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El enfoque del ordenamiento territorial de los Planes de Desarrollo 2016 – 2019 del Caribe, no reflejan ni el ambiente ni las letras de los Acuerdos de Paz; más bien ratifican la espacialidad capitalista construida a sangre y fuego en función del otrora boom minero energético. Los Planes responden al modelo de desarrollo que justificó esa violencia y siguen alistando el territorio para los intereses de los ricos en su migración a otros sectores productivos. En el diseño convocaron la población pero sin capacidad de decisión. Contrario a esto, las FARC proponen la “Reorganización democrática y socioambiental de la tierra y los territorios rurales y urbanos.”

Los conceptos neoliberales promovidos durante más de 30 años aparecen otra vez en los Planes de Desarrollo departamentales y municipales de la región. Así por ejemplo encontramos que están orientados hacia la competitividad como valor supremo. Se trata entonces de sacar provecho de las ventajas comparativas y esto justifica la proyección de la región como plataforma para la exportación: “Programa Barranquilla capital logística de Colombia” hace parte del nuevo Plan de Desarrollo de esta ciudad; una especialización mucho más precisa en la división internacional del trabajo, por lo menos más precisa que la denominación “Barranquilla la ciudad del TLC”. La ubicación geográfica también sirve ahora para atraer la inversión y la instalación de las empresas. 

En esa dirección, los Planes departamentales y municipales son un complemento para las obras de Cuarta Generación, dirigidas a construir la infraestructura de los diferentes modos de transporte a través de concesiones a las Asociaciones Publico Privadas. Vale la pena tener en cuenta que las obras más costosas de la 4G se ejecutan en el Caribe: navegabilidad del Río Magdalena, la Ruta del Sol y la doble calzada de las carretas nacionales que llevan como destino los puertos. Las élites costeñas supuestamente quejumbrosas e indignadas con el centralismo, terminan sumándose a los planes nacionales y trasnacionales pues con ellos también terminan ganando.

En éste marco aparece una iniciativa de ordenamiento territorial promovida por la empresa privada, a saber, “Ciudad Caribe”, una supuesta “superciudad de relevancia global integrada por Cartagena, Barranquilla y Santa Marta”. La ANDI es la principal promotora de éste proyecto con el propósito de sacar ventaja de la ubicación geográfica, de la infraestructura construida y en construcción (vías, puertos, aeropuertos, ferrocarriles), de la capacidad instalada en materia energética (carbón, gas, termoeléctricas) y de la ambientación a través de las administraciones locales y regionales con los Planes de Desarrollo a 2019.

En esa misma línea de expansión de las ciudades del Caribe también se observa un ordenamiento territorial diseñado para  la migración hacia otros sectores económicos. Es el caso de la agroindustria para la cual se espera convertir algunas localidades, Áreas Metropolitanas y subregiones en “agropolis”, esto en el marco del “diamante agropecuario del Caribe y de los Santanderes”. Modelos estos copiados de experiencias internacionales del capitalismo que no impactarán de manera positiva los problemas históricos del pueblo colombiano. La agricultura de exportación nos dejará más deterioro ecológico, mayor concentración de la tierra y más desigualdad.    

Con estas directrices de nuevo quedan aplazadas las prioridades en materia de necesidades humanas. A pesar de que el Caribe registra los más altos niveles de pobreza del país, quedan incumplidas las promesas de atender la cuestión social. Contrario al copie y pegue del capitalismo, las FARC EP proponen en sus Lineamientos Generales para un Proceso Constituyente abierto, la “Reorganización democrática y socioambiental de la tierra y los territorios rurales y urbanos:
    
El proceso constituyente tiene dentro de sus tareas inaplazables la reorganización democrática y socioambiental de la tierra y los territorios rurales, así como del agua y de los usos de la tierra. Tal tarea representa una condición inobjetable para la construcción de la paz verdadera. La reorganización democrática del territorio deberá propiciar relacionamientos sostenibles con la naturaleza y equitativos con la ciudad, priorizando la protección de ecosistemas frágiles y el acceso y disfrute del agua por parte de la población; reconocer y respetar las diversas trayectorias étnicas y culturales de vida y de organización del territorio; estimular usos agrícolas de la tierra, en especial para la producción de alimentos; establecer límites y estrictas regulaciones socioambientales, o prohibiciones, según el caso, a las economías de extracción minero-energética y de agrocombustibles; regulaciones específicas de acompañamiento a la pequeña y mediana minería y la minería artesanal para contribuir a su sostenibilidad socioambiental o a su reconversión; y promover planes alternativos frente a la problemática de los cultivos de uso ilícito.
 
Por otra parte, en la realización de una reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y participativa se condensan las aspiraciones de los humildes y explotados del campo. Dicha reforma, deberá contemplar, entre otros, en primer lugar, el acceso a la tierra para los desposeídos, la democratización de la propiedad, la superación definitiva del latifundio, y la restitución de las tierras a los expropiados; deberá contribuir a superar el hambre, la desigualdad y la pobreza, a dignificar el trabajo y el trabajo asalariado del campo, a garantizar la soberanía alimentaria; deberá proveer las condiciones de infraestructura física y social, los recursos de crédito, el apoyo científico y tecnológico para la producción campesina, en especial, para la producción de alimentos. En segundo lugar, deberá fundamentarse en el reconocimiento de los territorios campesinos, en especial de las Zonas de Reserva Campesina, lo cual comprende el reconocimiento político del campesinado y de sus derechos, la autonomía de las comunidades campesinas para gobernarse, así como el compromiso del Estado de garantizar las condiciones necesarias para ello. En tercer lugar, deberá fundamentarse en el reconocimiento de la tierra y el territorio de las comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras, de los territorios interétnicos e interculturales; así como de los derechos de estas comunidades, incluida su autonomía. En cuarto lugar, deberá contemplar la denuncia de los Tratados de Libre Comercio, la prohibición de la extranjerización de la tierra, regulaciones contra el acaparamiento y la especulación financiera, la protección de la propiedad intelectual de las comunidades rurales y de las semillas nativas, y la prohibición del uso de transgénicos.
 
El proceso constituyente deberá propiciar un proceso de transformación democrática del espacio urbano, orientada a garantizar el buen vivir de la población y la materialización de la justicia social urbana. Garantizar el buen vivir de la población implica proveer la infraestructura y las dotaciones correspondientes para hacer efectivos, en términos reales y materiales, derechos de la población tales como la participación política y social, el trabajo, la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social, la cultura, la recreación, el deporte, el agua, el medio ambiente sano, el acceso y disfrute de los servicios públicos, las vías, el transporte público, la seguridad ciudadana, entre otros. La justicia social urbana conlleva el reconocimiento de compensaciones especiales para superar las profundas desigualdades dentro de las ciudades, así como el hambre, la pobreza y la miseria, a través de políticas redistributivas del ingreso y del espacio urbano. La apropiación, gestión, simbolización, comunicación, producción y reproducción del espacio urbano se fundamentará en la más amplia participación política y social, y estará orientada a su redistribución equitativa y a la superación de las desigualdades espaciales, en particular a garantizar el pleno derecho a la ciudad, así como a la erradicación de la marginalidad y la segregación urbanas.
 
Como parte de la reorganización democrática del territorio urbano, se profundizará el proceso de descentralización política y administrativa mediante el estímulo a la mayor autonomía y democracia en las localidades y los barrios. Se deberá promover la autogestión y el control de las comunidades en asuntos que afecten de manera directa el buen vivir y sus condiciones de vida, en especial en lo relacionado con los servicios públicos, la seguridad ciudadana, con dotaciones de infraestructura vial y de transporte público, de educación y salud, de espacios de recreación y cultura. La profundización de la descentralización incluye garantizar procesos verdaderamente democráticos y participativos de ordenamiento urbano, de planeación y de elaboración y ejecución presupuestal en todos los niveles. Asimismo, diseñar procesos de contratación pública que privilegien la realización de programas y proyectos de inversión por las propias comunidades urbanas organizadas, o que contribuyan al fortalecimiento de formas o prácticas sociales de producción, distribución y consumo de bienes y servicios basadas en el trabajo asociado, la propiedad colectiva y el reparto igualitario de excedentes, y que sean generadoras de empleo e ingresos dignos.”

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