Enérgicas protestas en el Caribe.

PCCC

¿Cuál fue el argumento neoliberal para la privatización de las empresas del servicio público de energía eléctrica? La mala calidad y la ineficiencia reflejada en los cortes continuos, daños de los electrodomésticos entre otros. Además se dijo que la libre competencia favorecería al usuario, hoy llamado cliente. Pero como escribió Lenin “toda competencia lleva a un monopolio”. La empresa Electricaribe de propiedad de la multinacional Gas Natural Fenosa, cubre siete departamentos, atiende más de 2 millones de usuarios, es decir cerca de 10 millones de personas.  

En la actualidad tenemos la misma o peor situación que sirvió de argumento para que en la década de los noventas del siglo pasado se iniciara la política de privatización por el Caribe. Con el agravante de que hoy pagamos tarifas más costosas en medio del desempleo, los bajos ingresos, la pobreza, las altas temperaturas y ahora la sequía. Esto es posible gracias a que los derechos se convirtieron en mercancía.  

¿De qué nos sirve que la Región sea la primera en generación de energía termoeléctrica? ¿De qué sirve contar con las mayores reservas de carbón, ser el principal explotador y exportador de éste mineral? ¿De qué sirve ser el principal productor de gas natural? ¿De qué nos sirve todo esto si al final de cuentas tenemos una pésima prestación del servicio de energía eléctrica y pagamos altos costos por un derecho?

Para lo único que ha servido esta política es para el incremento de las ganancias de las multinacionales. El saqueo de los recursos naturales a través del extractivismo imperialista es realizado casi que exclusivamente por estas empresas. En el caso de la generación de energía eléctrica hay presencia de nacionales pero en nada se diferencian al punto de ser llamadas multilatinas.

Y en el caso concreto de la distribución y comercialización de la energía se encuentra Electricaribe, la cual aparece en el puesto 3 en el ranquin del sector y en el puesto 24 entre las 100 empresas más grandes del país con millonarias ganancias de cuenta del negocio con los derechos y los satisfactores a las necesidades básicas. Ganancias que envían a sus casas matrices pues aunque anuncian planes de mejoramiento con grandes inversiones, nunca se cumplen impactando en el deterioro de la calidad de vida.

Entonces el Pueblo protesta. Las altas tarifas indignan la población. En Colombia el salario mínimo es de 616 mil pesos y en sectores populares están llegando cuentas que superan los 200 mil pesos de energía. Téngase en cuenta que millones de personas no alcanzan estos ingresos. En el proceso de privatización, la empresa ha instalado los contadores para “normalizar” el cobro los cuales resultan costosos para los hogares. Y además de esto, entonces se suma la mala calidad del servicio. Se presentan cortes de varios días y desconectar con estas temperaturas es un verdadero crimen.

Como criminal es la respuesta del ESMAD (Escuadrón Móvil Anti Disturbios). La represión a las protestas se ha cobrado con algunas vidas, lecciones y detenciones. Para eso está la Fuerza Pública: para proteger los intereses foráneos, los intereses del capital. Así es convertida en Fuerza Privada. Ante la legitimidad de la protesta popular el régimen responde con bota, gases y criminalización.

Y el gobierno se niega a discutir el modelo de desarrollo cuando el Pueblo lo cuestiona todos los días en la calle. Entonces razón tiene para que en su mejor escenario, en una paz en la que nada tiene que cambiar, el Estado requiere de un pie de fuerza aún más numeroso.