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La noche del miércoles 18 de septiembre la periodista Salud Hernández Mora publicó en sus redes: “Me confirma gente de la zona que hay presencia de disidencias en la zona de Marimondas. Que quizá llevaron allá a Molina. Aseguran que Santrich anda en el área. No lo puedo asegurar, habrá que esperar”.
Se refiere la columnista al secuestro del ganadero José Ramón Molina Peláez, ocurrido horas antes en jurisdicción del corregimiento de Sitio Nuevo, municipio de Fonseca La Guajira. Fuentes oficiales han señalado que la camioneta en que lo transportaron fue encontrada en zona rural de Tomarrazón, jurisdicción del municipio de Riohacha. O sea que las versiones publicadas en redes por la señora Salud Hernández no coinciden con la realidad.


El pasado 20 de julio la senadora Aída Avella alertó que sobre el ETCR de Pondores se preparaba un operativo militar y exigió al presidente Duque un pronunciamiento al respecto. Pero el presidente nunca se pronunció, para ratificar o para negar la denuncia de la senadora. Lo cierto es que sobre ésta comunidad se viene ejerciendo una sistemática campaña de estigmatización, señalamientos y calumnias, por instituciones del Estado y medios de comunicaciones.


Pondores es un territorio de Paz, cuyos habitantes, signatarios del acuerdo de La Habana, adelantan en medio de la precaria política de reincorporación del gobierno de Iván Duque, y de la decadente seguridad física y jurídica, un rosario de iniciativas socioeconómicas, políticas y culturales, basadas en la cooperación internacional. Por aquí han desfilado dos presidentes de la república, comisionados de paz, altos mandos militares, comisiones y delegaciones del congreso de la república, altos funcionarios de la ONU y la Unión Europea, directores de cine, escritores, figuras del deporte, y todos han evidenciado la vocación de paz de sus habitantes y el compromiso con reconciliación y la no repetición.


Es evidente que la Paz no es una prioridad para el actual gobierno, sus instituciones y la clase política que lo respalda. Quieren más guerra porque de ella se nutren sus negocios. Quieren guerra, porque no son sus hijos ni los de su clase los que van a la primera línea de combate. Necesitan pretextos para desatar sus planes de muerte y violencia oficial.


Es sabido que toda el área perimetral que rodea la Zona de Paz de Pondores se encuentra bajo control militar y policial desde la declaración de cese al fuego en 2016; que los controles y patrullaje son constantes y que las fuerzas policiales y militares asumen la seguridad del territorio. De modo que las ligeras declaraciones de la señora Salud Hernández, tanto ponen en riesgo la seguridad física y jurídica de los ex-guerrilleros en proceso de reincorporación, como ponen en duda el papel de los militares y policías que día y noche custodian el territorio.


Invocamos la solidaridad nacional e internacional a fin de evitar que sobre el Territorio de Paz de Pondores se materialice el anunciado plan de retaliación militar, con irreparables consecuencias.

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