Unknown column 'a.client_id' in 'where clause'
  • 1
 
a. Restablecimiento pleno de las condiciones al momento de los hechos victimizantes. En atención a que el despojo de tierras y de territorio ha constituido uno de los ejes del ejercicio de la violencia estructural, se hará énfasis particular en ese aspecto y se garantizarán los diseños institucionales para una muy pronta recuperación de lo expropiado;
b. Definiciones inmediatas para la superación de la pobreza y la miseria, considerando que las víctimas han sido en su inmensa mayoría los humildes y desposeídos que viven en esas condiciones;
c. Compensación económica de los impactos producidos sobre las vidas y proyectos individuales y colectivos de las víctimas desde el momento de los hechos victimizantes hasta el reconocimiento de la victimización;
d. Atención especial de los componentes políticos, sociales, culturales, simbólicos y sicosociales, lo cual supone acciones específicas en esos aspectos;
e. Para establecer los sujetos de la reparación integral se considerará lo establecido en los puntos sobre el reconocimiento de víctimas (capítulos 2 y 3 de las propuestas mínimas);
f. Enfoque diferencial, con perspectiva étnica, territorial y de género. En todo caso, una política de reparación integral comprometida en forma cierta con las víctimas solo es posible si comprende las reformas políticas, económicas, sociales y culturales para la real democratización del país y se fundamenta, por tanto, en un concepto de justicia social transformadora para el bienestar y el buen vivir de la población, evitando la re-victimización y reconociendo la centralidad de las víctimas del conflicto como sujetos de los cambios estructurales que necesita el país.
6.2. Formulación e implementación del “Plan Nacional para la Reparación Integral de las víctimas del conflicto”. Este tendrá sustento constitucional y se diseñará para un período inicial de diez (10) años. La definición de los propósitos y objetivos del Plan, de sus metas y prioridades, de las medidas de política económica y social necesarias para implementarlo, así como del Plan de inversiones y de los programas y proyectos que lo conformen, se hará con la participación directa y decisoria de las organizaciones de víctimas del conflicto. El Plan se enfocará en la justicia social transformadora, territorial y de género, y tendrá capítulos regionales. Especial atención merecerán las mujeres, los campesinos, indígenas y afrodescendientes, así como sus múltiples procesos organizativos. Los movimientos y organizaciones políticas, sociales y sindicales víctimas tendrán igualmente un capítulo especial. En igual sentido, el Plan deberá contemplar políticas y acciones de reparación para combatientes víctimas, y para los presos y prisioneros políticos, cuyos derechos han sido vulnerados.
 
6.3. Conformación del “Consejo Nacional para la Reparación Integral de las víctimas del conflicto”. Este consejo tendrá la función principal de participar en el proceso de elaboración del Plan Nacional y de hacer seguimiento y control a su implementación. Las organizaciones de víctimas de mujeres, de las comunidades campesinas, de las comunidades y pueblos indígenas, de los afrodescendientes, de los partidos, de los movimientos políticos y sociales, y del movimiento sindical, tendrán un representante elegido por ellas mismas, respectivamente. El Consejo se integrará además con un representante del Departamento Nacional de Planeación y otro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
 
6.4. Creación del “Fondo Especial para la Reparación Integral de las víctimas del conflicto”. Con el propósito de garantizar la financiación del Plan Nacional, se conformará el “Fondo Especial para la Reparación Integral de las víctimas del conflicto”, el cual será de origen constitucional y se comprenderá como transferencia anual equivalente al tres por ciento (3%) como mínimo del Producto Interno Bruto, con destinación específica y con cargo al presupuesto general de la Nación. El Fondo Especial se conformará con recursos provenientes de:
 
a. Reducción del gasto en Seguridad y Defensa en proporción equivalente a un uno por ciento (1%) del PIB;
b. Reasignación del impuesto al patrimonio, que hasta ahora ha representado un esfuerzo fiscal de sectores de las clases dominantes para la financiación de la guerra;
c. Creación del impuesto a los dividendos;
d. Hasta un treinta por ciento (30%) del Fondo de estabilización y ahorro del Sistema General de Regalías;
e. Contribuciones especiales de grandes propietarios de tierra y de empresarios del agro;
f. Contribuciones del gobierno de Estados Unidos como compensación por los impactos de su intervención en el conflicto armado;
g. Contribuciones especiales de empresas comprometidas con procesos de victimización; o beneficiadas con la venta de armas y la provisión de químicos para las aspersiones aéreas con glifosato;
h. Donaciones de la comunidad internacional.
6.5 Inaplicación del principio de la sostenibilidad fiscal en la política de reparación integral. Esta medida se aplica en atención a que una política comprometida de manera efectiva con los derechos de las víctimas del conflicto y con la reparación integral implica compromisos fiscales extraordinarios. Entonces, se dispondrá la excepción de inaplicación de la sostenibilidad fiscal y de la regla fiscal al “Plan Nacional para la Reparación Integral de las víctimas del conflicto”. Ello mientras se produce el desmonte de esos diseños constitucionales y legales, que imponen de facto un techo fiscal a la materialización de los derechos de las víctimas del conflicto.
 
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar