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De acuerdo con la información suministrada, todo indicaría que los responsables del crimen son integrantes activos del Ejército de Liberación Nacional que opera en dicha región del país; nos resistimos a pensar que miembros una organización basada en los principios de humanismo estén comprometidos con la comisión de este reprochable acto, razón por la cual solicitamos de manera urgente que el ELN aclare públicamente dicha información.

 

Como grave complemento a las distorsiones de lo acordado se impide que los defensores de derechos humanos sean jueces de la JEP, limitación que no se introduce para quienes hayan sido defensores de miembros de la fuerza pública, de paramilitares o de las instituciones del Estado.

 

Nuestra gente sigue privada de su libertad, muere enferma en prisión o se agrava ante la indolencia estatal. Nos movemos con la zozobra de la detención porque el señor Presidente no expide la amnistía de iure, pese a que ya se cumplieron diez veces los diez días previstos para ello, además de que el sistema aún no registra el levantamiento de las órdenes de captura.

 

Hay congresistas que aspiran a hundir la reforma política que es aspecto cardinal de la reincorporación y a limitar al máximo las normas de participación ciudadana y de garantías a la protesta social. No puede revictimizarse a la gente de los territorios eliminando las cabeceras municipales de las circunscripciones especiales de paz.

 

 

Un país en el que la tolerancia y el respeto por la diferencia sean la norma, en el que el diálogo y la concertación sean la forma de solucionar los problemas. No queremos una sola gota más de sangre por razones políticas, que ninguna madre vuelva a derramar lágrimas por su hijo o hija violentados. Por ello no vacilamos para extender nuestras manos en señal de perdón y reconciliación, queremos una Colombia sin odios, venimos a profesar la paz y el amor fraternal de compatriotas.

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