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Entonces el Pueblo protesta. Las altas tarifas indignan la población. En Colombia el salario mínimo es de 616 mil pesos y en sectores populares están llegando cuentas que superan los 200 mil pesos de energía. Téngase en cuenta que millones de personas no alcanzan estos ingresos. En el proceso de privatización, la empresa ha instalado los contadores para “normalizar” el cobro los cuales resultan costosos para los hogares. Y además de esto, entonces se suma la mala calidad del servicio.

Allí no se encuentran las prioridades para el buen vivir y mucho menos la iniciativa de un desarrollo favorable a la construcción de la paz. El PER no refleja la visión del Pueblo, entre otras razones, porque en la formulación excluyeron la participación de las organizaciones populares, las juntas de acción comunal, los ambientalistas, las organizaciones de mujeres y jóvenes, los trabajadores de la cultura, las comunidades indígenas y campesinas.

El problema real e histórico de los guajiros es la desatención y abandono de parte del Estado, la nula inversión social y la explotación desaforada de los recursos naturales que causa consecuencias irreversibles en el medio ambiente.

El presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados debería disponerse a decir la verdad de los crímenes del anticomunismo en lugar de hostigar la paz. Tiene que detallar casos como el asesinato de los defensores de DDHH en agosto de 1987 (entre ellos Héctor Abad Gómez), de la masacre en la Casa de la Juventud Comunista en noviembre del mismo año, de los asesinatos y desapariciones de militantes de la UP y de la llegada de israelitas a entrenar paramilitares. Todo esto sucedió en Medellín cuando él era comandante de la Cuarta Brigada y Rito Alejo del Río comandante del Batallón Girardot.  

Solicitar que tanto nuestros municipios de La Paz y Curumaní, como la región de la Serranía Perijá sea incluida en un Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial y priorizado en los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral.