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Aunque el cierre del Ciclo 37 el 4 de junio anterior, trajo la buena noticia de la creación de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Reparación y la No Repetición, lo cual significa un importante paso de avance en el proceso, es necesario anotar que las decenas y decenas de iniciativas de resarcimiento urgente aún no tienen respuesta de solución por parte del gobierno. Este asunto, que no puede esperar las calendas griegas, dada la calamitosa situación de las víctimas, debe ser el Tema a resolver en el siguiente Ciclo de trabajo si es cierto aquello de que las víctimas son lo más importante de estas conversaciones. En conclusión, llamamos a que se acelere la concresión de un acuerdo de emergencia e implementación inmediata respecto a las propuestas prioritarias que han llegado a la Mesa de Diálogo.

Al cumplirse hoy, 7 de junio, un año de la Declaración de Principios para la discusión del punto 5º de la agenda, Víctimas (Comunicado Conjunto #37), materia de la Agenda del Acuerdo General de agosto de 2012, la Delegación de Paz de las FARC-EP considera que es preciso especificar propuestas que hagan honor a los compromisos asumidos cuando ambas Partes convenimos que el centro de este proceso son los derechos de las víctimas.

En ese sentido, pactamos desde entonces el desarrollo de los cinco foros temáticos en Colombia y la visita a La Habana de cinco grupos de doce víctimas, o sea 60 personas a lo largo de cinco meses, que junto a los cientos y miles de comunicaciones, son base testimonial y propositiva sobre la cual ambas Delegaciones nos abocamos a trabajar en los ciclos respectivos.

Como se conoce, de manera ininterrumpida por nuestra parte, la dinámica ha sido la de concentrarnos en la temática acordada, produciendo las FARC-EP tanto propuestas en la Mesa, para la discusión con nuestra contraparte, como también documentos e iniciativas públicas, de cara al país.

Así, el día 9 de septiembre de 2014, en el contexto de la segunda visita de las víctimas, presentamos el texto ““HACIA UNA NUEVA COLOMBIA SIN VICTIMAS”". Propuestas orientadoras para la discusión del punto 5º de la Agenda, “Víctimas” / Documento de discusión para la opinión pública y a la Mesa de diálogo”. En dicho documento público, dimos extenso desarrollo a cada uno de los diez Principios acordados, señalando para cada enunciado un contexto, unas propuestas de trabajo y unos objetivos.

Así mismo, entregamos formalmente al Gobierno y a los países Garantes, Noruega y Cuba, nuestras primeras versiones de la propuesta que contenía la iniciativa de una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, Memoria y No Repetición. Todo ello junto a reiterados puntos de vista en los comunicados que a diario expedimos. Especialmente todo esta estructuración está compendiada en las Diez Propuestas Mínimas sobre Derechos Integrales de las Víctimas para la Paz y la Reconciliación Nacional, que se desdoblan en 76 iniciativas específicas, con contenidos en correspondencia con los derechos de las víctimas. (leer desarrollo de cada propuesta)

Paralelamente, entre los diversos temas que la Mesa de Diálogos ha asumido, durante el año transcurrido, están los aspectos de Cese bilateral del fuego y la dejación de armas que son parte del Punto tres “Fin del conflicto”, y se han abordado discusiones sobre medidas de desescalamiento del conflicto o medidas de confianza. Particularmente las FARC-EP han realizado 15 gestos unilaterales en procura de condiciones que alivuen los dolores de la guerra y eviten nuevas victimizaciones.

El día 6 de marzo de 2015, radicamos en la Mesa y dimos a conocer al país y al mundo, 140 propuestas que sistematizamos a lo largo de este período como resultado de los foros temáticos, las visitas de víctimas a La Habana y el intenso proceso de consultas e intercambio para reunir y poner en común las iniciativas no de las FARC-EP, sino del conjunto de la sociedad, para la construcción de una nueva Colombia sin víctimas.

No cesamos en nuestro empeño de avanzar en esta amplia y crucial temática, y, tal como lo expresamos públicamente en pasado Ciclo Nº 37, nuestra prioridad es llevar a la Mesa las propuestas que plantearon las víctimas del conflicto. Nuestras iniciativas están en manos del gobierno, sin que luego de un año de debates se haya dado desde las instituciones alguna respuesta que satisfaga a las víctimas, salvo el decreto 0303 de 2015 referido a desapariciones forzadas, que en lo concreto es el avance apenas de una vieja deuda con la humanidad.

Al cumplirse un año de haber firmado los Principios aludidos, hacemos público un resumen de las iniciativas que importantes organizaciones de víctimas y organismos defensores de derechos humanos nos han comunicado tras varios encuentros y talleres en el contexto de la semana mundial en la que se recuerda a las personas desaparecidas forzadas, más de 45 mil en Colombia.

Dicha síntesis la expresamos bajo las siguientes formulaciones de lo más esencial, en una forma tanto de concretar los principios del 7 de junio de 2014, como algunas de las 140 Propuestas reseñadas:

 

PRINCIPIO 1. El reconocimiento de las víctimas:

- Debe ampliarse la cobertura de tiempo de la Ley 1448 de 2011 hasta una fecha razonable, como el primer caso registrado de desaparición forzada (1976), incluyendo en el elenco de victimarios a agentes empresariales, testaferros y aliados de los grupos paramilitares que en algún grado hayan promovido acciones de violencia. Se deberán acordar mecanismos para establecer la responsabilidad penal de las corporaciones transnacionales.

- La construcción de un nuevo modelo de Registro Plural y Unificado de Víctimas. Además existirá un registro individual y colectivo. Este último estará dirigido a organizaciones sociales, indígenas, estudiantiles y sindicales victimizadas. Este registro, deberá atender a las realidades del presente acuerdo, el contexto, la descripción de todos los autores, incluidos los de origen estatal.

- Creación de una ley sobre reparación para las víctimas colectivas e integrantes de los partidos y movimientos sociales de oposición y de defensa de los derechos humanos.

 

PRINCIPIO 2. El reconocimiento de responsabilidad:

- En consonancia con el Principio 9º de Reconciliación, efectuar ya mismo un acto colectivo de contrición política en reconocimiento de las responsabilidades, asumiendo cada parte lo que le corresponde, como expresión de voluntad de contribuir a un definitivo Nunca Más. A tal efecto se promoverá y formulará un acuerdo político nacional para el esclarecimiento pleno de la verdad, conminando las partes al reconocimiento de responsabilidad de los partidos políticos, los gremios y grupos económicos y empresariales, la Iglesia y otras instituciones sociales.

- Especialmente este Principio, puede y debe concernir a los medios de comunicación social, dada su participación en expresiones de avivamiento del conflicto armado y de directa o indirecta legitimación de prácticas y hechos proscritos en el derecho internacional.

 

PRINCIPIO 3. Satisfacción de los derechos de las víctimas:

- Debe existir un Acuerdo en la Mesa sobre los recursos económicos suficientes que el Estado dispondrá para las víctimas y programas de atención integral a éstas para la satisfacción lo más plena posible de sus derechos y el debido cumplimiento de los programas de una política social dirigida a la población víctima, que garantice el pleno disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales.

- Archivo definitivo de los proyectos sobre baldíos que proponen las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico, así como renuncia a la presentación de iniciativas legislativas o de reforma constitucional que contradigan lo pactado en el Acuerdo parcial del punto 1º de la Agenda de La Habana.

- Sustituir el mecanismo de macro y micro focalización utilizado para identificar las tierras susceptibles de restitución, que se implementa desde una perspectiva basada en gran parte en la seguridad (Ministerio de Defensa) y que limita gravemente el número de zonas en las que se puede implementar la restitución de tierras, y establecer en su lugar un proceso alternativo que implique a una amplia diversidad de instituciones estatales y representantes comunitarios y de víctimas, y en el que las decisiones se basen en abordar una diversidad de factores de riesgo que pueden minar la restitución de tierras. Estas medidas deberán estar en consonancia con lo aprobado en el punto 1º de la Agenda de La Habana, y sin detrimento de otros procedimientos acordados entre las comunidades rurales y el Estado.

 

PRINCIPIO 4. La participación de las víctimas:

- Creación de un “Consejo Nacional para la Reparación Integral”, con funciones consultivas, que emita opinión de las organizaciones de víctimas respecto a la elaboración, diseño y ejecución de los actuales y futuros programas y servicios de atención a víctimas puestos en marcha por el Estado, así como en la elaboración de la legislación sobre víctimas que se adopte tras el fin de las conversaciones. Especialmente intervendrá en el diseño e implementación del “Plan Nacional para la Reparación Integral” y del “Fondo Nacional para la Reparación Integral”.

 

PRINCIPIO 5. El esclarecimiento de la verdad:

- Acordar la puesta en marcha de una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y No Repetición, con suficiente capacidad investigativa a efectos de fortalecer los derechos de las víctimas, para que se conozcan patrones de prácticas y hechos victimizantes. En su mandato debe contarse con instrumentos de requerimiento de información y deberán ser vinculantes algunas de sus conclusiones, en especial las que conciernen a reformas institucionales, depuración y garantías de no repetición.

- Debe establecer dicha Comisión un arco de responsabilidades de instituciones y sectores sociales detentadores de la riqueza nacional, profundizando en los factores, estructuras y lógicas de desarrollo del conflicto que les benefició.

- Desclasificar, organizar y preservar la totalidad de los documentos reservados del Estado, especialmente los archivos de inteligencia relacionados con las violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, para que hagan parte de los materiales de consulta para la memoria y sirvan de insumo a la Comisión de Esclarecimiento y No Repetición y a los procesos judiciales.

- Establecer un “Centro de la Memoria Histórica de los Movimientos y Organizaciones Sociales y Populares” y un “Museo de los movimientos y organizaciones sociales y populares”, administrados de manera conjunta por el Archivo General de la Nación, una Comisión Académica y las organizaciones de víctimas y de defensores de derechos humanos.

 

PRINCIPIO 6. La reparación de las víctimas:

- Se creará una base de propuestas emanadas de las organizaciones de víctimas y sociales, encaminadas a recuperar la memoria histórica de las comunidades, movimientos y organizaciones sociales victimizadas, desde la cual se efectuará la des-estigmatización a través del reconocimiento de su papel en la construcción del país, entre otros. Lo administrará el “Consejo Nacional para la Reparación Integral”.

- Medidas de reparación colectiva para los distintos grupos sociales victimizados, acordadas consensuadamente con cada uno de estos grupos, para los pueblos indígenas y las comunidades afro descendientes objeto de victimización, y, en particular, la restitución de sus territorios ancestrales y medidas para la reconstrucción de su patrimonio cultural.

 

PRINCIPIO 7. Las garantías de protección y seguridad:

- En relación con este deber fundamental y con el siguiente Principio 8º, se deberá de manera urgente establecer un sistema de alerta temprana y de información sobre estructuras y acciones del paramilitarismo a fin de protegerla vida y la integridad personal de víctimas hoy día revictimizadas, como primer paso para la satisfacción de sus demás derechos.

- Del mismo modo, con base en informes de organizaciones de derechos humanos y víctimas, organismos internacionales, instancias judiciales y del propio proceso evaluativo que el gobierno deberá efectuar de mandos y estructuras de la fuerza pública en general, con fundamento en hechos por acción u omisión, se deberá proceder a la depuración institucional, de la jerarquía militar y de policía.

- Eliminación de la justicia penal militar para delitos fuera del servicio.

 

PRINCIPIO 8. La garantía de no repetición:

- Discusión social amplia, promoción de debates y adopción en la Mesa y en otros espacios, de nuevas doctrinas, teorías, mandatos y funciones de la fuerza pública, derogando expresamente cualquier referencia inspirada en la Doctrina de la Seguridad Nacional, el enemigo interno, los conflictos de baja intensidad y en todas aquellas concepciones de seguridad antidemocrática. Específicamente se proscribirán comportamientos, instrucciones y órdenes basadas en normas, manuales, reglamentos y demás instructivos militares y de cuerpos de seguridad del Estado que:

- Califican a los sindicatos, los partidos y movimientos políticos de oposición, las organizaciones sociales, los defensores de derechos humanos, entre otros, como 'enemigos internos' del Estado.

- Ordenan, permiten o promueven la creación de grupos paramilitares.

- Ordenan, permiten o promueven la comisión de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

- Ordenan, permiten o promueven el desarrollo de actividades ilícitas y criminales de inteligencia

- Revocatoria de todo pacto de cooperación militar con gobiernos o instituciones extranjeras y de asesoría que implique instrumentos represivos o de generación de información contra sectores poblacionales, así como la prohibición de aceptar en el futuro ayudas militares o de inteligencia que de alguna manera de tratamiento de enemigo a inconformidades sociales internas, recurriendo al principio de las Naciones Unidas de no injerencia en los asuntos internos de otros países.

 

PRINCIPIO 9. Principio de reconciliación:

- Se requieren amplias leyes de amnistía e indulto para rebeldes, colaboradores de la rebelión y dirigentes políticos y sociales encarcelados-as.

- Específicamente, para la reconciliación, se requiere la anulación o revisión de las condenas injustas que han resultado de procesos judiciales o disciplinarios llevados a cabo sin respetar el debido proceso, en particular aquellas emitidas en contra de defensores de derechos humanos, activistas sociales y políticos, en el marco de su actividad de denuncia y ejercicio del derecho a la protesta.

- Aunque común a varios de los Principios, como es la satisfacción de los derechos de las víctimas, su protección y seguridad, reivindicamos la necesidad imperiosa de un Cese Bilateral del fuego y de las hostilidades, que entendemos también junto con gran parte de la población, es la mejor forma de generar condiciones de no repetición inmediata y de encaminarnos a la reconciliación nacional.

 

PRINCIPIO 10. Enfoque de derechos:

- Debe asegurarse que los órganos estatales responsables de implementar el proceso de restitución de tierras cuenten con recursos adecuados para garantizar de manera efectiva el derecho de todas las víctimas del conflicto a esta dimensión de la reparación integral.

- Eliminación del Principio de Sostenibilidad Fiscal y del Incidente de Impacto Fiscal sobre el presupuesto destinado a las víctimas, para su cabal reconocimiento y reparación integral.

- Sancionar por vía expedita la vulneración de los derechos humanos, territoriales y ambientales que cometan tanto entes estatales como actores empresariales privados.

- Atendiendo los principios de universalidad, igualdad y progresividad y para efectos de resarcimiento, se tendrán en cuentan las vulneraciones que en razón del conflicto hubieran tenido los derechos económicos, sociales y culturales.

 

 

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