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¡Que se abran los archivos! (incluyendo testimonios orales de los militares)
Jimy Ríos

En los archivos de la defensa del Estado se encuentran pruebas sobre procedimientos y responsables de la represión criminal contra los comunistas y otras políticas de degradación de la guerra. En las unidades e instalaciones militares y en sus locales clandestinos, se custodian documentos reservados cuyo contenido revela detalles de la aplicación cotidiana de la Doctrina de Seguridad Nacional. Si bien las pruebas individualizan responsables en el poder o a su servicio, lo cierto es que evidencian la política de Estado, la cual pretende evadir sacrificando “manzanas podridas” expuestas en juicios mediáticos.


Los generales de la reserva son, tal vez, el sector más preocupado con la desclasificación de los archivos militares y en especial los manuales antipueblo y los informes de inteligencia. Ellos temen ser individualizados jurídicamente por su pasado criminal. Un caso ejemplar con un prontuario aterrador es el General (r) Jaime Ruiz presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados (ACORE). Y en ese camino van los generales activos quienes también han guardado secretos desde que apenas tenían una estrella en sus hombros: ya suman 20 los generales activos investigados por falsos positivos.  


El día a día de la acción armada de la élite contra el Pueblo está registrada en múltiples formas: documentos físicos y electrónicos, actas, libros, cuadernos, fotos, videos, entre otros. Allí se encuentran oportunidades para la verdad, aunque sabemos que hay muchas hojas arrancadas o partes no escritos en el cuaderno de registros de la actividad militar. Han sido numerosos los casos en los cuales se violenta la cadena de custodia de la información bien sea para culpar inocentes o para ocultar responsables. Así sobreviven computadoras a toneladas de explosivos lanzadas desde el cielo pero se pierde el registro de un detenido desaparecido en el cuaderno de la guardia.


En la multiplicidad de formas en que se encuentran los archivos, habría que incluir la memoria y la conciencia de los militares para desclasificar los testimonios orales sobre su experiencia en la lucha anti insurgente. Al igual que en documentos físicos, en los testimonios se pueden identificar órdenes y normas no escritas que hacen parte de una cultura organizacional con origen en la doctrina anticomunista. La verdad exige que los acuerdos implícitos en las filas militares ya no sean custodiados por una supuesta “lealtad y  unidad de cuerpo”. Ese silencio entre los militares es un crimen contra la verdad y la historia.


Y no es suficiente con que publiquen algunos testimonios a manera de casos aislados y puntuales. Esto ya lo vemos en los medios masivos de comunicación donde el Estado y las FFMM en particular pretenden mostrar cierta depuración pero terminan ocultando el fondo, es decir, la política de Estado y los verdaderos responsables.  Pese a esto, lo que si dejan los shows de los juicios mediáticos es preguntas, a propósito del silencio cómplice de los militares.


Si hay 15 mil militares en la cárcel o en proceso de judicialización, ¿cuántos otros conocían y conocen de sus actividades criminales? ¿Por qué no denuncian? ¿Se entiende como “normal” la realización de crímenes contra la oposición política? ¿Está legitimado el asesinato de comunistas entre las FFMM? ¿No se entiende esto en términos de un delito? ¿La impunidad de los generales retirados y actuales es un incentivo de los oficiales y suboficiales? ¿O acaso los miembros honestos de las FFMM sienten miedo pues es conocido el comportamiento gansteril en las filas castrenses?


El programa Los Informantes de Caracol TV presentó el testimonio del cabo Carlos Eduardo Mora. Según dijo él, denunció los crímenes cometidos por miembros de la Brigada Móvil 15 en Ocaña, con el resultado de 8 militares en la cárcel y 30 en juicio. El coronel comandante de la Brigada y su jefe de operaciones tenían relaciones con los paramilitares y de eso conocían los otros oficiales, los suboficiales y los soldados. El cabo se atrevió a denunciar y hoy es el único militar colombiano protegido por la CIDH, se informó en el programa. Su propio comandante le dijo que lo iban a matar por sapo. La Brigada Móvil 15 fue desactivada pero sus integrantes fueron reasignados y siguen por ahí guardando secretos.


Los medios de comunicación nos están acostumbrando a publicar estos casos pero no le alcanzarían las emisiones de los próximos 50 años para socializar la actividad criminal de las FFMM.  Los Informantes también habían presentado el caso del hacker Sepúlveda y más recientemente el caso del mayor Meneses, el de los 12 apóstoles, grupo paramilitar liderado por el hermano de Álvaro Uribe, el capo de capos. La revista Semana ha hecho sus aportes al control político de las FFMM que la misma comisión de congreso responsable de estos asuntos.  Semana mata el tigre y le coge miedo al cuero y tiene memoria selectiva.


Para terminar, abrir estos archivos custodiados por los militares y procesar los documentos con la tecnología actual para recoger, digitalizar y organizar información, facilitará el esclarecimiento y la socialización de la verdad. Con los programas informáticos actuales (y por desarrollar), se facilitará el manejo de semejante volumen de información sobre la actividad criminal para mantener el poder ilegítimo de los ricos. Resultarán una buena cantidad de documentos militares sumados a otros expedientes que si bien son públicos, tampoco son de fácil acceso, a saber, los procesos jurídicos de militares, paramilitares, parapolíticos, denuncias de las víctimas y un montón de etcéteras.


La informática facilitará la compilación, procesamiento, administración y análisis de miles de documentos sobre la política criminal de la oligarquía y del Estado. La violencia desatada para sus propios intereses de acumulación, enriquecimiento y perpetuidad en el poder como una tiranía, está bien documentada en los archivos militares y en la memoria de quienes han estado a su servicio combatiendo los comunistas y a todo aquel que simplemente pensara y actuara en favor de las mayorías empobrecidas. ¡Que se abran los archivos! insisten las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo.     
 

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