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Diversas reacciones ha generado el rumor que la Guajira y el Cesar han sido excluidos de los beneficios que ofrece la condición de Territorios priorizados de paz. No es para menos, si se tiene en cuenta que estos territorios y sus habitantes han sufrido en la carne y el espíritu de manera directa los lamentables efectos de un conflicto social y armado de más de medio siglo, del abandono estatal, los malos gobiernos y la corrupción administrativa que se traducen en violencia, pobreza y atraso. No obstante lo justo de la preocupación y planteamientos formulados por ciudadanos como el periodista Luis Mendoza Sierra en su carta dirigida al gobierno nacional, lo cierto es que en los acuerdos de La Habana quedó definido que toda la Guajira es territorio priorizado y todos los municipios donde se encuentran ubicadas las Zonas y Puntos transitorios de Normalización quedan automáticamente incluidos como zonas priorizadas para la implementación a través de los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET).


A solicitud de las FARC en los acuerdos quedaron establecidos cuatro criterios para la definición de zona priorizada: La pobreza, la afectación derivada por el conflicto armado, la debilidad institucional administrativa y capacidad de gestión para el desarrollo de nuestros municipios, presencia de cultivos de uso ilícito y otras economías ilegales (como el contrabando). Estos criterios se cumplen tanto para La Guajira como para el Cesar. La tarea inmediata es iniciar la más amplia discusión sobre los Planes de Ordenamiento Territorial y los Planes de Desarrollo con enfoque Territorial procurando incluir en estos las conquistas alcanzadas  como resultado de las conversaciones de paz entre gobierno y FARC en La Habana Cuba. Implementar los acuerdos es implementar la paz desde los territorios; sin esto y sin el protagonismo y veeduría de las comunidades y los más diversos sectores sociales y políticos, lo plasmado en el acuerdo final de paz no es más que letra muerta.


Saludamos la iniciativa del gobernador de La Guajira de Convocar  la realización de una Mesa Técnica de Paz y Postconflicto con la participación de los integrantes de las FARC y de las comunidades, porque es una iniciativa sin precedentes que marca una ruta hacia la Participación Política, la reconciliación y la paz. Igualmente importante la iniciativa de los concejales del municipio de Fonseca al otorgarle al alcalde Misael Velásquez facultades para la declaratoria del municipio de Fonseca como “Territorio Priorizado de Paz”. Ojalá iniciativas como estas sean replicadas por todos los gobernadores y alcaldes de la región caribe y Colombia.


Sobrada razón tienen los mandatarios locales, al quejarse que el gobierno nacional no los viene teniendo en cuenta en la decisiones que se toman desde las oficinas capitalinas en materia de implementación de los acuerdos, pero se debe reconocer que hace falta una mayor comunicación y coordinación interinstitucional, que por encima de los intereses partidistas nos permita actuar en el escenario nacional como una región que construye consensos en torno a las soluciones de sus necesidades económicas y sociales más sentidas. Las calamidades de un departamento como La Guajira solo podrán superarse si hacemos causa común contra la pobreza, la desnutrición infantil, el analfabetismo, y la corrupción administrativa. Las FARC, como actor político en el nuevo escenario que genera el post-acuerdo, nos comprometemos a aportar nuestros mejores esfuerzos en función de esta causa. Cuenten con eso.




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