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AMNISTÍA E INDULTO

COLECTIVO BENKOS BIOHÓ

Prisioneros Políticos y de Guerra, “LA TRAMACÚA”, VALLEDUPAR.

Entendemos la amnistía y el indulto como dos instrumentos político-jurídicos, con los cuales el estado de leyes positivas cuenta para conjurar hechos de confrontación violenta, en los cuales se ha desbordado la “legalidad” tanto por parte del Estado como de quienes resisten la acción de éste o de grupos represivos conformados por las clases y sectores de clase. Si bien, a raíz de la clásica revolución francesa se mantuvo un discurso del Derecho de los Pueblos a rebelarse contra un sistema que se considera injusto y las leyes que caracterizan la conformación del estado nación así lo contemplan en sus constituciones y códigos penales, en el caso nuestro el delito político fue proscrito de los códigos penales y tratado como delito de “lesa majestad”. Lo más avanzado en la materia fue el código penal de 1936 donde Carlos Lozano propuso en la comisión redactora respecto del delito de rebelión:

“En el artículo se encuentran todos los elementos del delito complejo y consagra además, la aplicación práctica del principio sentado en la parte general, de que los delincuentes políticos forman una categoría aparte y deben ser juzgados con benignidad.

Es evidente que para la ejecución de un delito político es preciso en la mayoría de los casos cometer delitos comunes conexos con los delitos políticos y sería absurdo que por esos delitos conexos se juzgara al delincuente político con un criterio diferente de la categoría de delincuentes a la que ellos pertenecen.” (Arcesio Aragón, Código Penal, Ley 95 de 1936, Bogotá. Librería Colombiana, 1938).

El advenimiento de Estados totalitarios y en el entendido del fin del siglo XX del “Estado Social de Derecho”, se ha buscado eliminar de tajo el derecho a rebelarse como conquista de la humanidad. Una mirada a la historia colombiana de los últimos 60 años, precisamente el conflicto actual que buscamos superar, arroja un nefasto resultado en la aplicación por parte del “régimen político” de los instrumentos de amnistía e indulto. El grave error ha sido su implementación desligada de un proceso de paz que resuelva las causas estructurales de la confrontación.

Así las amnistías e indultos han sido aplicados más como una política calculada para lograr no solo la desmovilización del grupo opositor, sino su derrota política y exterminio físico no logrado a través de la confrontación armada.

En la práctica, la dinámica ha sido la imposición del Estado vencedor de sus condiciones, arrojando unos mendrugos a sus oponentes sin modificar su estructura excluyente de poder. Y como tal, los amnistiados e indultados retornan a la institucionalidad para luego ser eliminados físicamente pues las estructuras criminales del Estado han permanecido intactas; o cooptados desde los vicios de la politiquería a defender los intereses del vencedor; o convertidos en nuevos “actores del conflicto”, integrando grupos paramilitares o redes de informantes y cooperantes utilizados para exterminar a quienes se han mantenido en resistencia al sistema, así como a las organizaciones sociales y políticas.

Un elemento permanente en estos procesos de amnistía e indulto ha sido la constante desfiguración del delito político, que se reduce a la simple manifestación de querer cambiar el Estado por las armas, pues las acciones militares que desarrollamos los grupos insurgentes y que son característica de su naturaleza irregular son considerados delitos comunes y de lesa humanidad, no conexos con el delito político. Por ello cada amnistía e indulto que se ha concedido, ha sido cada vez más condicionada; tanto que en los últimos tiempos estas figuras son parciales y los delitos sometidos a procesos de “justicia transicional”, para determinar el monto y tipo de penas a imponer.

De otro lado, el trato a los prisioneros políticos luego de esos procesos antes que “suavizarse” o humanizarse, se ha agudizado. Y es así pues al ser leyes provisionales solo se suspende la facultad sancionatoria del Estado manteniéndose incólume todo el ordenamiento jurídico que ha hecho del  Derecho, no la aplicación de justicia en beneficio de la convivencia pacífica sino del derecho del enemigo, para perseguir, criminalizar y victimizar al opositor político, reprimiendo cualquier manifestación hostil de la sociedad contra las políticas oficiales. A manera de síntesis podemos objetar respecto a la aplicación de estos instrumentos político-jurídicos por parte de la clase gobernante los siguientes:

1.    Desnaturalización del Delito Político.
Todas las conductas propias del alzamiento en armas y que podían considerarse como actos de combate propios de la complejidad del delito de Rebelión, son tipificados como delitos no conexos, tratados como delitos comunes, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Es así como la mayor parte de los alzados en armas estamos procesados por delitos excluidos de amnistía e indulto: porte ilegal de armas, concierto para delinquir simple y agravado, secuestro simple y extorsivo, extorsión, homicidios en combate y fiera de éste, hurto simple, calificado y agravado, financiación de actividades terroristas, terrorismo, entrenamiento de grupos, reclutamiento de menores, desplazamiento, genocidio, desaparición y muchos más.


2.    Criminalización de la Protesta Social.

En las prisiones se encuentra un amplio grupo de personas sindicadas y condenadas por delitos políticos y conexos, que no hacen parte de ninguna organización armada; solo por el delito de protestar o reclamar lo justo. Líderes populares, estudiantes, trabajadores, educadores, indígenas; presos de conciencia, fruto de la persecución y la intolerancia política, víctimas de montajes y falsos positivos judiciales, ya que se requiere mostrar resultados y cualquier expresión contraria al sistema se cobra como apoyo y apología a los grupos insurgentes.


3.  Equiparamiento de los criminales que desde el establecimiento y paralelo a este han desarrollado, profundizado y degradado la confrontación con los rebeldes que hemos resistido la agresión. Se desconoce que los agentes del Estado, la fuerza pública, funcionarios, empresarios, ganaderos, latifundistas, terratenientes, banqueros, que han contado con la investidura del poder legalmente constituido, teniendo en sus manos las armas, las leyes y las prisiones, abusaron de dicho poder desbordando su propia legalidad para azuzar la guerra. Este equiparamiento ha conducido y conduce a la impunidad de la mano con la corrupción que como un cáncer infecta todas las instituciones del Estado, desde las altas cortes, el ministerio público y el congreso. Dichas estructuras criminales del Estado han permanecido y quieren permanecer intactas. Su tarea ha sido el exterminio del opositor político una vez puesto en estado de indefensión; o su reconversión para la guerra y la delincuencia.


4.    El blanqueamiento del paramilitarismo anterior al año 2002.
La vergonzosa impunidad de la Ley de Justicia y Paz no ha mantenido contentos a los 35.000 supuestos miembros “desmovilizados” del paramilitarismo. Desde la cárcel y mediante sus lugartenientes y aliados en el Estado, mantuvieron su poder económico, político y militar, bastardizando la verdad y esquilmando la reparación, convirtiendo la justicia en arlequín. Vastas regiones del país siguen bajo su poder mediante la simbiosis de dicho ciclo en las denominadas BACRIM. Dicha vitalidad se refleja en la presencia de los herederos de la parapolítica en el congreso y empoderamiento de la extrema derecha fascista en el llamado puro centrismo democrático, con su remedo de Fuhrer. El gobierno no ha mostrado ningún resultado en materia de desarticulación de tales estructuras, las cuales permanecerán en el llamado período de “posconflicto” como espada de Damocles que se cierne sobre los beneficiarios de un indulto o amnistía y las organizaciones políticas que se conformen luego de un acuerdo político de paz.


5.    Inmodificabilidad del sistema.
Pese a los avances en La Habana, el establecimiento ha sido reacio a discutir aspectos concernientes a cambios estructurales en el Estado, la política económica, la doctrina de las fuerzas militares y una nueva constitución.

Tozudamente se mantiene por el régimen el histórico esquema de desarme y desmovilización a cambio de nada o cosméticos retoques. Esto es sintomático de que el sistema pretende mantenerse inmodificable, y por ende, las estructuras criminales, los determinadores y auspiciadores de la violencia, impunes e incrustados en el poder. Lo cual reedita lo que hasta el momento se ha dado: el sometimiento de los opositores al bando hegemónico de la oligarquía en el poder.

6.    Marco Jurídico para la Paz.
El marco jurídico para la Paz es el esquema jurídico para grupos insurgentes derrotados y desmoralizados. Ratifica la dinámica mantenida por el Estado en los procesos de amnistía e indulto. Es el sometimiento a las reglas de juego del vencedor, que impone condiciones al vencido.
Igualmente en dicho marco, se imponen nuevas condiciones y más onerosas, dejando en manos de una Ley Estatutaria el determinar qué delitos se pueden considerar conexos a la rebelión, y cuáles no; definir los casos tipo sobre los cuales el Estado no renuncia a su potestad punitiva y sancionatoria.


7.    La Corte Penal Internacional
El Estado colombiano a tono con la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma que representan la consolidación de la Justicia Penal Internacional como la “legalidad” de los poderosos que imponen un cierto “orden mundial” que no es otro que el predominio del capital financiero globalizado. Son los discursos teóricos, los valores de la sociedad de mercado traducidos en código jurídico, y que borran de un plumazo el Derecho a la Rebelión, deslegitimizándolo como terrorismo, fundamentalismo y barbarie.


8.    Muerte Política
Al hacer recaer la responsabilidad en los casos tipos de Crímenes de lesa humanidad en los jefes insurgentes, de forma selectiva se decreta su muerte política, dejando acéfalo cualquier proyecto político que surja de los acuerdos; pues una vez concluido el proceso, los máximos dirigentes pasarán su tiempo ante los estrados judiciales resolviendo su situación jurídica particular.


9.    Legalización del capital emergente y sus detentadores.
El capital emergente, edificado sobre los despojos de la guerra, imbricado con la corrupción, el narcotráfico y el accionar criminal del paramilitarismo; y que tanto se ha enquistado en las instituciones del Estado y las esferas del poder, logrará por fin su legalización como un “sapo” que deberá tragarse la sociedad para iniciar la construcción de un país en paz.


Como parte final, presentamos nuestra posición como prisioneros políticos y de Guerra, del cómo debe concebirse dicha Ley de Indulto y Amnistía Amplio e Incondicionado:

1.    La Ley de Amnistía e Indulto debe ser amplia e incondicionada. Debe cobijar todos los actos de combate propios de la complejidad del delito de Rebelión, entendidos como conexos con éste.
2.    No se debe olvidar que los factores del conflicto son la injusticia, la inequidad, la desigualdad social y económica, la exclusión política, la corrupción de la clase política y el uso de la fuerza por parte del Estado y las clases oligarcas para imponer su hegemonía.
Los grupos insurgentes y sectores sociales que se movilizan y luchan, han sido la respuesta y la resistencia a la violencia ejercida por el poder.
3.    Los agentes del Estado y clases dominantes han tenido en sus manos el Estado, el ordenamiento jurídico y los aparatos represivos para ejercer su dominación. Por ende, el desbordamiento de su propia legalidad no puede ser amnistiada ni indultada. Más que preocuparse, el comandante y presidente actual de los falsos positivos, en buscar salvar a sus huestes, debe dedicarse a hacer prevalecer el Estado Social de Derecho, castigando ejemplarmente a quienes violan sus propias normas.
4.    El paramilitarismo tuvo su cuarto de hora en la impunidad de la Ley de Justicia y Paz; fueron el instrumento del poder para victimizar a la población y extender, profundizar y degradar la contienda. No pueden ser amnistiados ni indultados. Deben ser sometidos y desmantelados, así como sus estructuras hoy denominadas BACRIM.
5.    Para efectos políticos y en aras de construir una paz duradera la Ley de Amnistía e Indulto no puede darse aislada de unos acuerdos serios para solucionar las causas del conflicto; o en su defecto, acompañada de un Acuerdo Humanitario.
6.    Despenalización de la protesta social y abolición de tales leyes. La Ley de Amnistía e Indulto no se puede dar sin modificar los códigos penales, pues de persistir tal Derecho del enemigo, bien pronto las prisiones estarán nuevamente colmadas de luchadores sociales y populares.
7.    Deben brindarse garantías jurídicas y políticas para salvaguardar la vida e integridad física de los amnistiados e indultados, permitiéndoles su vida pública en ejercicio de la política.
8.    El Derecho Internacional y las Cortes Penales no pueden ser un obstáculo para una Ley de Amnistía e Indulto. Por nuestro carácter de revolucionarios somos defensores de la Verdad y la Justicia.  

 

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