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LAS PROMESAS INCUMPLIDAS DEL MINISTERIO DE LA PAZ

Por: Fernando Giraldo

Recientemente se vienen celebrando los 20 años de creación del Ministerio de Cultura. El gobierno de Samper Pizano, impulsó la transformación de COLCULTURA al Ministerio de Cultura a mediados de la década de 1990. En medio de la intensificación del conflicto armado, el ascenso del paramilitarismo como fuerza nacional y la consolidación del proyecto neoliberal denominado “la modernización del Estado”, el Mincultura apareció como una institución llamada a sentar las bases para la reconciliación y la pacificación del país. Hoy 20 años después se advierten una serie de promesas incumplidas, así como la producción y reproducción de una idea de nación excluyente, centralista, mercantilista que alimenta precisamente las razones y las causas que mantienen hoy por hoy un conflicto que es social y armado, pero también cultural.


Desde finales de la década de 1980 y comienzos de 1990 la Unión Patriótica en cabeza de Bernardo Jaramillo Ossa y Manuel Cepeda Vargas, le apostaba a la creación del Ministerio de Cultura para que el Estado establecería una relación más estrecha con la realidad social y desde la instituciones culturales, fortalecer y reproducir las expresiones culturales populares, comunitarias y barriales, así como reivindicar la diversidad cultural, que constituyeran una alternativa a la una cultura nacional católica, blanca y conservadora que hasta el momento dominaba el escenario cultural colombiano.


Fue así como a comienzos del gobierno de Samper se puso en marcha el proceso de trasformación de Colcultura. El Mincultura fue un proyecto que se vendió por parte del gobierno de turno como una apuesta para renovar y ampliar el estatus de la cultura, democratizar el acceso a la cultura, darle mayor protagonismo a los municipios y regiones apartadas en la actividad cultural y fomentar la pacificación del país. El Mincultura representaba El Ministerio de la Paz, afirmaba el  señor Samper Pizano.


Sin embargo las múltiples promesas de hacer de la cultura una herramienta para reconciliar y pacificar el país a través de la nueva institución pronto se esfumaron. El proceso de consolidación del libre mercado en todas las esferas del Estado, también incidió en el ámbito cultural. El diseño de políticas culturales en los últimos 20 años ha estimulado la inversión de capitales privados en la organización de la actividad cultural, así lo invidencia la actual alianza de la Fundación Bill y Melinda Gatescon la Red de Bibliotecas Públicas,  o el impulso de la tesis del emprendimiento cultural que busca hacer de la “la cultura un sector productivo capaz de aportar al desarrollo económico del país” (Plan Nacional de Cultura 2001-2010, Compendio de políticas culturales 2010). Lo que se traduce en la cultura como una actividad rentable, tal y como hizo en neoliberalismo con la salud, los servicios públicos domiciliarios o la educación en Colombia desde la década de 1990.   


La cultura desde la institución, sigue siendo una actividad secundaria y más bien decorativa. Esto lo reafirma el escaso presupuesto de 2014 para el sector cultura de 342 mil millones frente a 27.7 billones de pesos para el sector defensa. Así como la incapacidad de establecer contratos de planta para el personal encargado de las bibliotecas públicas municipales.


Del mismo modo la descentralización administrativa en el que los municipios asumirían la organización cultural a partir de sus particularidades y sus identidades, tampoco se ha hecho efectiva. La denominada Estampilla Procultura (ley 666 de 2001) que obliga a asambleas departamentales y concejos municipales para recaudar recursos para ser invertidos en la actividad cultural, han sido foco de corrupción y mal manejo por parte de las elites políticas locales.


Los postulados con los que la Unión Patriótica proyectaba con la creación del Ministerio de Cultura no fueron materializados. Los criterios del libre mercado impuestos por la tecnocracia colombiana han afianzado en el país un modelo cultural anglosajón en el que prima la cultura como entretenimiento y como industria masiva y homogenizante. En el mismo sentido, su principal objetivo de resaltar y fortalecer las identidades culturales de nuestros pueblos es bastante cuestionado. ¿Dónde estuvo el Ministerio de Cultura para defender la identidad cultural, el territorio y la vida de las comunidades Embera katio del Alto Sinú en la construcción de la Central hidroeléctrica Urra 1?.  ¿Qué ha hecho la institucionalidad cultural sobre las prácticas etnocidas de despojo a comunidades indígenas por parte de las empresas mineras a lo largo y ancho del país?.  ¿Que han dicho sobre lo que padece actualmente el pueblo wayuú en la Guajira?.

Lejos de ser el Ministerio de la paz, el Mincultura hoy por hoy se reafirma como una institución con escaso peso y capacidad de decisión dentro de las acciones generales del Estado. Su omisión lo hace cómplice junto a una institución estatal, que en su discurso habla de paz, diversidad cultural y reconciliación, pero que en la práctica acentúa la exclusión, el despojo y la guerra en ciudades y lugares apartados de la Colombia profunda.


El proceso de la Asamblea Nacional Constituyente que actualmente impulsan los movimientos sociales del país, debe rediseñar, de manera integral, las políticas culturales del Ministerio de Cultura, en el que se amplíe y fortalezca su acción en todo el territorio nacional; se incluya realmente la cultura popular; se protejan y dignifiquen a los trabajadores, gestores culturales y artistas; se establezcan los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y las minorías; se valore y se promueva la interculturalidad en todos sus niveles; se estimule la diversidad por encima de la homogenización; se restringa el criterio economista y mercantil de la cultura a cambio de un modelo más humanista guiado por el bien común. Estas apuestas constituyen un paso inicial para pensarse la cultura, desde una perspectiva institucional, como una herramienta efectiva y eficiente en la reconciliación y reconstrucción del país.


Esta ha sido la apuesta principal e histórica del pueblo colombiano, y en particular de aquellos que han trabajado en el sector cultural.  Muestras de ello son las palabras de Patricia Ariza en 1989 siendo presidenta de la Corporación Colombiana de Teatro, y que hoy cobran mayor fuerza y vigencia:
"Es muy doloroso ver y saber que el desarrollo cultural ayudaría enormemente en la erradicación de las causas profundas de la violencia. Los artistas queremos y necesitamos participar en este proceso. ¡Nosotros estamos seguros que en este país la guerra puede evitarse! Hemos tocado muchas puertas y es poco lo que se ha conseguido. Estamos peleando para que se apropien partidas para el desarrollo cultural en las zonas de conflicto. Es decir, para que se gestione una política cultural contemporánea integrada a los programas de desarrollo socioeconómico. Que se rescaten los valores culturales. Que se vuelva a creer en la VIDA”

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