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En la definición general de esta octava propuesta indicamos como principio básico de sustentación, que “los criterios, instancias, mecanismos e instrumentos de justicia a aplicar a fin de garantizar los derechos de las víctimas del conflicto serán definidos de manera concertada por las partes”, agregando que “sin perjuicio de la responsabilidad principal imputable al Estado, así como de la responsabilidad de otros actores políticos, económicos y sociales, para los efectos de la construcción de un eventual Acuerdo final para la terminación del conflicto, la definición de los criterios, mecanismos e instrumentos de justicia deberá sustentarse en la compleja formulación del balance entre la búsqueda de la paz estable y duradera a la que aspira la sociedad colombiana en su conjunto...”. Y como idea  fundamental, expresamos que en el marco de “nuestra condición de organización político-militar”, debe abrirse paso al presupuesto principal del “reconocimiento amplio del delito político y del derecho a la rebelión, incluidas las conexidades, con todo lo que ello implica”.
9.1. Acciones inmediatas y preventivas de no repetición:
a) Concretar un cese bilateral de fuegos y de hostilidades;
b) Suspender proyectos de inversión minero-energética y de infraestructura (en curso o previstos) que estén generando en forma comprobada o puedan generar desplazamiento, despojo u otras vulneraciones graves sobre los derechos humanos; y
c) Detener el trámite y archivar iniciativas legislativas que por sus contenidos vayan en contraposición a los acuerdos parciales alcanzados en la Mesa de diálogos o comprometan posibles vulneraciones de los derechos humanos, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de la población.
 
9.2. Reformas estructurales para la no repetición y la reconciliación nacional, que indican la superación de las condiciones estructurales de la violencia del sistema y de los procesos de victimización que de ella se derivan. Se precisa poner en marcha un proceso constituyente abierto, con la más amplia participación política y social, que deberá conducir a la convocatoria y realización de una Asamblea Nacional Constituyente.
 
9.3. Proscripción del anticomunismo y de la doctrina de la “seguridad nacional”, lo cual implica la proscripción de medidas contrainsurgentes y de la “seguridad nacional”, promoviendo una  nueva cultura política que garantice el reconocimiento y la regulación democrática del conflicto social y la garantía y protección de los derechos humanos poniendo freno a la intervención foránea.
 
9.4. Desmilitarización de la sociedad y reforma de las Fuerzas Militares y de Policía, incluyendo los servicios de inteligencia del Estado. Esto implica:
a) Reconversión de las Fuerzas Militares de fuerzas contrainsurgentes hacia fuerzas de protección de la soberanía nacional y de las fronteras patrias;
b) Reducción del tamaño de las Fuerzas Militares;
c) Disminución del gasto y defensa hasta un dos por ciento (2%) del PIB y reasignación del ahorro a gasto social y para la materialización de los derechos de las víctimas del conflicto;
d) Rediseño de instituciones educativas militares del nivel básico, medio y superior hacia instituciones enteramente civiles;
e) Reconversión de medios de comunicación de carácter militar hacia entidades civiles;
f) Redefinición de las actividades cívico-militares, hacia actividades netamente civiles;
g) Realización de programas de readaptación laboral y de empleo para funcionarios del sector “Seguridad y Defensa”,
h) Subordinación de la Policía al poder civil:
i) Rediseño de los servicios de inteligencia hacia la protección de la soberanía nacional y
j)  Apertura pública de los archivos de las Fuerzas Militares y de Policía y de los servicios de inteligencia.
 
9.5. Depuración del Estado y de las Fuerzas Militares y de  Policía, incluyendo los organismos de inteligencia que hayan estado comprometidos con procesos de victimización, atendiendo las conclusiones y recomendaciones de la “Comisión de esclarecimiento y no repetición”, concebida como una contribución al establecimiento de la verdad histórica y al reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto.
 
9.6. Desmonte y erradicación del paramilitarismo, para lo cual se conformará una “Comisión de esclarecimiento del paramilitarismo”, atendiendo los establecido en el punto 3 del Acuerdo General. Con base en ello, el Gobierno y las FARC-EP - en la “Comisión de erradicación del paramilitarismo”- creada para tal efecto, diseñarán de manera conjunta una agenda y cronograma de seguimiento que permita implementar las medidas y acciones a las que hubiere lugar.9.7. Garantías para el ejercicio de la política y del derecho a la movilización y la protesta social. Se deberán proveer garantías para su plena expresión, no estigmatización, no persecución y su tratamiento no represivo. Asimismo, implica el reconocimiento y las plenas garantías para la oposición política y social y el derecho a ser gobierno. Se restablecerá en forma plena y amplia el delito político y el reconocimiento del derecho a la rebelión, lo cual gozará de la correspondiente protección constitucional.
 
9.8. Conformación de la “Comisión constitucional permanente de garantía, protección y  promoción de los derechos humanos y de prevención de sus graves violaciones”. Esta Comisión se integrará con representantes de las organizaciones de mujeres, campesinos, indígenas y afrodescendientes, de los trabajadores, de derechos humanos y de las víctimas del conflicto, así como de los movimientos políticos y sociales, como instancia de participación, control y veeduría social.
 
9.9. Compromisos de las FARC-EP.
Las FARC-EP se comprometerán en lo que les corresponda a contribuir a la no repetición. Dentro de sus principales aportes se encuentran:
a) Su contribución a la finalización de la confrontación armada;
b) Su decisión de transformarse en un movimiento político que impulse las transformaciones estructurales.
c) La activa participación en la construcción de la memoria y de la verdad histórica, y de acciones reparadoras
d) Sus experiencias de democracia directa y comunitaria, de economías y valores solidarios y de cooperación social.
 
9.10. Provisión de seguridad individual y colectiva.
Se proveerán las condiciones necesarias de seguridad personal y colectiva a dirigentes políticos y sociales, obreros, campesinos, indígenas y afrodescendientes, a defensores de derechos humanos, a sus múltiples instituciones y procesos organizativos, sean éstos partidos, movimientos, sindicatos, colectivos, asociaciones u expresen otras formas de organización social. Se creará una Comisión Permanente para tal efecto, que contará con representantes de los afectados e interesados.
 
9.11. Reconstrucción y protección de la memoria y de la verdad histórica.
Los informes de la “Comisión histórica del conflicto y sus víctimas” y de la “Comisión de esclarecimiento y no repetición” representan aportes de mayor significado en desarrollo de ese propósito. Por tal razón gozarán de la más amplia difusión tanto en sus formatos originales impresos y digitales como en versiones pedagógicas y didácticas.
 
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
 
6.1. Garantía constitucional de la reparación integral de las víctimas individuales y colectivas del conflicto. Se incorporarán las garantías a la Constitución como responsabilidad y compromiso del Estado en desarrollo de sus principios y fines, siempre atendiendo estándares internacionales. La reparación de las víctimas es integral en cuanto compromete aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, simbólicos y sicosociales. Para efectos de la reparación integral se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
7. Participación directa de las víctimas del conflicto y sus organizaciones en la definición de políticas para la garantía efectiva de sus derechos.
 
En desarrollo de las propuestas mínimas sobre Derechos integrales de las víctimas para la paz y la reconciliación nacional, las FARC-EP presentamos el siguiente conjunto de iniciativas correspondientes a nuestra séptima propuesta:
5.1. Garantizar el reconocimiento pleno de los derechos de las víctimas individuales y colectivas del conflicto, considerando que las víctimas provienen especialmente de los humildes y los excluidos de nuestro país. Tal reconocimiento será integral, con enfoque diferencial, poseerá una perspectiva de género, enfatizando en los derechos de las mujeres, y atenderá los estándares internacionales. Tendrá como fundamento la materialización del derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, comprendiendo la provisión de condiciones estructurales que posibiliten su disfrute efectivo en contextos de paz con justicia social y reconciliación nacional.