• 1

La ampliación de la representación de lo nacional, del ser colombiano, pasa necesariamente por la estructuración del Estado colombiano que se refleje en una nueva Constitución Nacional. Una nueva constitución en el que se inscriba el empoderamiento de los pueblos, la participación real de las regiones. Colombia es un país de regiones. Es necesario un replanteamiento de la política cultural de Estado y  la ampliación de la representación de lo nacional. Es necesario que la Colombia profunda tenga su espacio en la construcción y reproducción del imaginario nacional, donde el indígena, el afro, el campesino, el desplazado, el guerrillero, el artista y el raizal hagan su aporte en aras de un desarrollo orientado al buen vivir y la Nueva Colombia.

Luego de la firma del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, entre gobierno nacional y las FARC EP hace más de un año,  se siguen escuchando las voces más reaccionarias de la oligarquía nacional, que a cualquier precio pretende negar el carácter político de la lucha militar adelantada hace 50 años por parte de las FARC-EP en compañía de amplios sectores del pueblo colombiano; y no es para menos, pues los más férreos guerreristas, no sólo se han visto desafiados por los fusiles revolucionarios en manos del pueblo, sino que hoy en día, también se ven en la mira de múltiples y cada vez crecientes manifestaciones de dignidad de los explotados en Colombia, que al parecer van templando con más fuerza las riendas que pueden direccionar el país hacia un nuevo proyecto de sociedad.

Desde la década de 1980 se ha acentuado la estrategia de estigmatizar a la guerrilla colombiana, particularmente a las FARC-EP, como un pretendido cartel de las drogas disfrazados de ejército revolucionario. Para esta labor las clases dominantes han tendido un entramado mediático y jurídico de enorme magnitud que implicó que en buena parte de Colombia y de la comunidad internacional se considere a la insurgencia como un cartel más, ilegítimo políticamente y ajeno a la lucha revolucionaria que le había dado origen.
Dicha versión oficial se cae por su propio peso si se investiga a profundidad la industria de la producción y tráfico de drogas ilícitas, una industria capitalista que, a pesar de su ilegalidad, se imbrica directamente con las democracias burguesas y con el orden imperialista internacional.

El ministro Juan Carlos Pinzón no descansa de hacer el ridículo. Repite como lorito los datos suministrados por un ejército con muchas razones para mentir sobre las FARC. A su vez, los medios de comunicación se suman al coro de cotorras publicando datos sin analizar los informes oficiales, donde encontrarían gran cantidad de inconsistencias. A ellos se suman los congresistas, negados a realizar control político, convirtiendo la rendición de cuentas del ministerio de guerra, en un culto más al dejar hacer dejar pasar la corrupción. Si fuera por las cifras de desmovilización, sumadas a las de capturas y asesinatos de guerrilleros, concluiríamos que a las FARC las han acabado y estas han vuelto a nacer no solo una sino dos veces.

El Paro Nacional Agrario y Popular aumentó las preocupaciones de las Fuerzas Militares en materia de legitimidad. Saben que los resultados positivos en las encuestas de favorabilidad, hacen parte o pueden ser producto del marketing, pero no sirven para dar cuenta de la aceptación en el corazón del Pueblo. Ellos conocen del elemento moral en la estrategia y el Paro demostró que las razones del alzamiento en armas y la desobediencia del Pueblo ante la autoridad ilegítima, son más que evidentes y justas. En las FFMM se tiene el reduccionismo según el cual se es legítimo, en tanto se respete la ley.

Si la Inversión Extranjera en Colombia sumó cerca de 16 mil millones de dólares en 2012, y esto es indicador de éxito entre gobernantes y analistas, ¿qué se puede decir de la importancia que tienen los 10 mil millones de dólares que se lavaron ese año? Todo indica que ni el Estado ni la oligarquía tienen entre sus objetivos acabar con el narcotráfico. Es un negocio demasiado rentable tanto en términos económicos como en la política de seguridad contra sus enemigos.

A pesar de las limitaciones para la investigación social y de la persecución contra el pensamiento crítico, los investigadores sociales en Colombia han hecho el diagnóstico y han planteado sus recomendaciones frente a un problema histórico como es la violencia, y por su parte el Estado a través de sus gobiernos de turno, se ha incomodado y desoído tales conclusiones y recomendaciones. La ciencia advierte e incomoda y el Estado anula y calla. Es la práctica común en la historia de Colombia.

Subcategorías