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En la segunda quincena de diciembre de 2016, se conoció la noticia de que la serranía del Perijá fue declarada Parque Natural Regional. Dicen que muy pronto se delimitará el cinturón de páramos. Esta que debería ser una buena noticia, termina siendo una amenaza para la población. Nadie le cree al Ministerio del Medio Ambiente y a la Corporación Autónoma del Cesar.

La incredibilidad de la cual goza el Estado y el gobierno de turno en materia de política ambiental y zonas protegidas, lleva a que el pueblo desconfíe de cualquier delimitación sin la participación de las comunidades. No son pocas las experiencias en las cuales la supuesta protección ambiental termina abriendo el camino a la explotación minera en beneficio de capital privado y multinacional.

Esta ha sido una de las mayores preocupaciones planteadas por las Juntas de Acción Comunal en los encuentros de Pedagogía de Paz. En el Punto de Preagrupamiento Temporal de las FARC EP en el departamento del Cesar, líderes y lideresas han planteado el temor de ser desplazados por la política de tierras y de protección ambiental del gobierno lo cual es contradictorio con el Acuerdo de Paz.    

Las comunidades no niegan la protección del medio ambiente, de las fuentes de agua y de las especies animales que allí habitan. Por el contrario, son conscientes de la existencia de procesos de producción y ocupación que afecta la ecología. Sin embargo el pueblo tiene propuestas para mejorar los diferentes usos del suelo y alternativas para las familias que habitan la serranía y eventualmente tuvieran que trasladarse a otro lugar; el gobierno las desconoce y no las adopta.

La población del Perijá es la más interesada en proteger la serranía y de hecho la ha protegido por décadas de ausencia del Estado. Allí se han presentado conflictos entre las mismas comunidades que políticas erradas y mal intencionadas han generado. Por esa razón se rechaza la delimitación arbitraria que pretende despojar la tierra a sus ocupantes, encubierta bajo el manto de la protección ambiental.  

El centralismo ha demostrado un gran desconocimiento del territorio nacional, de las regiones y las localidades. No han podido entender que tierras baldías no significan tierras desocupadas. Eso quedó demostrado con la Ley de la ZIDRES. En los territorios que arbitrariamente se delimitan, habitan familias enteras que han visto crecer varias generaciones. Allí hay veredas y barrios cuya infraestructura ha sido construida por la misma población, pues las autoridades se escudan en zonas protegidas para no realizar inversiones.      

Para garantizar el acceso a la tierra, las  FARC lograron la distribución gratuita de 3 millones de hectáreas y la formalización de 7 millones más. Para ello se crea un Fondo de Tierras. Una de sus  fuentes  son las “Tierras provenientes de la actualización, delimitación y fortalecimiento de la Reserva Forestal, con destino a los beneficiarios y beneficiarias del Fondo de Tierras: la sustracción de tierras mediante este mecanismo estará condicionada a la formulación, con la participación de las comunidades, de planes que garanticen sostenibilidad social y ambiental.”

 

Pero el acceso a la tierra no es suficiente por ello está acompañado de Planes Nacionales en estos 12 sectores: 1. Vías terciarias, 2. Riego y drenaje, 3. Electrificación rural, 4. Conectividad rural (internet), 5. Salud, 6. Educación, 7. Vivienda, 8. Economía solidaria y cooperativa, 9. Asistencia técnica, tecnológica y de impulso a la investigación, 10. Generación de ingresos de la economía campesina, familiar y comunitaria y de los medianos productores con menores ingresos, 11. Promoción de la comercialización de la producción de la economía familiar, campesina y comunitaria, 12. Protección social y de garantía de derechos de los trabajadores rurales.

 

Se requiere una nueva delimitación que reconozca tanto la ocupación histórica como los objetivos del Acuerdo de Paz, especialmente en materia de formalización. Señores del Ministerio del Medio Ambiente y de CORPOCESAR: no vayan en contravía de la Paz. Vinculemos la participación de la comunidad. No es el momento de poner palos en la rueda al derecho a la tierra de nuestro pueblo. No continuar con el despojo. No continuar con el desplazamiento. Aportemos todos y todas a la paz con justicia social.




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