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9.1. Acciones inmediatas y preventivas de no repetición:
a) Concretar un cese bilateral de fuegos y de hostilidades;
b) Suspender proyectos de inversión minero-energética y de infraestructura (en curso o previstos) que estén generando en forma comprobada o puedan generar desplazamiento, despojo u otras vulneraciones graves sobre los derechos humanos; y
c) Detener el trámite y archivar iniciativas legislativas que por sus contenidos vayan en contraposición a los acuerdos parciales alcanzados en la Mesa de diálogos o comprometan posibles vulneraciones de los derechos humanos, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de la población.
 
9.2. Reformas estructurales para la no repetición y la reconciliación nacional, que indican la superación de las condiciones estructurales de la violencia del sistema y de los procesos de victimización que de ella se derivan. Se precisa poner en marcha un proceso constituyente abierto, con la más amplia participación política y social, que deberá conducir a la convocatoria y realización de una Asamblea Nacional Constituyente.
 
9.3. Proscripción del anticomunismo y de la doctrina de la “seguridad nacional”, lo cual implica la proscripción de medidas contrainsurgentes y de la “seguridad nacional”, promoviendo una  nueva cultura política que garantice el reconocimiento y la regulación democrática del conflicto social y la garantía y protección de los derechos humanos poniendo freno a la intervención foránea.
 
9.4. Desmilitarización de la sociedad y reforma de las Fuerzas Militares y de Policía, incluyendo los servicios de inteligencia del Estado. Esto implica:
a) Reconversión de las Fuerzas Militares de fuerzas contrainsurgentes hacia fuerzas de protección de la soberanía nacional y de las fronteras patrias;
b) Reducción del tamaño de las Fuerzas Militares;
c) Disminución del gasto y defensa hasta un dos por ciento (2%) del PIB y reasignación del ahorro a gasto social y para la materialización de los derechos de las víctimas del conflicto;
d) Rediseño de instituciones educativas militares del nivel básico, medio y superior hacia instituciones enteramente civiles;
e) Reconversión de medios de comunicación de carácter militar hacia entidades civiles;
f) Redefinición de las actividades cívico-militares, hacia actividades netamente civiles;
g) Realización de programas de readaptación laboral y de empleo para funcionarios del sector “Seguridad y Defensa”,
h) Subordinación de la Policía al poder civil:
i) Rediseño de los servicios de inteligencia hacia la protección de la soberanía nacional y
j)  Apertura pública de los archivos de las Fuerzas Militares y de Policía y de los servicios de inteligencia.
 
9.5. Depuración del Estado y de las Fuerzas Militares y de  Policía, incluyendo los organismos de inteligencia que hayan estado comprometidos con procesos de victimización, atendiendo las conclusiones y recomendaciones de la “Comisión de esclarecimiento y no repetición”, concebida como una contribución al establecimiento de la verdad histórica y al reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto.
 
9.6. Desmonte y erradicación del paramilitarismo, para lo cual se conformará una “Comisión de esclarecimiento del paramilitarismo”, atendiendo los establecido en el punto 3 del Acuerdo General. Con base en ello, el Gobierno y las FARC-EP - en la “Comisión de erradicación del paramilitarismo”- creada para tal efecto, diseñarán de manera conjunta una agenda y cronograma de seguimiento que permita implementar las medidas y acciones a las que hubiere lugar.9.7. Garantías para el ejercicio de la política y del derecho a la movilización y la protesta social. Se deberán proveer garantías para su plena expresión, no estigmatización, no persecución y su tratamiento no represivo. Asimismo, implica el reconocimiento y las plenas garantías para la oposición política y social y el derecho a ser gobierno. Se restablecerá en forma plena y amplia el delito político y el reconocimiento del derecho a la rebelión, lo cual gozará de la correspondiente protección constitucional.
 
9.8. Conformación de la “Comisión constitucional permanente de garantía, protección y  promoción de los derechos humanos y de prevención de sus graves violaciones”. Esta Comisión se integrará con representantes de las organizaciones de mujeres, campesinos, indígenas y afrodescendientes, de los trabajadores, de derechos humanos y de las víctimas del conflicto, así como de los movimientos políticos y sociales, como instancia de participación, control y veeduría social.
 
9.9. Compromisos de las FARC-EP.
Las FARC-EP se comprometerán en lo que les corresponda a contribuir a la no repetición. Dentro de sus principales aportes se encuentran:
a) Su contribución a la finalización de la confrontación armada;
b) Su decisión de transformarse en un movimiento político que impulse las transformaciones estructurales.
c) La activa participación en la construcción de la memoria y de la verdad histórica, y de acciones reparadoras
d) Sus experiencias de democracia directa y comunitaria, de economías y valores solidarios y de cooperación social.
 
9.10. Provisión de seguridad individual y colectiva.
Se proveerán las condiciones necesarias de seguridad personal y colectiva a dirigentes políticos y sociales, obreros, campesinos, indígenas y afrodescendientes, a defensores de derechos humanos, a sus múltiples instituciones y procesos organizativos, sean éstos partidos, movimientos, sindicatos, colectivos, asociaciones u expresen otras formas de organización social. Se creará una Comisión Permanente para tal efecto, que contará con representantes de los afectados e interesados.
 
9.11. Reconstrucción y protección de la memoria y de la verdad histórica.
Los informes de la “Comisión histórica del conflicto y sus víctimas” y de la “Comisión de esclarecimiento y no repetición” representan aportes de mayor significado en desarrollo de ese propósito. Por tal razón gozarán de la más amplia difusión tanto en sus formatos originales impresos y digitales como en versiones pedagógicas y didácticas.
 
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
 

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