Actualmente en La Habana, en el marco del desarrollo de los diálogos de paz, abordado el segundo punto de la agenda, referente a la participación política se ha vuelto más insistente la exigencia del cese de las actividades insurgentes; esto atendiendo la existencia de un espacio democrático, reflejo de la mesa de  dialogo en la habana, lo cual según el gobierno colombiano y otros de la misma línea hegemónica hacen de la lucha armada un ejercicio anacrónico y descontextualizado.

Esta sola suposición desvirtúa y le quita peso argumentativo a la campaña antisubversiva. Esta suposición irrespeta el sentimiento de las masas populares y pone en peligro el desarrollo de los diálogos de paz, pues de antemano pretende colocar a la guerrilla en una condición de inferioridad con relación al gobierno, dando a entender que esta coyuntura histórica es una oportunidad de sobrevivencia para los miembros de la FARC y no de reconciliación nacional, desconociendo la dignidad del contrincante y la voluntad política de una gran parte de la población del territorio nacional que  siente en la guerrilla su representación en la mesa. Eso mismo sucede  cuando le resta mérito y compromiso a la lucha popular tildándola de terrorismo.

El gobierno se explaya en declaraciones y robustece su campaña mediática  a fin de convencer al pueblo colombiano y a la comunidad internacional de la pulcritud de su pseudodemocrácia. Pero las verdades de alguna forma se manifiestan para descubrir el monstruo dantesco que se esconde detrás de  cada discurso pacificador. 

La crisis humanitaria que se vive en la región del Catatumbo es la evidencia de la ausencia de genuinidad en el discurso democrático del gobierno, el cual es algo más parecido a una apología a la intolerancia y al genocidio, cuando el mismo  en cabeza del presidente de la república señala como miembros de la insurgencia y  el terrorismo a todos los participantes de la protesta campesina; obvia que  ésta no es más que una respuesta a la injusticia, al olvido que por tanto tiempo ha padecido esta región; es una muestra de resistencia popular que hoy como en décadas atrás soporta la represión estatal con dignidad y fortaleza.

El carácter de las protestas del Catatumbo está plenamente dentro del marco de la legalidad: La declaración de los derechos humanos en la cual se reconoce el derecho a la protesta pacífica le da su respaldo; la constitución nacional Colombiana; o la declaración universal de los derechos de los pueblos suscrita el 4 de julio de 1976 en Argel son unos de los tantos soportes políticos y legales de este levantamiento. No son solo estos  elementos legales los que sustentan este tipo de manifestaciones, hay circunstancias fácticas que obligan y sostienen los levantamientos populares.

Elías Días describe: “los derechos fundamentales, constituyen la razón de ser del estado de derecho, su finalidad más radical, el objetivo y criterio que da sentido a los mecanismos jurídicos y políticos que componen aquél” . El gobierno colombiano al desconocer y transgredir el derecho a protestar que tienen los campesinos del Catatumbo desconoce todas estas instituciones legales de carácter nacional e internacional, hecho  que se hace aún  más grabe debido a que son éstas herramientas elementales para  la preservación de la paz y la democracia, sin dejar de mencionar que extingue su razón de ser, la necesidad de su existencia se deslegitimiza.

Al darle un vistazo a la crisis del Catatumbo y descubrir la forma sistemática en la que  los derechos de primera, segunda y tercera generación han sido atropellados íntegramente, resulta  impensable concebir la lucha opositora de forma diferente a la armada. Considérese que los pobladores de la región del Catatumbo  no son agentes en condición de  oposición política, solo reclaman el derecho a ser escuchados por el gobierno, a fin de garantizar la implementación del reconocimiento de las zonas de reserva campesina. Qué se dejará para quienes en el ejercicio de sus derechos fundamentales practiquen la oposición política?

El saldo actual es de 4 campesinos muertos a manos del ejército, sin que se conozca aun cuales fueron los móviles de los homicidios ni los responsables. Son homicidios de Estado, y estos abanderados de la democracia moderna que señalan con oprobio e imprueban el levantamiento de los pueblos, el derecho a luchar por la defensa de sus derechos fundamentales, por la democracia, por la paz con justicia social son el principal motivo por el cual hoy al igual que en el pasado la lucha armada siga siendo vigente y necesaria: Por el despojo de la tierra, por la intolerancia ideológica de las hegemonías, por la tergiversación mediática; por el atropello ancestral de los derecho humanos, la democracia y, por prohibir a los colombianos el derecho universal a la paz.