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EL MODELO DE LAS PRISONES EN COLOMBIA

 

Por: Rubiela y Nicolás, Guerrilleros del Bloque Martín Caballero de las FARC-EP

La prisión es una institución creada por las clases dominantes como medio para castigar a todo el que quebrante la ley establecida por el Estado.


La modalidad de prisiones a través de la historia ha sufrido varias transformaciones, pero a partir del siglo XIX se adoptó como la pena por excelencia. A partir de esa época se comenzó también a globalizar la estrategia. Paralelo a esto se desarrollaron nuevas técnicas y planes de tratamiento penitenciario dirigidos contra la población carcelaria con cambios muy bruscos en la infraestructura, en la disciplina de control, vigilancia, y la mal llamada resocialización.


En la antigüedad la prisión solo se utilizaba de manera transitoria, mientras el detenido esperaba la pena que le fuera impuesta y aplicada por el verdugo. Estas penas consistían en tratos crueles que casi siempre terminaban con la vida del prisionero: latigazos, ahorcamiento, incineración,  desmembramientos; penas dirigidas a martirizar el cuerpo.


Con la nueva estrategia, nuevas fórmulas fueron institucionalizadas e incluidas en el nuevo modelo de régimen penitenciario establecido, donde el principal objetivo se dirige a la mente hasta hacerla más dócil. Según la doctrina oficial, toda infracción de una norma constituye una deuda y  la prisión es una forma de pago de dicha deuda.


Sólo con un vistazo a la moderna infraestructura carcelaria nos damos cuenta que ahora es otro el objetivo. Ya no es usual la cadena amarrada de un pie del prisionero a una columna de cemento, ahora la prioridad es la tortura psicológica a la par que se explota su fuerza de trabajo con el pretexto de la reparación del daño causado. El prisionero continua siendo un ser discriminado en sus costumbres, creencias y carente de todo derecho.


Las nuevas políticas penitenciarias consisten en la privatización de las prisiones, leyes anti terroristas, anti comunistas, creación de tribunales para judicializar los prisioneros, que en el mejor de los casos son catalogados de terroristas. En esencia, se trata de un régimen para perseguir a la verdadera oposición, criminalizar de la protesta social y todas las formas de organización social del pueblo.  Para el Estado, aun inspirado en la Doctrina de Seguridad Nacional, todo el que reclame sus derechos es categorizado como un elemento peligroso para la sociedad, cuyo destino debe ser la prisión.


En la actualidad existen en Colombia 141 cárceles (entre municipales y distritales) y reclusiones, más 15 penitenciarias de máxima seguridad. Entre el 2000 y el 2003 en el marco de lo que el régimen denomina Nueva Cultura Penitenciaria, se crearon con los recursos del “Plan Colombia”: La Tramacua (Valledupar), Acacias (Meta), Combita (Boyacá), Palo Gordo (Santander), Doña Juana (La Dorada), Popayán (Cauca). La segunda generación, como resultado del Plan Patriota, inicia en el 2010 hasta el 2013 con las siguientes penitenciarías: Picaleña (Ibagué), Jamundí (Valle del Cauca), Pedregal (Medellín), Puerto Triunfo (Antioquia), Cocuc (Norte de Santander), Yopal (Casanare), Comeb  (Bogotá), Heliconias (Caquetá) y la Pola (Cundinamarca).


Aunque la capacidad de las cárceles existentes es de 75.895 cupos, datos suministrado por el mismo INPEC revelan que al momento existen en Colombia 120.000 reclusos entre sindicados y condenados.


Las principales características de estos centros de represión, exclusión y tortura son: aislados de los cascos urbanos –lo tiene una gama de implicaciones-, precario servicio de agua, salud, alimentación y educación, tratos crueles y humillantes, climas extremos, infraestructura especifica inspirada en el  panoptismo , seguridad extrema, trato humillante a familiares y visitantes.


En términos filosóficos y psicológicos el establecimiento ha adoptado el discurso de la “resocialización” como principio pedagógico, aunque en la práctica estos recintos son reales laboratorios de aprendizaje del delito y malas costumbres, incentivadas por la tortura y el maltrato, el odio y la discriminación.


En teoría, el castigo se aplica con el fin de reparar el daño por medio de sufrimiento, garantizar que la conducta no se repita y escarmentar al resto de personas para que no alcen la voz contra el sistema de injusticia que impone el Estado colombiano. No obstante la comisión de delitos se incrementa, como se incrementa la población carcelaria, porque el Estado sigue atacando el delito y no las causas que lo originan, lo que en última revela la crisis del sistema de justicia en Colombia.


El modelo de prisiones en Colombia marcha hacia la privatización, pues conocemos de los proyectos y planes que cursan en diversos ámbitos de la institucionalidad; este matrimonio del capital privado con las prisiones solo puede dar como resultado violación a los derechos humanos, humillación, tortura, discriminación, sin el más mínimo respeto por el derecho a la vida y la dignidad.


Mientras escribíamos esta nota, nos enteramos que el gobierno de Juan Manuel Santos para atender la crisis, decretó la “emergencia carcelaria” mediante la cual le otorga a la dirección del INPEC facultades especiales. Denunciamos que dichas medidas sólo sirven para aumentar la corrupción administrativa y las violaciones a los derechos de los prisioneros.


Desde las cárceles y fuera de ellas convocamos a la más firme solidaridad con la población reclusa, al tiempo que  exigimos del gobierno acordar en la mesa de diálogos de paz una amnistía e indulto lo más amplia posible, que además de los delitos políticos incluya los delitos de pobreza.


Rubiela y Nicolás
Bloque Martín Caballero de las FARC-EP, mayo de 2016

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