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Desde los años 80, las empresas mineras hacen presencia en la Costa Caribe. A partir del periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez se implementó una nueva política minera que otorgó sin restricciones sociales ni ambientales numerosas concesiones a las empresas transnacionales. El sucesor, Juan Manuel Santos  profundizó esta política hasta convertirla en uno de sus sectores estratégicos.


Gobierno y trasnacionales en alianza engañosa prometieron a las comunidades prosperidad y progreso, pero sucedió todo lo contrario, con las grandes explotaciones mineras llegó la contaminación de las aguas, la destrucción de los bosques, el aumento de la temperatura, las enfermedades por causa del polvillo, la contaminación del aire, la perdida de la fauna y la flora, causándole un daño irreparable  al ecosistema.


Las empresas mineras son generadoras de graves violaciones a los DDHH; Drummond  y Prodeco en el Cesar financiaron la creación de un frente paramilitar  y en complicidad del ejército ejecutaron masacres y desapariciones forzadas. En el municipio Jagua de Ibirico por ejemplo en  mayo de 2002 los paramilitares asesinaron 8 personas y sembraron el terror en los demás habitantes haciendo desplazar a 48 de las 51 familias que habitaban allí. Luego declararon abandonadas las tierras con complicidad de INCODER y las adjudicaron  a testaferros de los paramilitares; según lo publicado en el libro el lado oscuro del carbón; “en el año 2009 INCODER firmó contrato de intercambio de tierras con PRODECO. Mientras los legítimos dueños de la tierra no fueron reconocidos en ningún arreglo, ni como dueños,  ni como víctimas de desplazamiento forzado.”


Han sido muchas las denuncias  en contra de estas empresas, donde se les acusa de la financiación a los paramilitares y de su complicidad en el asesinato de muchos líderes sindicales, pero la Drummond, ha negado fuertemente estas acusaciones y  las altas cortes han rechazado  las denuncias, quedando todo en la absoluta impunidad. Entre tanto  empresas mineras continúan destruyendo el territorio y amasando riquezas a costillas del sufrimiento del pueblo colombiano.


En la mesa de diálogos quedan pendientes temas de gran importancia que el gobierno se ha negado a discutir y acordar, uno de ellos su política minero energética que otorga al capital transnacional todas las gabelas y libertades; gobiernos tan arrodillados no son dignos de un pueblo noble como el colombiano. Construyamos juntos un nuevo poder, una Colombia nueva.                 
  

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