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  • Eliminó las categorías de pequeña, mediana y gran minería, de las que conformó las llamadas "Unidades Productivas Mineras" en el que estarían en igualdad de condiciones el pequeño minero y el gran inversionista nacional e internacional.
  • Fijó un nuevo esquema contractual a través del Contrato de concesión, que se convirtió en la única forma de contratar con el Estado. Incluso en áreas de Reserva Minera Especial.
  • Con esta modalidad, se estableció que un empresario minero puede pasar de la fase de exploración a la de explotación de los recursos naturales no renovables (como el carbón), con una única licencia y de manera automática. Como la que el gobierno le adjudicó a la Drummond en septiembre del año 2008.
  • Fijó en treinta años la duración del contrato de concesión, dándole prelación al empresario minero para que pueda prorrogarlo hasta por treinta años más. Como lo contempla el articulo 77 cuando estima: "... vencida la prórroga mencionada, el concesionario tendrá preferencia para contratar de nuevo la misma área para continuar en ella las labores de explotación. Esta no tendrá que suspenderse mientras se perfecciona el nuevo contrato..." pero, además, el contratista que va a explotar la mina tiene derecho a que su contrato no se vea afectado por la legislación que se promulgue después de la celebración del mismo, a menos que se trate de normas que le favorezcan
  • Definió nuevas reglas para la expedición del título minero, por ejemplo, eliminó el requisito de contar con licencia ambiental en la fase de exploración.
  • La autoridad minera se transfiere al respectivo departamento y alcaldía. Como lo demuestra el acuerdo No 012 del 18 de mayo del presente año, que faculta al Alcalde municipal de Manaure (Cesar) para celebrar contratos con "diferentes entidades públicas y privadas del orden nacional, departamental, municipal e internacional y contratos con personas naturales y jurídicas".

Este nuevo código minero colombiano coloca en condición de igualdad a las minerías de grande, mediana y pequeña escala, haciendo un tratamiento de iguales entre desiguales. En tan inequitativa relación, se somete a los pequeños mineros a términos contractuales de un único contrato de concesión, con idénticos principios técnicos, financieros y organizativos.

La reglamentación del nuevo código ha generado múltiples objeciones por parte de varios sectores sociales, ya que éste viene violentando los derechos individuales y colectivos por varios motivos: primero, porque se flexibilizaron las condiciones y exigencias ambientales dentro del proceso minero, después se eliminaron las consideraciones a la pequeña minería y a la artesanal, y como si fuera poco, se atentó contra el bienestar de las comunidades afectadas al exonerar de exigencias fiscales y tributarias a los inversionistas. Todo esto, a tal punto que se pueden generar problemas irreversibles por ignorar condiciones culturales, ambientales y sociales consagradas en la Constitución Política de Colombia y en convenios internacionales.

En este sentido los revolucionarios del Cesar unidos en torno al proyecto político del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, denunciamos:

1. El código es elaborado por los abogados de las mismas multinacionales, son ellos quienes lo redactan y conciben de acuerdo a los intereses de sus jefes.

2. Restringe la acción de la autoridad minera y ambiental en detrimento de la soberanía nacional.

3. El control y cumplimiento de la legislación ambiental queda al libre albedrío del operador minero.

4. Reduce los territorios indígenas y afro descendientes, a la par que amplía las zonas de explotación minera dedicadas a las grandes compañías del ramo.

5. En lo tributario, implica enormes rebajas de impuestos, compensaciones impositivas por obligaciones ambientales.

6. Crea regalías fijas por toda la operación, disminuyendo las regalías a los propietarios privados del subsuelo de un 10% a un 0.4%.

7. Prohíbe a los municipios, departamentos y a la nación misma, crear nuevos impuestos en deterioro de los escasos recursos de los entes estatales.

8. Como si fuera poco, penaliza la minería informal, que en Colombia representa hasta un 80% de la producción, para proteger a la gran minería.

9. Elimina las categorías de pequeña, mediana y gran minería y crea la "unidad productiva minera".

10. Criminaliza a los pequeños mineros que no se legalicen en un tiempo determinado.

Los anteriores puntos de vista recogen la inconformidad que los mineros del departamento del Cesar tienen frente al nuevo Código Minero, que privilegia a la gran minería en detrimento de la pequeña y artesanal.

Por esta razón, le decimos al país que con estas estrategias jurídicas en pos de garantizar el beneficio de las trasnacionales, el gobierno nacional pretende entregar toda empresa pública rentable en manos del capital trasnacional, y no contento con ello, planea entregar nuestros recursos naturales a precio de "gallina flaca".

Por ello, pedimos a todo el pueblo de Colombia que se una en nuestra lucha para hacer posible el proyecto revolucionario del padre de la patria Simón Bolívar, materializado en la Plataforma de lucha del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia: "Explotación de los Recursos Naturales como el petróleo, el gas, el carbón, el oro, el níquel, las esmeraldas, el agua y la biodiversidad etc., en beneficio del país y de sus regiones, garantizando la preservación del medio ambiente. Renegociación de los contratos con compañías Multinacionales que sean lesivos para Colombia".

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