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Agradecemos la invitación de la Facultad de educación de la Universidad de La Guajira, a participar en la II  Jornada de Seguridad Alimentaria y nutricional a realizarse este 21 de abril. Hubiéramos preferido hacer presencia física en el evento, pero la restricción de movilidad para adelantar la pedagogía de paz, originada en la falta de voluntad del gobierno nacional de levantar las órdenes de captura, lo ha impedido. Más lo lamentamos al ver la necesidad de que los colombianos conozcan en detalles los logros y alcances del acuerdo de paz de La Habana,  respalden con más decisión la construcción de “una paz estable y duradera” y no sean objeto de la manipulación de los sectores que evocan los tiempos de la guerra.

El concepto que defendimos en la mesa de diálogos  fue el de soberanía alimentaria, convencidos que esta categoría recoge de manera más “democrática, social y popular” la participación de las comunidades en el diseño y puesta en marcha de políticas alimentarias y nutricionales. Pero la soberanía alimentaria debe pasar por la conquista de la soberanía política, ausente todavía en la vida de la nación. Colombia es un país política y económicamente intervenido, lo cual hace más difícil la autonomía de sus políticas públicas y por ende una política alimentaria afectada por los TLC  y loa caprichos del  FMI y el BM. La soberanía alimentaria consulta y respeta fundamentos históricos, geográficos, sociales y culturales del territorio.


Para conciliar los dos conceptos (Seguridad y soberanía alimentaria), resolvimos dejar en el acuerdo final la siguiente definición: “Solución al problema alimentario en Colombia”. Por su parte el numeral 1.3.4  lo desarrolla como  “Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación” definiendo como principal  objetivo: “garantizar de manera progresiva el derecho humano a la alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada”.

La solución al problema alimentario en Colombia pasa por rediscutir el modelo económico que ha imperado en las últimas tres décadas basado en el neoliberalismo, que prioriza los intereses y derechos del capital extranjero sobre actividades productivas locales, las fuentes hídricas y derechos fundamentales de la Guajira y Colombia. Refuerzan lo anterior las noticias que como consecuencia de la minería de carbón, se han perdido 10 arroyos y quebradas; Arroyo Bruno viene siendo desviado de su cauce natural, mientras al Ranchería, principal rio del territorio guajiro le espera la misma suerte.


También existen causas políticas (debilidad institucional y de gestión administrativa, abandono estatal y corrupción administrativa) que impactan de manera directa en la crisis alimentaria y nutricional. Sumado a ello, una insoportable interdicción e intervención política y administrativa ejercida desde Bogotá, niega el derecho a la autodeterminación, consistente en poder elegir el destino y bienestar de los habitantes de los territorios. La Guajira merece respeto a su dignidad.

Una verdadera política alimentaria debe iniciar con un plan piloto construido de manera democrática y participativa; con planes departamentales y locales para la alimentación y nutrición, liderados por los consejos departamentales y municipales de alimentación. Estos instrumentos contenidos en el acuerdo final de paz, requieren de una urgente implementación. Por eso hemos insistido en la necesidad de inscribir los planes de desarrollo en el plan marco de implementación, que debe garantizar de manera prioritaria los recursos para la inversión social.

El debate que propicia la Universidad de La Guajira en torno al problema de la alimentación y nutrición en el departamento es oportuno, pero debe trascender las paredes de lo académico para convertirse en bandera y causa común de los habitantes del territorio guajiro.
Conejo Territorio de Paz (La Guajira),
 
 

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