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Cuando el ya fallecido expresidente colombiano Julio Cesar Turbay Ayala, aun como candidato a la presidencia de la república para el periodo (1978 – 1982), prometió que reduciría la corrupción (estatal) "a sus justas proporciones". Fue premiado por la elite colombiana con su investidura y castigado por el pueblo con la más fecunda producción de chistes.

Sin duda alguna el mandato de Turbay Ayala fue un completo banquete para los humoristas; a tal grado que los cuentos, se susurraban en los cocteles de la alta burguesía, y también se intercambiaban diariamente en los corrillos hechos por niños de las escuelas durante los recreos.

Dicha confesión pudo deberse a un tropezón imprudente, un extravío disléxico, o una cínica revelación. Pero en últimas, se trató de la exteriorización de esa obscena “sinceridad” oligárquica aceptada con toda naturalidad en exclusivos agasajos, pero que Turbay profirió públicamente en un discurso dirigido hacia la elite, pero cuyo mensaje también pudo ser codificado por el pueblo y fue ahí donde radicó su torpeza.

Lo que se comentaba en aquella época por su puesto no solo eran bromas sobre Turbay y sus discursos, sino denuncias muy serias en relación con los cientos de desapariciones forzadas, torturas, presos políticos, y asesinatos selectivos, ocurridos como efecto de su funesto Estatuto de Seguridad, gestado para impedir el avance del movimiento popular y revolucionario y que establecía entre otras cosas que los acusados por delitos como el alzamiento en armas, serían juzgados por la justicia penal militar, en consejos verbales de guerra

Y fue en ese contexto,  cuanto más abarrotadas se hallaban las cárceles del país y más se elevaban los índices de tortura al interior de las brigadas y batallones del ejército; que Turbay Ayala, declaraba con entumecida solemnidad, que en Colombia no había “ni un solo preso político”, ni mucho menos se practicaba la tortura.

Veinte años después, cuando más arreciaba la guerra en el país en el marco del llamado Plan Colombia, financiado y asesorado por los E-U, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez aseguraba agitadamente, que en Colombia no existía conflicto armado.

Pero la realidad era otra, el Plan Colombia concebido y elaborado por los EE. UU, presentado ante el congreso estadounidense por los senadores Dewine, Grassley y Coverdellson y valorado en nueve mil millones de dólares; tenía como presentación pública el estar diseñado para combatir el narcotráfico, aunque su objetivo real era la pretensión de los EE. UU y el régimen colombiano de derrotar militar y políticamente a la insurgencia, con el propósito a su vez de suprimir cualquier tipo de resistencia popular en contra de las políticas neoliberales y garantizar así el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

Dicho Plan se materializó en millares de asesinatos políticos por parte de las fuerzas estatales y paraestatales. Pueblos enteros saqueados y convertidas sus plazas principales en escenarios de tortura y crueldad sin límites contra la población civil, acusada de ser colaboradora, simpatizante o perteneciente a la guerrilla.

Por eso en relación a las fuerzas del régimen, las FARC- EP demostraron que: “Antes que alcanzar la victoria, - en dicho Plan - el conflicto armado colombiano alcanzó su pico más alto en la historia, dando lugar a la más horrorosa campaña de crímenes de guerra y de lesa humanidad, y a la más aberrante violación de los derechos humanos por parte del Estado colombiano, en contra de millones de compatriotas que pagaron con su sangre, su despojo y su sufrimiento los costos de esa aventura (…) el año 2000, primero de la implementación del Plan Colombia, producía la impresionante cifra de 455.776 víctimas. Y la suma de todas ellas desde ese mismo año al 2013, produjo la espantosa cifra de 5.130.816 víctimas, es decir cinco veces más víctimas que todas las que produjo el conflicto antes de entrar en vigencia el engendro criminal que se llamó Plan Colombia”

 

En medio de este sombrío paisaje, Álvaro Uribe insistió e insiste aún en su derrotada negación de la existencia del conflicto armado en Colombia, como si bastara esconder la soga para desaparecer al ahorcado. Pero al contrario de sus pretensiones, ésta empecinada negación se volvió su contrario, al colisionar con la realidad y la exigencia de la superación de la guerra de parte de millones de colombianos que la viven.

El fiscal general de la nación Jorge Humberto Martínez y otros altos funcionarios del Estado colombiano, niegan sistemáticamente la irrebatible sistematicidad de los asesinatos de dirigentes sociales a manos de un paramilitarismo más vivo que nunca, y cuya negación expresa hoy como cuando Turbay una afirmación soterrada e irrevocable.

El paramilitarismo fue concebido por los EE-UU y el régimen colombiano y algunos sectores como el uribista no quieren cargar solitariamente con la responsabilidad, ni asumir monoparentalmente la carga de un engendro concebido en orgías sangrientas, y nutrido en el contexto de una paternidad de toda una clase social dominante a través de políticas encubiertas y telones bipartidistas.

Con esta historia de negaciones que afirman. De síes que son noes y noes que son sies, de guerras silenciadas con bombas y decapitaciones, y de dirigentes asesinados legalmente por el Estado a través de sus fuerzas ilegales, y de acuerdos entre militares y paramilitares en algunas regiones del país, deberíamos desde ya dilucidar el acertijo planteado por el comandante del Ejército, general Alberto José Mejía cuando con toda tranquilidad asegura ante los micrófonos: “Estamos entrenando militares para la paz”.

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