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Desde la misma Agenda de la Mesa de Diálogos de La Habana firmada en 2012, se identificó que la Participación Política había sido un componente histórico del conflicto y que se requería una apertura democrática para construir la paz. Dentro del punto 2 del Acuerdo Final, se contemplaron medidas claras en pos de realizar una Reforma Política Electoral, que contribuyera a sacar al sistema político colombiano de la profunda crisis de legitimidad en que se encuentra sumergido en medio de carteles de la toga, escándalos de financiación de campañas, corrupción galopante, ausencia de garantías, desinstitucionalización de los partidos y una abstención sistemática de más del 50%.

Se acordó la conformación de una Misión Electoral Especial, compuesta por expertos independientes que cumplieron su labor, entregando un informe y una propuesta de articulado de reforma constitucional, que recogiendo aportes de los mismos partidos políticos y de la CSIVI, inició su trámite legislativo en el pasado mes de mayo. Hoy debemos decir, que de las recomendaciones de la Misión Electoral y de las disposiciones expresamente mencionadas en el punto 2 del Acuerdo de Paz, no queda prácticamente nada en el proyecto de Acto Legislativo 07 de Senado/ 012 de Cámara, que está agendado para ser votado este lunes 27 de noviembre.

Las imposiciones de la clase política en medio del sabotaje parlamentario, hacen hoy que este proyecto lejos de aportar en el cumplimiento del Acuerdo de Paz, vaya en contravía de lo pactado en La Habana, de la apertura democrática y de la imperiosa necesidad de dignificar la política electoral en Colombia. No solo se ignoraron las disposiciones de la Misión Electoral, sino que la Reforma Política se ha convertido en un proyecto hecho a la medida de exigencias y urgencias electorales particulares con miras a la contienda de 2018, y carente de cualquier reestructuración de fondo a este maltrecho sistema político.

Luego de las mutilaciones, dilaciones y alteraciones sufridas por la Reforma Política en Cámara, el Senado ha continuado su desfiguración. Hoy es un Frankenstein irreconocible: una reforma para legalizar el transfuguismo de los enemigos de la paz, aprobar puerta giratoria para congresistas, coaliciones para las grandes maquinarias y favorecimiento constitucional sin ningún control las candidaturas por firmas. Nada de reformas a la organización electoral para ganar independencia, ni de desligar realmente la personería jurídica de los partidos del umbral de votación, ni de otros aspectos derivados del Acuerdo.

Si bien el actual proyecto aún mantiene algunos aspectos positivos -aunque bastante modestos-, relacionados con la financiación de los partidos o el régimen de transición de 8 años, en términos generales se retrocede en todos los aspectos en los que se pensaba avanzar. Han desaparecido progresos sustanciales para el control de los dineros privados en las campañas, así como los recursos judiciales para la celeridad en las decisiones electorales, las medidas de democratización interna de los partidos y la lista cerrada, entre otros contenidos. Se han echado por la borda más de un año de sesudas discusiones, elaboraciones técnicas y esfuerzos de consensos políticos.

Por estas razones consideramos que el proyecto de Acto Legislativo de Reforma Política no debe ser aprobado. No contribuye a resolver los cánceres que carcomen la política nacional y el sistema electoral. La clase política tradicional que ha usufructuado hasta ahora las reglas del juego electoral, solo ha permitido modificarlas pero para su propio beneficio, dándoles la espalda a las amplias mayorías que exigen una apertura democrática. Pedimos se detenga este embeleco de Reforma Política: que el Acuerdo de Paz no sea utilizado para agudizar la ausencia de garantías democráticas y el ventajismo electoral de las grandes clientelas, y que desde ya se retome el debate de las verdaderas reformas institucionales estructurales por las que clama la ciudadanía, para volver a creer en este sistema político.

 

 

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