El gobierno de Iván Duque y los organismos de inteligencia militar y policial han desatado, a partir de la reciente declaración de retorno a las armas de antiguos comandantes de las FARC liderados por Iván Márquez, una cacería de brujas que pretende establecer vínculos de relación, colaboración o complicidad entre estos y sus otrora compañeros de armas que hoy, desde la legalidad, intentan sacar adelante un proceso de paz que parece naufragar en un mar embravecido, de sabotajes e incumplimientos.
Aunque el propio presidente anunció recientemente impulsar una campaña “contra la estigmatización, el señalamiento, la ponzoña y la persecución de las ideas del contrario”, ha sido él y sus ministros de interior y defensa los abanderados de la estigmatización contra territorios, líderes sociales y ex-guerrilleros de la FARC en proceso de reincorporación. El presidente Iván Duque fomenta la cacería de brujas y la estigmatización.


El pasado viernes 30 de agosto, el Fiscal General de la Nación (e), Fabio Espitia anunció la expedición de ordenes de captura contra 13 de las personas que, encabezadas por Iván Márquez, a través de un video anuncian el retorno a las armas. Llama la atención que entre los nombres que menciona el fiscal, se encuentra Rafael Gutiérrez, cuyo nombre de pila es Reinel Guzmán, integrante de la mesa técnica de la subdirección especializada de la UNP.

Siguiendo el principio de “dispare primero y pregunte después”, la ministra de interior Nancy Patricia Gutiérrez, el Alto Comisionado para la paz, Miguel Ceballos, y el consejero presidencial para la Estabilización y consolidación Emilio Archila, han exigido al partido FARC la expulsión de Reinel Guzmán de los listados del partido, dando por cierta una información que además de falsa es peligrosa.


Por su parte el director de la Unidad Nacional de Protección, Pablo Elías González Monguí, en declaraciones de prensa ofrecidas el pasado martes tres (3) de septiembre sobre el asesinato de Karina García, candidata a la alcaldía de Suarez Cauca, arremetió contra los sindicatos de escoltas y en particular contra del sindicato Memoria Viva que agrupa a los exguerrilleros que hoy prestan protección a los dirigentes del partido FARC, diciendo: “lo que pasa es que en estos momentos tenemos un conflicto laboral y entonces los sindicatos aprovechan cualquier situación para tratar de desacreditar a la dirección de la Unidad, pero no se quejan que fue la disidencia de las FARC, o sea pareciera que estuvieran congraciados con ellos, porque no critican ni rechazan semejante crimen tan atroz…”


Declaraciones como las del director de la UNP, y la de los ministros y altos consejeros del gobierno de Iván Duque contienen un alto nivel de riesgo e inseguridad física y jurídica para los integrantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y las directivas de los sindicatos de escoltas, en un país donde este tipo de señalamientos y estigmatizaciones, son una sentencia de muerte.


PD: Despleguemos la solidaridad con FECODE y avivemos la “Movilización por la vida, la paz y el territorio”