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Con fecha agosto 27 de 2019 he solicitado a la Jurisdicción Especial de Paz que, en garantía de mis derechos relacionados con el proceso de reincorporación a la vida civil, adopte medidas que esclarezcan la ocurrencia de hechos que ponen en riesgo mi seguridad física y jurídica, debido a que vengo siendo objeto de hostilidades y persecución política.


Entre los hechos relacionados en la denuncia se encuentran: el hurto de la camioneta de placas ELV-809 del esquema de protección asignado a mi nombre, suceso ocurrido en la ciudad de Bogotá el día 24 de julio de 2019, donde fue agredido y sometido el escolta que la conducía. Posteriormente el día 25 de agosto, personas desconocidas ingresaron a mi lugar de domicilio de la ciudad de Barranquilla y hurtaron dos computadoras portátiles de mi propiedad. Cabe indicar que uno de los computadores contiene documentos de trabajo y preparatorios de la Versión Colectiva de FARC en la región caribe, a presentarse dentro del Caso 001 adelantado por la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad.


He dejado constancia ante la JEP y demás instituciones y organismos competentes que, en términos generales, la Unidad Nacional de Protección presta un servicio deficiente y precario, como consecuencia del recorte presupuestal y el sistemático plan de desarticulación del programa de protección surgido de los Acuerdos de La Habana, que dio origen a la subdirección especializada, lo cual se evidencia en: obstáculos, desatención, falta de herramientas idóneas, planta de personal insuficiente y últimamente violación de la autonomía para el funcionamiento y la prestación del servicio, que es la razón de ser del programa de protección en el marco del Acuerdo de Paz; lo anterior enmarcado en una “reingeniería” del programa, que no ha sido discutida con la población objeto. Ejemplos de lo anterior son: parque automotor en mal estado, suministro de combustible insuficiente, ausencia de armas de apoyo que son necesarias en zonas apartadas y de alto riesgo, restricción de la movilidad de los protegidos con restricciones de las misiones de desplazamiento, incumplimiento de las empresas rentadoras etc.


Por lo anterior responsabilizo al Estado colombiano, representado formalmente en el presidente Iván Duque Márquez, por cualquier acontecimiento que ponga en riesgo mi seguridad física, teniendo en cuenta que es su despacho el responsable de brindar garantías y protección a los exguerrilleros que asumimos el cumplimiento del Acuerdo de Paz.




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