Desde el día de la instalación de los diálogos de paz en Oslo, las FARC-EP, hemos advertido con mayor énfasis que las políticas agrarias del gobierno Santos apuntan a continuar el despojo de la tierra a los campesinos, pero ahora por vías legales. La verdad salta a la vista, para el caso colombiano, la concentración de la tierra rural genera un índice Gini de 0.86 y en menos de 100 mil propietarios está concentrado el 41% de la tierra. Colombia ocupa el tercer lugar en desigualdad en el planeta con un índice de Gini de 0.58. Todo esto ocurre al tiempo que las ganancias de la banca a Junio del año pasado habían crecido a 169% y la informalidad laboral superaba el 60%.

El actual régimen de Santos toma la ruta de un "nuevo modelo económico” basado en atraer capital extranjero a gran escala y a largo plazo, para el sector extractivo minero energético; al igual que el expresidente Uribe, el presidente Santos es un ávido defensor y promotor del modelo capitalista y extractivista. Formalizarle la tierra al campesino, bancarizarla, liberalizar el mercado de tierras será la vía para la descampesinización de las áreas rurales y proceder con una “modernización” que solo favorece a los potentados criollos y a las trasnacionales. Como siempre cualquier procedimiento estará aderezado con fraudes y trampas, con trucos y engaños. Hasta las UAF y los baldíos terminaran en manos delos más ricos en detrimento de las mayorías nacionales. La forma como están feriando la altillanura es un ejemplo claro de nuestra afirmación.

A continuación presentamos la siguiente carta, que nos da una serie de argumentos frente al tema:



Bogotá D.C, Mayo 27 de 2013
Señor
Luis Carlos Sarmiento Angulo, Presidente Holding Grupo Aval Acciones y Valores S.A

Asunto: Solicitud de devolución de tierras y recursos de los colombianos

En nuestras investigaciones en materia de tierras y desarrollo rural, nos hemos encontrado con acaparamiento de baldíos nacionales por empresas suyas. Usted y sus bufetes de abogados conocen que dichas tierras de la nación tienen como destino el acceso progresivo a la propiedad rural de lo campesinos y trabajadores agrarios en condiciones de pobreza. Y que la norma prohíbe acumular más de una Unidad Agrícola Familiar-UAF, a fin de que con ello no se concentre la propiedad de la tierra.

Se trata de graves hechos que no podemos pasar por alto y que estoy en la obligación de poner en conocimiento de la ciudadanía y de las autoridades competentes. Al respecto, de cara a mi actividad parlamentaria quisiera dirigirle tres simples preguntas, que seguro  se harán también millones de colombianos  a quienes compartiré  sus respuestas, que pronto espero.

La primera pregunta es:
¿Bajo qué consideraciones usted, dueño de cuatro bancos, un periódico nacional, un fondo de pensiones, una cadena de hoteles, concesionarias viales, constructoras de vivienda, compañías petroleras y de gas, y otros tantos negocios, se cataloga como campesino pobre y por tanto sujeto del derecho a acceder a baldíos de la nación?

La interrogación me surge, porque en mis averiguaciones he constatado que más de 13 mil hectáreas, la mayoría proveniente de procesos de reforma agraria (entregada a campesinos) en los municipios de Puerto Gaitán y Puerto López en el Meta, son ahora de su propiedad. Así por ejemplo, su Organización Pajonales S.A. acumula más de  4000 hectáreas en una zona donde la  Unidad Agrícola Familiar alcanza las 699 hectáreas. Considerando solo Pajonales, usted ya ha violado con creces la prohibición de acumular baldíos.

Las dos siguientes preguntas, se derivan de los siguientes hechos:
Cualquier colombiano, sin temor a equivocarse, puede afirmar que la mayor parte de su riqueza proviene de dos fuentes, una más conocida que la otra:

1. De la renta extraída del cobro que le hace a su clientes de los bancos Popular, Occidente, AV Villas y Bogotá, y de otros negocios financieros.

2. De la contratación y de la ayuda estatal. Para efectos de respuesta, sólo considere lo segundo, más exactamente los cuantiosos recursos  no reembolsables, que usted ha recibido en negocios agroindustriales.
Así las cosas le pregunto entre atónito y asombrado:

¿De dónde surge su derecho a postularse para acceder a los créditos SUBSIDIADOS por el estado colombiano, a través de FINAGRO y por valor de 35.600 millones de pesos, mientras usted a través  de sus bancos cobra a los colombianos  intereses cercanos a la usura?

Su fortuna según Forbes, asciende a US$13 billones de dólares, riqueza que lo clasifica en el puesto 64 de aquella revista. Es decir, de lejos, usted es el hombre más rico de Colombia y está entre los más ricos a nivel mundial. En este orden de cifras ¿Con qué criterio ético y responsabilidad empresarial usted se hace beneficiario a incentivos y recursos públicos tales como: CIF (187 millones), AIS (375 millones) y Exenciones Tributarias (sin valor reportado aún)?

Yo no sé si su contador estará de acuerdo con migo, pero sostengo que si usted devuelve a los colombianos dichos recursos y las tierras adquiridas vulnerando la ley, no perderá su actual escalafón en Forbes y tampoco pondrá en riesgo sus finanzas personales o familiares. Señor  Sarmiento, con firmeza y alzando la voz de millones de colombianos, le solicito reintegre esos recursos a la nación. Pague señor Sarmiento, ¡pague aunque sea sin reconocer los intereses!

Atentamente
Wilson Neber Arias Castillo
Representante a la Cámara, Valle del Cauca
Polo Democrático Alternativo