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La Brigada Móvil 15 fue desactivada en enero de 2009 por  los llamados “falsos positivos”. Después de “2008, Año del Fortalecimiento del respeto por los DDHH”.

El período de mayor despojo de tierras coincide con la expansión geográfica de las FFMM. Cuando el Estado se niega a discutir el modelo de desarrollo en la mesa de conversaciones, no solo busca la protección de los privilegios de la burguesía. También pretende ocultar las responsabilidades de ambos  en la victimización del Pueblo como producto de la implementación de ese desarrollo. Podemos decir con Marx, “El capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies hasta la cabeza”. Lo anterior para sostener que no es posible explicar la violencia y las víctimas sin recurrir al análisis del modo de producción.

“Acumulación por desposesión y nueva espacialidad capitalista, he ahí la fórmula del proyecto político-económico de las élites neoliberales”, sostuvieron las FARC-EP en octubre de 2012 en la instalación de los actuales diálogos con el gobierno. Cumplido el plazo para comenzar a tratar el tema de las víctimas, es el momento en el cual el Estado tiene que reconocer su participación en el impulso y la promoción de tal proyecto y de las consecuencias en la victimización de millones de personas causadas por su ejecución.

El Estado debe responder por la victimización de la población a través de la política económica por lo menos en tres situaciones: 1. Las consecuencias del alistamiento del territorio y la activación de la violencia para la ejecución del desarrollo extractivista y macroproyectos de infraestructura y energía, las cuales generan desplazamiento, despojo de tierras y asesinatos. 2. Las consecuencias de la adopción del neoliberalismo que niega derechos sociales, generando el empobrecimiento, la precarización laboral y el deterioro ambiental causando desnutrición, hambre, sed, muerte y pérdida de bienes; 3. Las consecuencias de la reacción brutal del Estado contra el Pueblo que se resiste al modelo de desarrollo impuesto que le genera sufrimiento.  

En la lista de funciones del Estado en la promoción del desarrollo capitalista, está el papel de las FFMM. La historia reciente ofrece pruebas de la relación estrecha entre la expansión militar y del poder del Estado con la expansión capitalista; la política de consolidación del control estatal del territorio no fue, y no es más, que un medio para la acumulación de capital; la estrategia paramilitar a comienzos de los 90 y la IV reforma a las FFMM en el preámbulo del siglo XX, son factores importantes en la reactivación de la violencia capitalista para asegurar la acumulación necesaria no solo adentro sino allende de nuestras fronteras. Es así como el período de mayores casos de despojo se concentra precisamente en el período de crecimiento de las FFMM.

Los datos son elocuentes y de manera hipotética podemos sostener que existe una relación directa entre la mayor caída del PIB, el inicio de la IV reforma a las FFMM, el crecimiento del pie de fuerza y su expansión geográfica, el Plan Colombia, el aumento de la inversión extranjera en recursos energéticos y el incremento significativo de eventos de violación a los derechos humanos, en especial desplazamiento forzado de población, el despojo de tierras y homicidios.

Las cifras así lo indican: En 1998 comenzó la IV reforma de las FFMM y en 2002 había crecido en más de 100 mil hombres; en 2002 se registró el mayor número de eventos victimizantes según cifras oficiales: 754.208 eventos con 717.778 víctimas de las cuales 625.774 son personas desplazadas; es el mismo año del comienzo del Plan Patriota y uno de los que registró el mayor número de masacres. Este baño de sangre fue el preámbulo del crecimiento: en 2004 la IED sumó solo 3015 millones de dólares y dio un salto a 10.251 en 2005; así apareció “el milagro colombiano”: pasó de decrecer -4.2 en 1999 a crecer 6.9 en 2007.

El poder del Estado se utiliza para impulsar estos procesos de acumulación contra la voluntad popular. En tal sentido, agotada la coerción lograda por la expectativa generada con la constitución de 1991, la banalización de la política en los medios de comunicación y otros instrumentos de propaganda utilizados en el control social, las FFMM debieron actuar para controlar la inconformidad con la implementación del neoliberalismo; en consecuencia nos encontramos con la criminalización de la protesta social, la continuidad del asesinato de opositores políticos y cerca de 9.500 presos políticos. La lucha anticomunista y la Doctrina de Seguridad Nacional perviven más allá de las políticas de seguridad y defensa de cada administración y período presidencial.

A esto se suma el hecho de que el crecimiento cuantitativo de las FFMM no tuvo los resultados esperados, es decir los verdaderos positivos contra la insurgencia, y presionadas por el gobierno y el capital, las FFMM se degradaron en los “falsos positivos”. Esta situación trajo como correlato los urgentes esfuerzos para el fuero militar, evadir las sanciones y aumentar la impunidad que en Colombia está por encima del 90%. A esto se agrega la corrupción con el inmenso presupuesto destinado a su funcionamiento. Verdaderas mafias se encuentran enquistadas en sus filas al punto de que no son pocos los asesinatos y desapariciones entre ellos, en un contexto donde tales hechos se le imputan fácilmente a la insurgencia.

En éste marco, el Estado y sus FFMM aún le deben muchas explicaciones, contar la verdad, a las víctimas y a la sociedad. Recordemos que el general y anterior comandante de las FFMM Leonardo Alfonso Barrero, le orientó a uno de sus subalternos encarcelado por corrupción y otros hechos, el coronel Róbinson González del Río, la creación de una mafia contra la Fiscalía. Un hecho como éste de extrema gravedad fue caricaturizado como un simple uso de “términos desobligantes”, lo cual se despachó con pedir disculpas públicas. A propósito, González señaló a siete generales que habrían ideado los falsos positivos, lista en la que está incluido el actual comandante de las FFMM el general Juan Pablo Rodríguez. Las FFMM tienen que responder por los “falsos positivos” como una política de Estado, cuyas cifras, según la Fiscalía, son 2.235 casos abiertos, 4.212 víctimas mortales, 2.457 detenidos en cárceles militares, 830 condenados, 188 absueltos.

Y es que indagar sobre la responsabilidad del Estado en la victimización de la población debe ampliarse más allá de la responsabilidad de sus agentes, los cuales pretenden mostrarse como “manzanas podridas”, caso en el cual, sería suficiente individualizar los autores materiales de la violación a los DDHH. En éste caso, la mirada se dirige de manera particular hacia las FFMM que ya tienen por lo menos 15 mil unidades encartados jurídicamente. A esto, los militares retirados le llaman “guerra jurídica de la insurgencia” en una clara demostración de solidaridad de cuerpo solidaridad entre criminales.

Así las cosas, la manipulación de la verdad intenta señalar que los crímenes cometidos por las FFMM son casos aislados, ejecutados por ovejas descarriadas, actos de corrupción o actos por fuera del servicio y no una política de Estado. Está claro que la Doctrina de Seguridad Nacional y todas sus versiones en la política de defensa y seguridad de los diferentes gobiernos, es el principal fundamento de esta barbarie al considerar su propio pueblo en términos de enemigo. Allí está el origen principal de la violencia del Estado contra el pueblo más aun cuando se tomó como propia la lucha anticomunista.

Las tareas de las FFMM en el papel desarrollista del Estado produce numerosas violaciones a los DDHH y ha sido invisibilizado en los diferentes informes oficiales y oficialistas sobre las víctimas del conflicto. Resulta increíble que en su momento el Grupo de Memoria Histórica de la CNRR y la Comisión de seguimiento a la política pública de desplazamiento forzado, no hagan ninguna alusión al papel de las FFMM en la victimización. Y cuando otros estudios como el del Centro de Memoria Histórica aluden a los militares, su responsabilidad se diluye en “miembros de la Fuerza Pública”. Si bien entonces los estudios presentan algunas diferencias en las sumas, lo cierto es que coinciden en los períodos como lo mencionamos al comienzo de éste texto, refiriéndonos a la coincidencia entre el crecimiento del pie de fuerza y el aumento de la violación de los DDHH incluyendo el despojo de tierras. En lo que sí tienen consenso es en evadir  las explicaciones de la victimización, incluyendo el papel de las FFMM y del Estado en general.

El Estado realiza inmensos esfuerzos en sacudirse el saco de la responsabilidad como victimario de millones de personas en Colombia. Sufre de olvido interesado y amnesia selectiva. Para ello utiliza medios de comunicación, investigadores sociales y opinadores prepago generando mitos legitimadores. Y una vez más cuenta con mayorías en el congreso denominado por Santos como el “congreso del posconflicto”, pero negado a encontrar la verdad obvia del paramilitarismo.

Para terminar, en otra oportunidad podremos ampliar las otras funciones e instituciones que cumplen tareas en el papel desarrollista del Estado como por ejemplo la utilización del monopolio de la legalidad para crear toda la arquitectura jurídica del neoliberalismo con graves consecuencias sobre los derechos de los trabajadores y de la población en general; o en la construcción de la infraestructura necesaria para el saqueo y servir al transporte de las mercancías hacia los mercados externos. O en la ambientación legal para el lavado de capitales del Narcotráfico, que además de que les ayuda en la crisis capitalista, es aprovechado por los banqueros para fortalecer el protagonismo del sector financiero al punto de que el hombre más rico de Colombia, el banquero Luis Carlos Sarmiento se pavonea con 14 mil millones de dólares. ¿Es posible lograr esta riqueza y generar semejante desigualdad sin teñirse de sangre?  

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