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Con el mismo discurso de la competitividad, La Guajira había sido seleccionada para el desarrollo minero energético con lamentables consecuencias. Durante las últimas tres décadas se encargaron de desindustrializar la región y lo propio hicieron con la agricultura. Apertura económica y acumulación basada en la explotación de los recursos naturales como el carbón y el gas con privilegios para las multinacionales, explican en buena parte el decrecimiento de la industria y el agro, sectores estos que revisten carácter estratégico para la soberanía. Hagamos un repaso por la reducción de la participación agrícola en el PIB de los departamentos del Caribe.

Los invitamos a conocer el Acuerdo de Participación Política logrado entre las FARC EP y el gobierno nacional. Allí encontrarán iniciativas para el equilibrio democrático en el acceso a los medios y otros temas referentes a la libertad de expresión. Así mismo los invitamos a difundir todos los Acuerdos y los beneficios que traen para el pueblo.

Entonces el Pueblo protesta. Las altas tarifas indignan la población. En Colombia el salario mínimo es de 616 mil pesos y en sectores populares están llegando cuentas que superan los 200 mil pesos de energía. Téngase en cuenta que millones de personas no alcanzan estos ingresos. En el proceso de privatización, la empresa ha instalado los contadores para “normalizar” el cobro los cuales resultan costosos para los hogares. Y además de esto, entonces se suma la mala calidad del servicio.

El pueblo magdalenense está llamado a parir un nuevo tipo de dirigentes sociales y políticos, con una visión de democracia popular, esa que pone por encima el interés y anhelo de las mayorías; un nueva cultura política que sepulte para siempre las viejas prácticas de la democracia clientelista, que se caracteriza por el soborno, el chantaje y engaño a los desvalidos.

Allí no se encuentran las prioridades para el buen vivir y mucho menos la iniciativa de un desarrollo favorable a la construcción de la paz. El PER no refleja la visión del Pueblo, entre otras razones, porque en la formulación excluyeron la participación de las organizaciones populares, las juntas de acción comunal, los ambientalistas, las organizaciones de mujeres y jóvenes, los trabajadores de la cultura, las comunidades indígenas y campesinas.