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Desde la imposición de la ley 30 de 1992, las universidades públicas, han tenido que bailar al compás de un modelo que justifica la redefinición social de las mismas, en la imperiosa necesidad de insertar la educación superior colombiana a la dinámica de la economía global, mancillando los proyectos culturales regionales, la autonomía universitaria, las especificidades nacionales y la universidad como espacio de discusión y construcción de la sociedad misma.
 
Es así como ha venido creciendo en estas últimas dos décadas la transformación estructural de la universidad pública, donde la discusión académica, la formación integral del estudiantado, el impacto social de los proyectos con la comunidad, y la profesionalización de la labor docente, han ido poco a poco siendo enviadas al cuarto de san alejo.
 
Pretenden imponernos una universidad pragmática, flexible, de formación técnica y tecnológica, y por demás acrítica, donde se responda a una formación orientada por las necesidades específicas y coyunturales del mejor mercado. Con la nueva ley de educación superior se pretende establecer un régimen de castigos y premios, haciendo inaccesibles los últimos para aquellas universidades cuyas políticas internas no sean afectas al gobierno.
 
Una ley generosa en dotar al estado de facultades para incrustarse en las universidades públicas, salvaguardándose en la transparencia que deben ofrecer las mismas a la comunidad, pero que no es más que una transgresión a la autonomía universitaria, consagrada en la constitución. Estamos asistiendo a una sala de cuidados intensivos de las universidades públicas, donde las únicas curas posibles serán la autofinanciación, la erradicación del bienestar universitario, la formación técnica enfocada a la solución de problemas- verdadero telón para ocultar la desvergonzada intención de abolir la formación de mujeres y hombres críticos desde la academia- y el abandono de la investigación básica.
 
La nueva ley fue planteada con 4 propósitos fundamentales: 1. Mejorar la calidad en la docencia y la investigación. 2. Ampliar la cobertura, incluyendo esto la disminución de la deserción y el mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia en la educación superior. 3. Hacer "eficiente" y transparente la gestión educativa, entendida desde un punto de vista fiscal. 4. Orientar la oferta Académica a las demandas sociales. En principio pasa desapercibida cualquier intención de desfavorecer las universidades estatales. Sin embargo, cuando se mira con lupa el articulado del proyecto, se encuentran un número considerable de sagaces minucias, como por ejemplo pensar en que aunque se aumenta la base presupuestal, también se incrementa el número de entidades que ingresan al grupo de instituciones de educación superior (IES) quienes compiten por ese presupuesto. Ahora se contemplan como IES: Universidades, Instituciones Universitarias, Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones y Escuelas Tecnológicas.
 
Pretenden mejorar la calidad de la educación superior al mismo tiempo que llegan al punto de tratarla como cualquier servicio público, entendiéndose que puede ser prestado tanto por el estado como por particulares. Dicen que desean mejorar la cobertura y las condiciones de permanencia y acceso a la educación superior, cuando en realidad lo que esconden es la pretensión de colocar a las Universidades Públicas en una carrera de lobos para competir por pingües beneficios, enmarcados en recursos adicionales por la generación de cupos a la demanda.
 
Como ya se mencionó uno de los objetivos del proyecto (4) es orientar la oferta académica a las demandas sociales, lo que implica sembrar en la juventud la plaga del facilismo, pues muchos verán en una formación técnica o tecnológica una opción de progreso y de mejoramiento de la calidad de vida. Al orientar la oferta académica hacia este contexto se está dejando de lado un amplio sector de la academia, que aunque no responde a unas demandas del mercado, es imprescindible en una sociedad que debe construir un verdadero proyecto de país. Nos referimos al sector humanista, que será reestructurado –en el mejor de los casos- para responder a problemas de la vida laboral y no a la discusión académica y la proposición de alternativas para el desarrollo humano como le corresponde. Finalmente recordamos a la comunidad universitaria que la educación debe de ser con calidad para todas las personas sin importar su condición económica, social o racial.
 
Un pueblo sin educación es un pueblo que no está en las capacidades de transformar su realidad, y por lo tanto será un pueblo que seguirá alimentando el deseo de los ricos de amasar grandes sumas de capital para unos pocos.
 
El Movimiento Juvenil Bolivariano por la Nueva Colombia, invita a los estudiantes, docentes y directivos de la UTP a construir desde la academia la sociedad que transforme las condiciones de vida actuales. Una sociedad crítica y autocrítica, respetuosa, consciente, propositiva, educada en la solidaridad y orgullosa de estar enriquecida por la heterogeneidad de sus integrantes.

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