores e importadores de insumos, en especial de insumos químicos, requeridos para la producción de drogas ilícitas. Se exigirá a empresas transnacionales productoras y proveedoras de dichos insumos en el mercado, beneficiarias indiscutibles actuales de la producción de drogas ilícitas, para que asuman compromisos expresos de regulación del mercado de insumos, a través de la suscripción de códigos de conducta, susceptibles de sanción internacional. Con el fin de no afectar actividades productivas lícitas se diseñarán protocolos especiales que permitan identificar usos, frecuencias y lugares de la demanda por insumos.

9.4. Controles estatales a los flujos de capital, regulaciones financieras y auditorías especiales. En consideración a que uno de los principales beneficiarios de la política neoliberal de desregulación financiera ha sido el capital del narcotráfico, la política antidrogas se fundamentará en la redefinición de la política económica, en especial de la política monetaria. Se recuperará la soberanía monetaria mediante el restablecimiento del monopolio estatal sobre la compra y venta de divisas y la fijación de controles estrictos a los flujos de capitales. Se definirán regulaciones estatales rigurosas sobre el mercado financiero y bursátil orientadas a evitar el lavado de dinero. Además de fortalecer las funciones estatales de súper vigilancia y control por las instituciones correspondientes, se creará una auditoría especial sobre las transacciones financieras y bursátiles, y sobre los estados financieros de las empresas involucradas en el negocio financiero y bursátil, que deberá presentar informes semestrales sobre el seguimiento al lavado de dinero. Se procederá a los diseños del caso en materia de política criminal con miras a castigar de manera ejemplar el crimen organizado de “cuello blanco”.

9.5. Nueva institucionalidad democrática de la política antidrogas. Como parte de la reestructuración democrática del Estado, y en atención a la obsolescencia de las instituciones actuales de la política antidrogas, dados su énfasis en enfoques prohibicionistas, de interdicción y de contrainsurgencia, y su subordinación a la política antidrogas estadounidense, se procederá a la elaboración de una nueva institucionalidad que atienda los propósitos, medidas y acciones contenidos en el conjunto de propuestas formuladas por las FARC-EP, concernientes al punto cuarto de la Agenda sobre “Solución al problema de las drogas ilícitas “.  El formulación de la nueva institucionalidad estará a cargo de la  “Comisión para el diseño y el seguimiento de una política nacional antidrogas soberana, democrática y participativa”. En todo caso, la nueva institucionalidad de la política antidrogas estará subordinada al proceso, las políticas y las instituciones de la reforma rural y agraria integral, socio ambiental, democrática y participativa, que exigen el pueblo y la sociedad colombiana.


{/jkefel}
{jkefel title=[10. Responsabilidad de los Estados del capitalismo central, compromisos regionales y requerimientos para la implementación de una política anti-drogas de carácter global.

Considerando el proceso de globalización capitalista, no hay posibilidad para una política anti-drogas que se circunscriba al ámbito nacional estatal. La política anti-drogas debe involucrar a los países del capitalismo central, en especial a Estados Unidos y Europa. Sin su compromiso y responsabilidad para contribuir a la reducción de la demanda, enfrentar los problemas del consumo y combatir el blanqueo de dinero en sus respectivos países, no hay lugar para una solución real y efectiva al problema de las drogas ilícitas. Si las políticas aquí propuestas tuvieran la opción de adelantarse de manera exitosa, el negocio se trasladaría con fuerza a nuestros países hermanos, como de hecho ya ha venido ocurriendo. Por ello, la política anti-drogas requiere asumir compromisos regionales, entre otras cosas para que los argumentos de la “guerra contra las drogas” no sean esgrimidos contra los procesos de cambio político que se viven en Nuestra América. En ese sentido, se hace necesaria la realización de una Conferencia internacional que involucre a los principales países productores y consumidores, así como a aquellos que cumplen una función de circulación en esta empresa capitalista transnacional de carácter criminal, de la cual deben salir compromisos concretos de los involucrados, con el fin de contribuir a la solución del problema de las drogas ilícitas en nuestro país.]}

10.1. Responsabilidad y compromiso de los países del capitalismo central con la política antidrogas. En atención a su responsabilidad en la problemática global de la producción y el tráfico de drogas ilícitas, incluidas las drogas sintéticas, y a su condición de principales demandantes del mercado mundial, se promoverán acciones por parte del Gobierno para que los países del capitalismo central, en especial Estados Unidos y los Estados de la Unión Europea, se comprometan de manera decidida con políticas para reducir la demanda, enfrentar el consumo desde una perspectiva de salud pública y con enfoque de derechos humanos, así como con medidas concertadas para combatir las economías transnacionales derivadas del narcotráfico y del blanqueo de dinero en sus respectivos países. Se promoverá el reconocimiento del fracaso de las políticas prohibicionistas y de interdicción. Considerando la marcada influencia e injerencia del Gobierno de los Estados Unidos y de sus agencias, así como de empresas transnacionales de ese país en la política antidrogas, y a su indiscutible corresponsabilidad principal en la existencia del negocio criminal del narcotráfico, se invitará a ese Gobierno a participar de manera activa y directa en la construcción del Acuerdo sobre el punto de “Solución al problema de las drogas ilícitas”. No hay solución al problema de las drogas ilícitas sin el compromiso expreso del Gobierno de Estados Unidos con una superación definitiva de su fracasada política de la llamada guerra contra las drogas.

10.2. Política antidrogas para promover la integración subregional. Una política antidrogas basada en la soberanía, la autodeterminación, la participación democrática, los derechos humanos, la atención de los eslabones más débiles de la economía de las drogas ilícitas, los campesinos cultivadores, y los consumidores, será posible si se sustenta en un acuerdo político subregional, concebido como parte de los proyectos de integración que se adelantan en Nuestra América a través de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y la  Comunidad de Estados Latinoamericanos  y del Caribe, CELAC. La unificación de principios y propósitos de la política en este campo se constituyen en imperativo para superar en forma definitivalas políticas intervencionistas, guerreristas y de militarización y control social, propias de la llamada guerra contra las drogas, impulsada por los Estados Unidos. Asimismo, en factor importante para exigir la reforma del sistema internacional de control de drogas de Naciones Unidas.

10.3.  Reforma sustancial al sistema internacional de control de drogas de Naciones Unidas. Se promoverá la realización de una Conferencia internacional sobre producción y tráfico de drogas ilícitas, así como de concertación de políticas para enfrentarlas. La Conferencia estará integrada por representantes de los gobiernos de países productores y consumidores, de instituciones académicas y de investigación, de productores de hoja de coca, amapola y marihuana, y de consumidores organizados. Además de avanzar en la identificación de responsabilidades del capitalismo globalizado frente a la empresa criminal transnacional del narcotráfico, de propiciar la no estigmatización de países considerados productores, la Conferencia se comprenderá como un espacio político para avanzar en la construcción de propuestas y acuerdos tendientes a la reforma sustancial del sistema internacional de control de drogas de Naciones Unidas. Se debe estimular la libertad para cuestionar la vigencia de las convenciones existentes, así como promover el derecho a explorar soberanamente caminos distintos al prohibicionismo y la interdicción para enfrentar la problemática de la producción y el tráfico de drogas ilícitas. Todo ello en consonancia con múltiples estudios, investigaciones académicas especializadas y experiencias focalizadas de algunos países. En todo caso, el Estado colombiano se compromete a que el derecho internacional de los derechos humanos prevalecerá sobre las convenciones existentes de Naciones Unidas.


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Conversando con nuestro pueblo: que es lo que proponemos, en claro...

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