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Sabía usted que: ¿la desviación del Arroyo Bruno por sacar 40 millones de toneladas de carbón de su lecho representa la pérdida de 11 millones de litros de agua al mes?; ¿Que El Cerrejón ha destruido 12 arroyos afluentes de río Ranchería y 20.000 guajiros han sido desplazados de sus territorios?


La inocultable crisis humanitaria que vive la gente humilde del departamento de la Guajira, es tratada por los medios masivos de comunicación con tanto sensacionalismo que dan la impresión  de ser muy sensibles con la tragedia social, económica, cultural y ambiental que afecta a la tierra de Francisco el hombre. Más no es así, sus notas periodísticas ocultan a propósito, quienes son los principales responsables del abandono estatal que los guajiros pagan con la vida.


Nunca han dicho esos medios, por ejemplo, que los principales responsables  del drama social que afecta a los guajiros, expresado en desnutrición infantil y adulta, destrucción del territorio y la identidad cultural, y analfabetismo, son los partidos políticos por cuyas manos ha pasado la administración de lo público. Al lado de partidos como el conservador y el liberal, conocidos por sus  responsabilidades históricas con relación al conflicto armado y la exclusión, han emergidos otros como: El partido de la U, Cambio Radical, Opción ciudadana, Centro Democrático. Son los mismos partidos que administraron las regalías producidas por la extracción minera durante la bonanza de precios del carbón; así como los dineros del Programa de Alimentación Escolar y de la salud.


Un historial de corrupción
Peculados, celebración indebida de contratos, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, entre otros, son los delitos que más se repiten en el prontuario de los funcionarios públicos que actúan avalados por sus partidos políticos. La corrupción administrativa es una de las causas principales de la pobreza de este departamento. Al lado del largo historial de corrupción administrativa, encontramos las alianzas políticas y negocios con los grupos paramilitares en sus distintas denominaciones.


La compra de votos, el fraude electoral, el constreñimiento al elector, el trasteo o trashumancia electoral, son parte del diverso menú de artimañas que los grandes partidos implementan para perpetuarse en el poder departamental y local. Las direcciones  de los partidos dan el aval electoral y es esa misma burocracia la que termina beneficiándose de la reposición de votos. El fin les justifica los medios. A esto se suma la participación en la ejecución de jugosos contratos que dejan por fuera a pequeños empresarios y productores de la región y el departamento por pagar los favores en Bogotá. Hoy es ejemplar la alianza entre los corruptos de siempre con la campaña de “Vargas Lleras presidente”.


En las últimas dos décadas son recurrentes los casos de gobernadores que no han podido concluir sus periodos de gobierno, abrumados por procesos judiciales o disciplinarios; veamos:


Hernando Deluque Freyre, gobernador (2000-2003) encarcelado, acusado de delitos contra la administración pública (peculado por apropiación en favor de tercero), por hechos relacionados con la apropiación de recursos destinados al mejoramiento de  obras civiles en varios municipios de la Guajira.


Cuatro (4) ex-gobernadores de La Guajira: Juan Francisco Gómez, Roger Romero Pinto, Sugeila Oñate Rosado y José María Ballesteros, son investigados y algunos encarcelados por daño patrimonial por sobrecostos en el Plan de infraestructura educativa departamental; fraude que ascienden a $11,891 millones de pesos.


Oneida Pinto Perez, destituida por sentencia del Consejo de Estado, es investigada también por la fiscalía por la apropiación de recursos para la niñez durante su paso por la alcaldía de Albania en 2010. Se le agrega su relación con grupos paramilitares, herencia dejada por su mentor Kiko Gómez.


Cielo Redondo Mindiola alcaldesa de Uribia (2001-2003) y (2008-2011) fue encarcelada recientemente, acusada de peculado por apropiación, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y vínculos con grupos paramilitares.


Sobre Yankeler Hernández ex-alcalde de Albania, testaferro de Oneida Pinto y militante del partido Cambio Radical de Vargas Lleras, recae la responsabilidad de haber pagado sin que se hubiese cumplido la obligación,  $6.500 millones de un contrato firmado en 2011 para reducir la mortalidad infantil.  Entre tanto los niños guairos han seguido muriendo de hambre y otros padecimientos derivados de la desnutrición.


Es hora de que estos politiqueros corruptos o delincuentes de cuello blanco que siempre han gozado de impunidad, además de ser juzgados por delitos contra la administración pública, sean enjuiciados como delincuentes comunes por delitos como homicidio; o ¿cuál sería la forma más adecuada para llamar a alguien que mata a un pueblo de hambre y sed? ¿Puede ser esto tipificado como un crimen de lesa humanidad?


La contraloría General de la nación ha informado que en la actualidad adelanta auditoria a  contratos realizados en los municipios de Barrancas, Maicao y Uribia por $84.936 millones, en los sectores de agua potable, saneamiento básico, comercio, industria y turismo, educación, salud protección social,  transporte, vivienda y cultura. Adicional a esto la contraloría descubrió que $25.000 millones del IVA, no fueron pagados a la Dian, ¿estará en capacidad la Fiscalía General de la Nación del doctor Néstor Humberto Martínez, para descubrir la ruta que han tomado estos recursos y toda la cadena de responsables, hasta llegar a los jefes nacionales de los partidos políticos en el gobierno? El fiscal General, confirmando el adagio que escoba nueva barre bien, ha prometido lucha sin cuartel contra la corrupción y que la Guajira será uno de sus objetivos ¿verdad o promesa?; ¿serán las palabras del fiscal parte de la estrategia de campaña presidencial, consistente en neutralizar o anular a los adversarios a través de investigaciones y juicios selectivos, dejando intactos a los adeptos al gobierno y a la candidatura de Vargas Lleras?


El pueblo guajiro debería convocar un Tribunal Popular con fuerza vinculante que juzgue a esa clase política corrupta, a sus partidos, a sus jefes y maquinarias electorales, que a través del robo, el fraude electoral, la compra de votos, la amenaza paramilitar y la compra de jueces, se mantiene atornillada a los cargos de gobierno sin darle solución a la alarmante problemática social de uno de los departamentos con la tasa más alta de Necesidades Básicas Insatisfechas (65%) y de pobreza extrema a nivel nacional (24.8%). Un Tribunal popular contra los corruptos que se roban la plata del pueblo y lo condena a morir de hambre.


VARGAS LLERAS EN CAMPAÑA
Ya en campaña a la presidencia (2018-2022), el vice-presidente Vargas Lleras acaba de visitar La Guajira para ordenarle a su alfil, el gobernador encargado Jorge Enrique Vélez García, que ponga en marcha la construcción de 8 nuevos peajes en la vía Riohacha-Valledupar. La respuesta de: “las órdenes son para cumplirlas” dada por el gobernador, confirma que la suerte del departamento de La Guajira está en manos del ambicioso candidato presidencial German Vargas Lleras y de su partido Cambio Radical; el cobro de los 8 peajes, como forma de pago a los financiadores de su campaña electoral, será otra carga para los guajiros.


Si existiera voluntad real de poner fin al conflicto, se acabaría con esa cultura política donde ha predominado la corrupción y la eliminación física del adversario político. Se pondría fin al modelo económico neoliberal que impulsa las ZIDRES dentro de la fase actual de acumulación por desposesión y nueva espacialidad capitalista.


Queda demostrada la responsabilidad política, ética y moral de los partidos políticos en la crisis humanitaria que padece el departamento de La Guajira. Los partidos tradicionales y sus ramificaciones, tal como resalta el Informe de la Comisión Histórica Del Conflicto y sus Víctimas, son directos y máximos responsables de los orígenes del conflicto social y armado que ha marcado la historia de Colombia. En eso hemos insistido las FARC-EP durante más de 50 años, en nuestra búsqueda por cambiar la vieja forma de hacer política, por una nueva, fundada en verdad y confianza con las comunidades.

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