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De manera malintencionada, el Procurador Alejandro Ordóñez ha asegurado con informes sin sustento dirigidos a la Corte Penal Internacional, que las FARC-EP, supuestamente, estarían involucradas en la desaparición forzosa de 2.760 personas.
«Si miran a quienes ganan poder y dinero en el conflicto,
Sabrán quiénes son los que no quieren la paz»
Jody Williams, premio Nobel de paz
 
Iniciamos hoy la primera ronda de conversaciones del año 2015. Se trata de la continuación del diálogo civilizado entre partes enfrentadas desde hace más de medio siglo. Múltiples razones llevaron al Gobierno y a las FARC-EP a sentarse en condición de partes iguales y firmar en La Habana el acuerdo de agosto de 2012, con la alta mira de darle una solución diplomática al conflicto político-social interno, que nunca logró su culminación con un vencedor y un vencido. 

Había que explorar vías alternativas a la confrontación armada entre hermanos de una misma nación, que bien pueden superar el derramamiento de sangre, pero no con la teoría del jefe de la Delegación del Gobierno de “matar dos pájaros de un tiro”, la cual todavía entraña una visión militarista y excluyente respecto a la guerrilla, sino haciendo confluir ideas y acciones que beneficien al conjunto de la patria.
 
El Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, beneficia desde el primer día de su vigencia a la población civil no comprometida activamente en la confrontación armada, igual que a los propios contendientes; invita a las partes a aportar soluciones a problemas de diferente índole que aquejan al país y que han causado la violencia, desde tiempos ya por muchos no recordados, pero que ciertamente no los generó la guerrilla sino el Estado; subsume los principios de la Cláusula Martens acogidos por las normas humanitarias y se constituye en el verdadero marco jurídico para la paz, salido de la voluntad de las partes dentro del contexto y espíritu de los llamados convenios especiales plasmados en los Convenios de Ginebra de 1947, y sus correspondientes Protocolos.
 
Por algo el artículo sexto del Convenio III faculta a las partes contendientes a acudir a la concertación de acuerdos “sobre cualquier cuestión que les parezca oportuno zanjar particularmente”. Nada distinto a lo anteriormente expuesto, y a razones humanitarias, es lo que ha conducido a las FARC-EP a proponer fórmulas o gestos de desescalamiento del conflicto y a declarar y ordenar un cese al fuego unilateral e indefinido, que sea verificable.
 
Dentro del marco general aludido y con pleno espíritu de reconciliación, reanudamos los diálogos, esperando que se continúe con el cumplimiento de lo acordado en los términos conocidos por el pueblo de Colombia y el mundo entero. El respeto debido a este fundamento, no puede ser descarrilado con fórmulas ajenas al proceso.
 
Es necesario decir, que en atención al orden de la Agenda todo tiene su momento y lugar, lo cual no da espacios a soluciones postizas como los referendos con sabor y afanes electorales que escapan a lo ya convenido. No nos sentimos aludidos por normas que pretenden invadir las esferas de competencia y decisión de la instancia única de entendimiento que es la Mesa de Diálogos de Paz de La Habana. 
 
Dentro de esta perspectiva es de nuestro interés, que convengamos ya los procedimientos y mecanismos para lograr la reparación a las víctimas por parte de todos los actores vinculados al conflicto, armados y no armados, sin consideración de su estatus, jerarquía, condición u origen, independientemente de que hayan hecho y hagan o no parte del Estado.
 
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, deploran y condenan el asesinato del compatriota , dirigente cívico del Congreso de los Pueblos, defensor de derechos humanos e integrante de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular, quien fue encontrado por miembros de la Policía Judicial, sin vida y con señales de violencia, el miércoles 21 de enero de 2015, en un sector despoblado, cerca a Bogotá.
 
Alertamos a nuestras fuerzas guerrilleras en todo el país sobre la grave situación
 
Desde el 20 de diciembre sectores guerreristas no han cesado en su empeño de sabotear la tregua unilateral y el proceso de paz, actuando desde la institucionalidad del Estado y desde el comando del ejército en particular.

Las conversaciones de paz que se desarrollan en La Habana se rigen por el Acuerdo del 26 de agosto de 2012; es decir, por el conjunto indisoluble de su preámbulo, y su Agenda, los cuales constituyen su único Marco Jurídico y conceptual convenido. En consecuencia, todo lo que a la fecha se haya adelantado, acordado o aprobado por las ramas del Estado, por fuera de la agenda de La Habana, no tiene validez para los efectos del proceso. Debe considerarse sin valor alguno, y sin alcances vinculantes.