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Los integrantes farianos del ETCR Amaury Rodríguez, localizados en Pondores, Conejo departamento de la Guajira, saludamos el lanzamiento de nuestro Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC en la ciudad de Barranquilla.

Ya son varias las ciudades y territorios de Colombia que en la últimas semanas han participado del emerger de la esperanza del pueblo y estamos seguros que a partir de ese momento, iniciará una nueva fase en el proceso de avance de esta fuerza revolucionaria, que hoy por hoy como lo vienen reconociendo las bases sociales del país, a pesar de los medios masivos de comunicación, se configura como una verdadera alternativa de poder político, social y popular para salir de la oscura noche de miseria, guerra, corrupción y desigualdad.

Barranquilla como tantas ciudades del país se encuentra sumida en el más profundo abandono por parte del Estado, en razón a las políticas económicas, sociales y ambientales, que durante tantas décadas han afectado una ciudad donde más de la mitad de sus habitantes viven en la pobreza.

Idéntica situación y quizá más grave afronta el departamento de la Guajira, niños que mueren de gripa, de hambre, abandono absoluto, sed y olvido, mientras las transnacionales del carbón expolian la riqueza del territorio llevándose consigo los beneficios, otros enredados en la más descarada maraña de corrupción local, y a su paso la cultura, el territorio, la naturaleza y el pueblo, arrasados.

Después de 53 años de un conflicto político, social y económico con agudas expresiones armadas, las FARC han asumido con infatigable voluntad política, seriedad y compromiso con el pueblo, la lucha por la salida política negociada y por la implementación integral de los acuerdos.

Lo anterior se ha expresado por ejemplo en su lucha permanente por la verdad en los términos de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, en su defensa del espíritu de los acuerdos dirigidos al beneficio de los verdaderos creadores y depositarios de la paz, los ciudadanos, las comunidades y el pueblo en general.

Por eso en estos momentos en que peligros de diverso tipo se ciernen sobre el proceso de paz, en su actual etapa de implementación, las FARC no han cedido a las pretensiones militaristas que pugnan por regresar nostálgicamente a un pasado de guerra y muerte.

Hemos enfrentado sectores que esconden tras de sus tesis y sofismas el interés por continuar ensanchando sus erarios personales a costa de la vida de los colombianos, esos, los mismos que, tras los discursos de la seguridad justifican e implementan expeditamente políticas de represión contra el pueblo y sus genuinos deseos de transformación social, y a cuyos discursos subyacen mezquinos propósitos que propenden por ocultar políticas de guerra perpetua y enriquecimiento insaciable, así como ocultamiento de las verdaderas causas de la miseria y exclusión en que se encuentran millones de colombianos.

Sin embargo, diversas propuestas políticas que hoy exhiben sus planteamientos en la arena política preelectoral, no reconocen en la corrupción un fenómeno congénito del capitalismo, y del régimen político que lo expresa en Colombia. Nosotros estamos convencidos que la destroza corrupción es más que una simple falla administrativa, o un habito determinado exclusivamente por la conducta individual.

Mientras el régimen político y económico en Colombia no cambie en elementos tan fundamentales como la libertad de expresión, movilización, protesta, veedurías ciudadanas y control ciudadano de los recursos, y hasta que una nueva fuerza política acompañada desde sus cimientos por las más amplias bases populares, no delinee y haga apertura de un nuevo trayecto democrático, la corrupción y las causas de esta no podrán ser eliminadas.

El proceso de paz y en consecuencia los acuerdos, así como el tránsito de su implementación, han sido expresión de la correlación de fuerzas y buscan superar problemáticas sociales que nos colocan actualmente como uno de los primeros países con más injusticia social, al grado que estudios recientes sitúan a Colombia después de Haití como el segundo país más inequitativo de Latinoamérica y uno de los más inequitativos del mundo.

Es el tercer país con más baja calidad de educación, en relación con el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico y creativo, para no hablar de los bajos niveles de lectura y escritura.

Al mismo tiempo los colombianos se encuentran prácticamente expulsados de los sistemas de salud, estos cada vez más carcomidos por los intereses de las grandes transnacionales farmacéuticas y de las gigantes EPS, que especulan en el mercado financiero con los aportes de los ciudadanos.

El sistema de alcantarillado, agua potable es deprimente y el derecho al acceso a la educación, la cultura, la recreación y el deporte para la infancia y los jóvenes es absolutamente limitado y de baja calidad.

Los dispositivos represivos por parte del Estado son modernizados permanentemente, así mismo sus refuerzos jurídicos como el actual código de la policía. Herramientas claramente dirigidas contra el pueblo.

El campesinado continúa siendo expulsado de sus tierras por el latifundismo y sus ejércitos privados y en las ciudades los pobres son botados de sus casas como consecuencia de las macabras políticas de crédito bancario.

El mito santista elaborado en tiempos de “paz”, en el sentido de pregonar un limitado contenido político de los diálogos en la Habana, presentándolos de algún modo como un simple, -aunque extenuante- trámite para el desarme de las FARC, se articula con el mito uribista construido en tiempos de guerra, en relación con una virtual derrota militar y política de la insurgencia.

De esta mitología se derivan otras explicaciones artificiosas, tales como, por ejemplo, que los diálogos de paz de la Habana fueron producto de la benevolencia del Estado colombiano, que los puntos discutidos y los acuerdos firmados están concebidos para beneficiar a las FARC y no al pueblo.

Pero no es así, defender la implementación no es defender una supuesta impunidad a los prisioneros políticos y de guerra de las FARC, es defender el derecho a la rebelión y garantizar la amnistía ya acordada, para miles de prisioneros políticos, y de civiles inconformes arrojados a las hacinadas prisiones por el solo hecho de protestar o pensar diferente.

Defender la implementación no es solo para garantizar dignas condiciones de vida de los guerrilleros de las FARC que dejen las armas y realicen política legal, es defender también la recuperación ya acordada de millones de hectáreas para campesinos que fueron expulsados por el paramilitarismo y las fuerzas estatales.

Defender la implementación de los acuerdos, es no solo velar por la adecuación de las Zonas Veredales de Transición y Normalización y puntos de Transición y Normalización, ahora ETCRs, para los guerrilleros, es también garantizar vivienda, salud, educación e inversión en el desarrollo del campo a partir de múltiples proyectos colectivos y autónomos ya acordados.

Defender y velar porque el Estado cumpla con los protocolos de seguridad, lucha contra el paramilitarismo y garantías para la participación del Partido Político de las FARC, sin que sus miembros o simpatizantes sean asesinados o reprimidos, es defender a los dirigentes sociales y populares en Colombia, y abrir un espacio de apertura política, de derecho a la protesta, a la participación de las comunidades, partidos y movimientos de oposición.

Son demasiados y muy valiosos los avances plasmados en los acuerdos que deben ser concretados, y no son resultado de condescendencia estatal alguna, sino de una innegable realidad política y militar. Pero a pesar de ello, dichos alcances en su gran medida exigidos y propuestos por el pueblo y sus organizaciones sociales han sido omitidos, ocultados o desvirtuados premeditadamente por el gobierno y sus partidos, la extrema derecha y sus partidos, y los medios masivos de comunicación, en razón a intereses electorales, y con el deshonesto propósito de que el pueblo no defienda los acuerdos, y se autoexcluya del proceso de implementación.

Sin embargo, “deseos no preñan” dice la sabiduría popular, y la paz continuará siendo tema obligado, y el pueblo proseguirá avanzando en su protección y defensa, porque hay todo de él en lo acordado, y su lucha garantizará que no lo pierda.

Por eso desde las FARC Guajira, reiteramos nuestro beneplácito, por este importante e histórico acto en la ciudad de Barranquilla, seguros que el digno pueblo de esa tierra acompañará de diversas maneras este significativo bautizo de esperanza, firmeza y fraternidad popular.

Desde tierra Guajira reciba el pueblo barranquillero nuestro abrazo sincero y caluroso y la invitación a continuar caminando juntos por estos nuevos, aunque difíciles senderos de la lucha política legal, seguros de que llegó el momento, en que el pueblo colombiano asumirá en sus manos su propio futuro, para salvar la paz y la libertad de Colombia.

 

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