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Existen múltiples discusiones alrededor del papel que el Estado debe jugar en la economía, por un lado están quienes plantean de forma radical que el Estado no debe intervenir en ningún aspecto de la economía de un país, por otro, quienes arguyen que es necesario que éste controle parte importante la economía. Generalmente el mundo capitalista ha optado de manera generalizada por un modelo mixto de regulación de la economía, incluso en los países que con mayor fuerza se enarbolan las banderas del neoliberalismo, el Estado juega un papel trascendental en la regulación del mercado, la redistribución de la renta y la política monetaria.

 

Ante la privatización de las empresas públicas en los países que han convertido el modelo neoliberal en política económica de Estado, los impuestos se han convertido en la única forma de sostener financieramente el gasto y la deuda pública. En ese orden de ideas, los impuestos funcionan como un mecanismo de redistribución de la renta, pues le quita ingresos a un sector de la sociedad (a través de la carga impositiva) y se los da a otro sector (a través del gasto público que se expresa en programas sociales, subsidios, etc.). La lógica indicaría que el Estado en ese caso actuará como una especie de Robín Hood, que le quita a los más ricos para darle a los más pobres, sin embargo, al ser el Estado una expresión de dominación de la clase que ostenta el poder, el carácter redistributivo del Estado no necesariamente está en función de la socialización de la riqueza producida en el país, lejos de ello, este ayuda a profundizar la acumulación en pocas manos de los beneficios que genera el trabajo social.

 

La reciente reforma tributaria aprobada por el congreso de la república, es un ejemplo que ilustra cómo la clase dominante en el país edifica un modelo de tributación en el cual se pone sobre los hombros de los más pobres todo el peso del funcionamiento de un Estado que la clase dirigente convirtió en improductivo tras el desangre y posterior la venta de buena parte de las empresas públicas. Hoy se protege al empresariado y la inversión extranjera, mientras se sacrifican a millones de trabajadores y desposeídos del país que tendrán que lidiar con una estructura regresiva de tributación encabezada por un IVA del 19%.

 

Las voces valientes que en el congreso plantearon su desacuerdo con la reforma resultan incapaces de enfrentarse a las amplias maquinarias que el gobierno nacional ha tejido a partir de la concepción clientelar que tiene a la hora de interlocutar con el legislativo, llevando al sistema de partidos y bancadas a puntos críticos en el periodo reciente, en el que la política de los partidos no necesariamente se ve reflejada en los votos de quienes los representan en senado y cámara. Por ello, es fundamental el papel que van a jugar los congresistas que entraran a partir del 2018 en la arena política legal tras la firma del acuerdo de paz, pues tienen el reto de transformar la dinámica del ejercicio político y construir una nueva correlación de fuerzas al interior del congreso.

 

Quienes accedan a estos espacios, a través de las circunscripciones especiales de paz, a través del partido político que surja del tránsito a la legalidad de las FARC EP, y en unidad con las fuerzas democráticas y de izquierda que han venido trabajando en ganar espacios de representación para los sectores populares y alternativos, tienen el deber de consolidar un amplio frente que permita perfilar una alternativa de poder, y de esta forma, evitar que la clase dominante del país siga aprobando reformas regresivas, en contra de los intereses de los más humildes del país.

 

El temor a que las FARC EP accedan al congreso, que es disfrazado de indignación por los sectores de la extrema derecha, no es otra cosa que el miedo a las transformaciones que generará en la política del país la apertura de espacios a nuevas fuerzas políticas, hoy más que nunca estamos convencidos que el escenario de paz es un terreno que nos va a permitir poner en el debate público los aspectos más críticos que afectan a los sectores populares de Colombia, por ello, reafirmar la vocación de poder del pueblo colombiano es fundamental para no perder de vista lo que nos ha movido y nos seguirá moviendo, la construcción de una sociedad diferente, con una democracia avanzada y justicia social.

 

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