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JUSTICIA EN PERÍODOS DE TRANSICIÓN, PERO ¿CUÁL TRANSICIÓN?

Escrito por Sofía Morantes, PCCC

Los procesos de cambio social y político en el sur de Europa en los años 70[1], en América Latina con el fin de las dictaduras militares y en Europa del Este con la caída de la Unión Soviética impulsaron el estudio de las transiciones políticas. Una “ola” inaugurada por la Revolución de los Claveles y la derrota del salazarismo en Portugal, el 25 de abril de 1974, conocida también como la “tercera ola” de la democratización[2].

Estos hechos fueron objeto de un proceso de sistematización teórica dando origen a los estudios sobre la democratización y contribuyendo a la consolidación de dos subdisciplinas: la “transitología” y la “consolidología”. En estos estudios, la transición es entendida desde un punto de vista estrictamente cronológico y secuencial, como “el intervalo que se extiende entre un régimen político y otro”[3]. Un momento intermedio entre el inicio de disolución de un régimen autoritario y el surgimiento de un nuevo régimen político, el retorno al régimen autoritario o el surgimiento de una alternativa revolucionaria. Dependiendo del tipo de transición, y del papel de las élites en el proceso, medidas de justicia podrán ser aplicadas o, por el contrario, habrá impunidad.

Así, saber cómo lidiar con el legado de atrocidades y violaciones a los derechos humanos perpetrados en el pasado autoritario se erigió en una cuestión de orden ética y moral. Sin embargo, esta cuestión fue considerada secundaria por esta tradición teórica, más preocupada en entender cómo llevar a buen término el proceso de transición evitando así una regresión autoritaria. En este sentido, el clamor por justicia podía poner en peligro la transición a la democracia. De esta forma, primero en la ciencia política y luego en el derecho, surgió el concepto de justicia de transición o justicia transicional que puede ser definida como una concepción de justicia asociada a los períodos de cambio político[4]. El tratamiento marginal que los primeros teóricos le habían dado al tema de la justicia fue corregido posteriormente por otros autores.

Las transiciones políticas anteriormente mencionadas constituyeron la base de la justicia transicional moderna y corresponden a la segunda fase de la justicia transicional[5]. Ésta se distinguió de la fase anterior, influenciada por el Tribunal de Núremberg, en que se priorizó el mecanismo de la Comisión de la Verdad frente a los tribunales internacionales y los juicios. Se buscó la justicia, pero también la paz, y en general se buscaron diferentes maneras de reconciliar una sociedad.  

La nueva realidad internacional, sobre todo después del derrumbe del campo socialista, llevó a la generalización de la justicia de transición como paradigma. La “revolución democrática”, en el contexto de fin de la Guerra Fría y la consolidación de los Estados Unidos como poder hegemónico, contribuyó a considerar las transiciones políticas como un todo homogéneo y a que éstas fueran leídas a partir de la justicia transicional.  

Con el tiempo, el concepto de justicia transicional ha dejado de hacer referencia a la transición tal como había sido abordada por los teóricos antes mencionados. Así el énfasis en la “transición” ha dado paso al énfasis en el concepto de “justicia”. Además, el término “transición” se ha venido usando en un sentido bastante amplio, éste incluiría cualquier contexto en donde se pasa de un estado de guerra o de conflicto extremo a otro de paz. El concepto de justicia transicional también tiende a ser usado de forma indiscriminada, sin considerar las particularidades de cada una de las realidades donde es aplicada. En nuestro caso, el uso generalizado del concepto de “justicia transicional” no puede omitir el análisis de la especificidad y el carácter histórico de la transición política colombiana.

Ahora, ¿cómo el gobierno colombiano ha venido abordando la discusión sobre la transición? Una aproximación preliminar puede ser encontrada en un texto de 2009 escrito, entre otros, por el actual Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo[6]. Según los autores de este artículo, en Colombia no existiría actualmente una transición de un viejo régimen a uno nuevo, pues si concebimos las negociaciones de paz de los años 80 como tentativas para superar los lastres del Frente Nacional[7], se podría decir que el proceso de transición política en Colombia culminó con la promulgación de la Constitución de 1991[8]. Puesto que Colombia no es propiamente un caso de transición, lo que existiría sería la necesidad de fortalecer el actual orden constitucional o materializar la Constitución del 91; no se trata de crear un nuevo régimen o un nuevo orden político y sí de consolidar el orden constitucional ya existente.

¿Cómo esa idea se aplicaría al actual proceso de paz? En otro texto, una conferencia de Sergio Jaramillo dictada en la Universidad Externado en mayo de 2013[9], el concepto de transición está mejor explicitado: es despojado de cualquier referencia al régimen político y usado para designar una fase en una secuencia cronológica, la Fase III del proceso de paz con las FARC-EP o Fase de construcción de paz e implementación de los acuerdos que comienza una vez firmado el Acuerdo Final.

Ya en una conferencia de 2015, en el marco del XVIII Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, celebrado en la ciudad de Cartagena durante los días 13 y 14 de agosto, Jaramillo menciona el tipo de transición aplicable al caso colombiano: “las transiciones que ocurren del conflicto a paz al interior o en democracias, categoría en la que están Colombia e Irlanda del Norte” (p. 90), en ese sentido “la idea estratégica del Gobierno en este proceso ha sido terminar el conflicto y asegurar su no repetición sobre la base de un enfoque territorial” (p. 91).

Otro ejemplo, más reciente, puede ser encontrado en la conferencia de Sergio Jaramillo en la Casa de América en Madrid, España, en abril de este año[10]. En ésta, Jaramillo habla de los conceptos rectores del actual proceso de paz y hace referencia a lo que significaría una verdadera y profunda transición en Colombia. De entrada, afirma que la discusión conceptual en torno a la idea de transición es muy difícil por tratarse de un conflicto largo y porque en Colombia la democracia ya ha sido consolidada y tiene una constitución moderna lo que dificultaría discutir la idea de transición, sin embargo, parece sugerir que se trata de un cambio de reglas: “no más armas en la política”.

Debemos reconocer que el concepto de transición, así como otros conceptos usados por el gobierno en el marco del actual proceso de paz, no ha sido objeto de ninguna reflexión profunda. Dicho esto, a continuación, quisiera señalar algunas de las dificultades que conlleva este tipo de análisis.

Primero, según el gobierno, las instituciones que se crearán en el posacuerdo sólo tendrán como objetivo fortalecer el actual orden político. Ellas serán simples apéndices de instituciones ya existentes. No existe ninguna mirada crítica hacia esas instituciones, pues éstas han venido actuando en un contexto de guerra y lo mínimo sería pensar en una adecuación de las mismas en un contexto de paz.

Segundo, desconsidera el contexto histórico y político del actual proceso de paz.

Tercero, al afirmar que el desenlace previsible de este proceso es el fortalecimiento de las instituciones, elimina el elemento que define los procesos de transición política: la incertidumbre.

Cuarto, usa una concepción minimalista y normativa de la democracia en la cual ésta es considerada como un conjunto de procedimientos a ser cumplidos. Esta concepción, muy institucional, puede ser encontrada, por ejemplo, en el concepto de “paz territorial” que constituye la dimensión territorial de la transición según el gobierno.

Quinto, omite la relación entre la democratización político-institucional y la democratización social, así como la discusión sobre el tipo de régimen socio-político construido en Colombia en los últimos años, en particular después de la promulgación de la Constitución de 1991, y la discusión sobre la naturaleza del Estado.

El proceso de transición es en realidad, según el gobierno, un proceso de consolidación democrática bastante avanzado.

Al mismo tiempo, lo anterior no puede llevarnos a una suerte de “fetichismo institucional”. La democratización en Colombia no va a ser únicamente el resultado de la creación de nuevas instituciones y de la promulgación de una nueva Constitución, éste será un primer paso pero no ciertamente el único. La nueva institucionalidad tendrá que convivir por un tiempo con una cultura política no democrática y autoritaria. Varios son los especialistas que, en el actual debate, creen equivocadamente que tan sólo con una nueva institucionalidad y mejora en las condiciones materiales de vida de los habitantes de las zonas más afectadas por la violencia, solucionaríamos los efectos que nuestro pasado autoritario ha instaurado en nuestras prácticas cotidianas.

Como el debate apenas comienza quisiera dejar unas preguntas que remiten a nuestra historia contemporánea y requerirían de un análisis más coyuntural: ¿si el concepto de transición esgrimido por el gobierno no es pertinente para caracterizar el momento histórico actual, en qué consistiría el carácter excepcional de este momento transicional? ¿Por qué el conflicto continuó después del proceso constituyente de 1991, qué factores permitieron un estado de excepción permanente en Colombia? En este sentido, ¿el régimen surgido después de la Constitución del 1991 se diferenció radicalmente del régimen del Frente Nacional?

Pero la transición colombiana también estará caracterizada por la transformación de la insurgencia a movimiento político y por cómo éste logrará generar una amplia movilización social y popular no sólo alrededor de la implementación de los acuerdos, sino también alrededor de un nuevo proyecto político que finalmente transforme las viejas prácticas políticas autoritarias y antidemocráticas en valores radicalmente diferentes. Será esta movilización social la que caracterizará y definirá el alcance de la transición política en Colombia y permitirá, finalmente, el inicio de la consolidación democrática.

REFERENCIAS

GARCÍA VILLEGAS, Mauricio. La papelería de la paz, El Espectador, 13 de mayo de 2016. Disponible en: http://www.elespectador.com/opinion/papeleria-de-paz

JARAMILLO, Sergio; GINA, Yaneth; TORRES, Paula. Transitional Justice and DDR: The Case of Colombia. International Center for Transitional Justice, 2009. Disponible en:  https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-DDR-Colombia-CaseStudy-2009-English.pdf

_____. Transición en Colombia ante el proceso de paz y la justicia, El Tiempo, 14 de mayo de 2013. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12796874

_____. La esencia de la transición colombiana. In: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Justicia Transicional. Paz y Posconflicto. Imprenta Nacional de Colombia, noviembre 2015.

O’DONNELL, Guillermo; SCHMITTER, Philippe C. Transiciones desde un gobierno autoritario: Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas. Buenos Aires: Editorial Paidós, 1989.  

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ. Conversatorio de Sergio Jaramillo en Casa América, Madrid, 19 de abril de 2016. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=vFxpSrm59EQ

TEITEL, Ruti G. Transitional Justice Genealogy, Harvard Human Rights Journal, Vol. 16, 2003, pp. 69-44. Disponible en español: http://www.cdh.uchile.cl/media/publicaciones/pdf/18/59.pdf

UPRIMNY, Rodrigo; SAFFON, María Paula. La ley de “justicia y paz”: ¿una garantía de justicia y paz y de no repetición de las atrocidades? In: UPRIMNY, Rodrigo et al. ¿Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia. Bogotá, DeJuSticia, 2006.

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