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La cara de satisfacción de los grandes políticos, banqueros y empresarios brasileños ante las cámaras de televisión nacionales y mundiales, contrastan con las imágenes de protestas de diferentes sectores de la población más pobre, que ve en la realización del mundial 2014, la profundización de sus condiciones precarias de sobre-vivencia. La riqueza y el prestigio de la clase dirigente aliada con el capital transnacional, significa la degradación de la calidad de vida de las grandes mayorías.

Así las cosas, las decisiones sobre el desarrollo de La Guajira continuarán estando en favor de las multinacionales. No se observan planes para atender la emergencia social en el departamento. Se avecinan unas elecciones de gobernación que poco o nada van a cambiar los planes ya definidos con enfoque neoliberal. Y el gobierno nacional no quiere discutir el modelo de desarrollo en la Mesa de Conversaciones. Le queda al pueblo guajiro su capacidad de resistencia y de lucha.   

La exclusión política es una constante histórica de las que sustenta el prolongado conflicto social y armado que vive el país. El recorte de libertades democráticas, el uso del terrorismo de Estado como medio para acallar la oposición, el amedrentamiento y la represión a expresiones políticas diferentes a las de las clases dominantes siguen presentes hoy, ratificando la falta de garantías para ejercer la oposición política en Colombia.

En el siguiente artículo realizamos un recorrido por el verbo consolidar en la planeación de las FFMM. Los verbos en los objetivos de los planes y en la estrategia dan cuenta de una etapa del proceso de la guerra total contra el pueblo. Sin duda, “consolidar” ha estado asociado al fin del fin y por eso al Estado colombiano, a los EEUU y a la USAID, les queda mejor conjugar el verbo fracasar.

Y esta definición de la realidad parlamentaria  hecha en 2010, del poder   paramilitar a nivel parlamentario, contrastada con  los  actores  legislativos del 2014,  encontramos   que   pervive,  está vigente e incólume,  lo que ha implicado   la apertura de procesos penales  a 62 congresistas por  parapolítica,  integrantes del  Congreso 2010-2014, de acuerdo a información proveniente de la misma Corte Suprema de Justicia.